En la Declaración la RedhLara se pronunciaron para rechazar la detención de las dos médicas residentes del Hospital Pediátrico Universitario Agustín Zubillaga, a quienes el Ministerio Público imputó por el supuesto delito de denegación de atención médica.
Señalan en la Declaración emitida ese 8 de noviembre que: "Queremos expresar que con base en la información que hemos obtenido por diversas fuentes, la negación de atención por parte de las galenas imputadas por el Ministerio Público, no se produjo", y que la imputación se ha hecho sin pruebas fehacientes.
Remarcan que "las actuaciones del Ministerio Público, el CICPC y el Fiscal General de la República, sin el soporte de una denuncia concreta, basadas exclusivamente en un video anónimo, orientadas por una ’noticia criminis’, sin recabar evidencias en los registros de actuaciones médicas y, a partir de una visita al HUPAZ en la que detienen con celeridad a dos médicas residentes, claramente configura una violación al debido proceso incurriendo en una detención arbitraria".
Denuncian que "Este tratamiento denigrante, inaceptable, contraviene toda norma de respeto a la dignidad de personas que no se las ha comprobado ningún delito y constituye una flagrante violación de los derechos humanos de las médicas imputadas sin fundamento".
Al mismo tiempo exigen "al Ministerio Público, al cual le corresponde abrir indagaciones rigurosas sobre la realización de los derechos humanos de la población y dada su preocupación por el derecho a la salud, inicie una investigación sobre las razones por las cuales en el HUPAZ ha renunciado el 75% del personal de enfermería en los últimos 3-4 años y en la actualidad sólo laboran alrededor de 170 enfermeras o evalúe las causas del crónico déficit de agua potable en diversos servicios de la institución".
A seguir la Declaración que se publica íntegramente.
Declaración de la Red de Derechos Humanos del estado Lara
Exigimos respeto al derecho a la salud y a la integridad del personal médico
La Red de Derechos Humanos del estado Lara, integrada por 20 organizaciones promotoras y defensoras de DDHH, emite esta declaración pública ante la grave situación generada el día 03 de noviembre del presente con la detención de 2 médicas residentes del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Agustín Zubillaga (HUPAZ). Ese día la actuación conjunta del Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) produjo la señalada detención, motivada por una supuesta denegación de atención médica a un niño de once meses en el referido centro de salud pública, con base en las imágenes de un video grabado en la emergencia del centro de salud el día 2 de noviembre.
En primer lugar, queremos expresar que con base en la información que hemos obtenido por diversas fuentes, la negación de atención por parte de las galenas imputadas por el Ministerio Público, no se produjo. Existe un asiento en el registro del “Libro de Morbilidades” de la emergencia del HUPAZ del día en el que supuestamente se le negó la atención a un niño de 11 meses de edad (según se dice en el video grabado), con datos de identificación, diagnóstico y tratamiento de 2 niños de la misma edad y de diferente sexo. Dado que quién grabó y difundió el video y dice ser su madre, no realizó denuncia alguna ante ningún organismo del Estado ni ante las autoridades del HUPAZ, no ha sido posible identificar con precisión al niño y a su presunta madre. De lo que hay evidencia es de la atención a niños de la misma edad y sexo el mismo día de ocurrencia de los hechos y, de la declaración de la Médico Jefe de Residentes del hospital “…quien manifestó que su colega cumplió con los procedimientos indicados para atender este caso” (El Informador, 03/11/2021).
En segundo lugar, las actuaciones del Ministerio Público, el CICPC y el Fiscal General de la República, sin el soporte de una denuncia concreta, basadas exclusivamente en un video anónimo, orientadas por una “noticia criminis”, sin recabar evidencias en los registros de actuaciones médicas y, a partir de una visita al HUPAZ en la que detienen con celeridad a dos médicas residentes, claramente configura una violación al debido proceso incurriendo en una detención arbitraria.
Además, por las redes sociales el Fiscal General de la República, Tareck Willim Saab expresó sobre una de las médicas en un tweet de la cuenta del ente oficial “…quien le negó atención a una niña de 4 años presuntamente víctima de abuso sexual: en este caso el Ministerio Público #imputará el delito de Omisión de atención médica”, mensaje público absolutamente carente de veracidad, que sometió a la profesional de la salud al escarnio público con una falsa imputación. Asimismo, el director del CICPC publicó en sus redes sociales una fotografía de una de las médicas con el número de registro policial. Este tratamiento denigrante, inaceptable, contraviene toda norma de respeto a la dignidad de personas que no se las ha comprobado ningún delito y constituye una flagrante violación de los derechos humanos de las médicas imputadas sin fundamento.
En tercer lugar, le exigimos al Ministerio Público, al cual le corresponde abrir indagaciones rigurosas sobre la realización de los derechos humanos de la población y dada su preocupación por el derecho a la salud, inicie una investigación sobre las razones por las cuales en el HUPAZ ha renunciado el 75% del personal de enfermería en los últimos 3-4 años y en la actualidad sólo laboran alrededor de 170 enfermeras o evalúe las causas del crónico déficit de agua potable en diversos servicios de la institución. Dadas las severas consecuencias que estos dos factores generan en los servicios de atención, el Ministerio Público con la celeridad demostrada debería citar a comparecer a las autoridades de salud de la región responsables del funcionamiento de este establecimiento.
La REDHELARA reitera su compromiso con la defensa del derecho a la salud de nuestra población. Hemos documentado las severas deficiencias y carencias de los servicios hospitalarios, conocemos la creciente pérdida de capacidades que experimentan y sus perniciosos efectos en la atención de nuestra población, en el marco de la creciente emergencia humanitaria que vive nuestra entidad y el país.
Para finalizar, expresamos nuestra solidaridad con el personal médico y paramédico del Hospital Pediátrico Universitario Agustín Zubillaga. Exigimos respeto por su dignidad y sus derechos humanos. Rechazamos la campaña que ha buscado denigrar de sus labores y de su integridad. Exigimos al Fiscal General rectifique sus mensajes denigrantes y falsos y respete la dignidad del personal médico. Nos mantendremos atentos ante cualquier medida u acción dirigida a afectarles y desconocer sus derechos.
En Barquisimeto, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.
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