Desde este lunes y hasta el próximo viernes, se lleva a cabo la 119° Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, donde eligen las nuevas autoridades para el período 2021-2024. La jerarquía clerical argentina se reúne para establecer los lineamientos doctrinarios a seguir, según dicte el Vaticano y según la realidad del país lo disponga. El mitin se realiza en la Casa de ejercicios El Cenáculo La Montonera de la localidad de Pilar.
Oscar Ojea fue reelegido y continuará en la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) por un trienio más, manteniendo la línea bergogliana de los últimos años. Lo acompañarán en la conducción, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza como vicepresidente primero y Carlos Azpiroz Costa, arzobispo de Bahía Blanca en la vicepresidencia segunda. Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, será secretario general.
Por su parte, Víctor “Tucho” Fernández, arzobispo platense, continuará a cargo de la Comisión de Fe y Cultura; Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires tendrá a su cargo Educación Católica. El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, continuará por un período más como presidente de Cáritas Argentina.
Uno de los puntos que desde el Gobierno y las demás fuerzas políticas seguían con atención fue la elección del presidente de la Comisión de Pastoral Social. Esta es una silla estratégica dentro del entramado político de la Iglesia argentina ya que quien la ocupe es el encargado de llevar adelante el entramado con el poder político y económico. Los obispos definieron la continuidad del obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, hermano de Luis, presidente del PJ de La Plata.
Ante casi un centenar de obispos que participan del plenario, Ojea presidió la misa de apertura, llamando a “no fingir" la caridad y planteó que "vivir disociado, vivir una doble vida, produce escándalo en el pueblo de Dios y si esto se establece como un estado habitual, ya no es un pecado de debilidad sujeto al arrepentimiento y al perdón, sino que es corrupción".
En un acto de gran hipocresía, el titular de la CEA afirmó que "hay que saber escuchar lo que se esconde detrás de las palabras y sonidos, descubrir lo que le está pasando en realidad a mi prójimo”, agregando que "en este tiempo de tanta fragmentación en el que todos buscamos diferenciarnos y afirmarnos en nuestros derechos, que la Iglesia salga a escuchar, representa un cambio de paradigma, que significa no quedarse atrincherado en los propios discursos, buscando seguridades solo en aquellos con quienes tenemos afinidad de pensamiento y sensibilidad".
Buenos muchachos…
Ojea y sus secuaces hablan de una iglesia que salga escuchar, sin embargo, lejos está la preocupación sobre la escucha del prójimo en estos obispos, cuando pesa sobre varios de ellos denuncias por encubrimientos de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
El titular de la CEA y Mario Poli, cardenal primado de la Argentina y obispo de Buenos Aires, fueron denunciados en junio de este año ante el Vaticano, por encubrir los abusos cometidos en el monasterio Cristo Orante de Tunuyán (Mendoza).
El denunciante, que tenía 17 años cuando sufrió los abusos, acusó a tres jerarcas de la Iglesia argentina por la “responsabilidad solidaria en que podrían haber incurrido por la manifiesta acción de apoyo a tres obispos denunciados, (entre ellos el recién nombrado vicepresidente Marcelo Daniel Colombo), vulnerando las disposiciones eclesiásticas vigentes que tienen obligación de cumplir”.
Poli también debe rendir cuentas sobre los abusos cometidos por el cura pampeano Hugo Pernini, cuyo juicio recién comenzó, los que le fueron relatados por la propia víctima y a la que mandó al psicólogo.
Siguiendo el prontuario de las nuevas autoridades, nos topamos con Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata. Fue designado en mayo de 2017 “comisario apostólico” por el Vaticano para “investigar” internamente los crímenes en el Instituto Próvolo. Como publicó en extenso este medio, Bochatey alteró, fraguó y hasta eliminó pruebas que no llegaron a ser incorporadas a la causa de La Plata. Es más, en 2017 junto al entonces arzobispo Héctor Aguer, enviaron a Verona al cura Eliseo Primati, cuando ya pesaban denuncias sobre él.
A su vez el mismo Bochatey tuvo una enorme responsabilidad en el encubrimiento del ex capellán Eduardo Lorenzo, quien apareció muerto en la sede platense de Cáritas, luego de ser acusado penalmente de múltiples abusos sexuales y corrupción de menores. Al igual que el fiel amigo de Bergoglio, el arzobispo Víctor Fernández, quien protagonizó la misa de despedida a Lorenzo en la misma iglesia donde cometió los abusos.
Estos son algunos de los siniestros personajes que continúan manejando una institución obsesionada con la domesticación del cuerpo. Se estima que hay más de 600 curas abusadores ocultos por la iglesia a lo largo del país. Como bien planteó Adrián Vitali en la entrevista con La Izquierda Diario, para la Iglesia los abusos no son más que un pecado, y no un delito, se “curan” con la oración.
Más allá de los discursos teñidos de un supuesto progresismo bergogliano que muestran preocupación y compromiso, los hechos demuestran que no son más que delincuentes que no rinden cuenta, sobre todo ante las víctimas de abusos, por la complacencia de un Estado que lo sigue sosteniendo no sólo desde lo económico -pagando cuantiosos sueldos a obispos- sino que lo privilegia como consultor para el desarrollo de políticas educativas, sociales y económicas del país. | 
