Este 10 de noviembre, las medidas cautelares fueron modificadas por el juez Artemio Zuñiga Mendoza, en sintonía con lo planteado por la Fiscalía General de la República y en respuesta al riesgo de fuga alegado. Esto sucedió después de que la defensa de Emilio Lozoya Austin buscó un “acuerdo reparatorio” para lograr la extinción de toda acción penal en este caso.
Si bien desde el inicio de ambos procesos Lozoya fue imputado por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, el acuerdo concretado con la Fiscalía (y por su intermedio, con el gobierno de López Obrador) le había permitido mantenerse en libertad.
En los hechos, Lozoya Austin fue durante más de un año el testigo colaborador “estrella” de la Justicia.
De esta forma, uno de los orquestadores de la corrupción y de los grandes negociados que realizó la “mafia en el poder” con las grandes empresas, los cuales implicaron la entrega de los recursos energéticos al mejor postor, se convirtió en un testigo protegido de la Cuarta Transformación.
Esto hizo crisis hace pocos días, cuando se difundieron las fotografías de Lozoya disfrutando de una cena en un restaurante de lujo Hunan, lo cual generó un verdadero escándalo nacional, donde los partidos de oposición volvieron a la carga aduciendo que mientras Lozoya estaba en libertad, Rosario Robles estaba en la cárcel por la llamada "estafa maestra". Ante eso, el gobierno de AMLO dio un giro brusco para evitar mayores costos políticos. El resultado de ello fue la prisión preventiva de Lozoya Austin.
El cinismo de ambas partes no tiene límites: mientras la derecha aprovechó la ocasión para defender a la corrupta Robles, los representantes del Morena empezaron a hablar de que "ahora sí, se acabó la impunidad", en relación al encarcelamiento del ex director de Pemex.
Como planteábamos aquí, los procesos judiciales en los cuales está acusado Lozoya, sacaron a la luz la corrupción de la llamada “clase política” y los grandes negocios en beneficio de los empresarios, en los que han participado integrantes de los pasados gobiernos y de los partidos del régimen. Esto da mayor fuerza a la necesidad de echar atrás la reforma energética, que fue justamente el resultado de todo ello. Es fundamental luchar por la renacionalización sin pago ni indemnización de todo el sector energético.
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