Las primeras cuentas de Ayuso se están cocinando en un contexto social y económico con múltiples elementos críticos. Para enumerar algunos: 1) no se puede descartar una sexta ola de coronavirus; 2) la inflación ya ronda el 5% y está disparada a cotas de hace 30 años; 3) la economía en el Estado español ve ralentizar su crecimiento por los cuellos de botella de las cadenas de suministro mundiales; 5) la precariedad laboral sigue en aumento; 6) el riesgo de pobreza alcanza cifras históricas que golpean con dureza a la población madrileña y de conjunto al Estado español.
Estos son los primeros presupuestos que presenta Ayuso desde que alcanzó con una amplia victoria el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su aprobación está asegurada por Vox, ya sea votando a favor o mediante su abstención.
Con las negociaciones en curso con la extrema derecha, Ayuso busca un apoyo explícito que termine de encumbrarla como lideresa del espectro político de la derecha trumpista y la extrema derecha en Madrid. Lo cual obviamente es un trampolín a la política nacional. La lucha interna con Casado para hacerse con la hegemonía del partido en Madrid es parte de esta trama.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se jacta del aumento de gasto público que suponen los presupuestos. El presupuesto total para los gastos no financieros de la Comunidad de Madrid para 2022 supone un total de 23.033 millones de euros. Esto implica un crecimiento del 14,8% respecto de 2019. Son, en términos absolutos, 2.961 millones más que en 2019. Pero, en realidad, el crecimiento presupuestario no es tan alto si consideramos que hay una inflación del 5% y que se espera que siga en este nivel o incluso más alta. Además, los fondos aportados por Bruselas rondan los 1.000 millones de euros. Visto así, estamos ante un crecimiento del presupuesto que no superaría el 5%, en un contexto marcado por la crisis social, sanitaria y medioambiental.
Para Ayuso estos presupuestos apuestan por la “Natalidad, la Sanidad, la Educación, el Medio Ambiente y la modernización del Transporte”. Nada más lejos de ello. Veamos.
Sanidad: la victima número uno de la reducción presupuestaria y las privatizaciones
Los presupuestos de Ayuso confirman el abandono absoluto de todas las estructuras sanitarias y especialmente de la Atención Primaria, la más golpeada por la pandemia.
En un contexto de falta de personal en todos los niveles sanitarios y no sanitarios, precariedad laboral, falta de medios materiales esenciales, cierre de salas de urgencias de los centros de salud en los barrios populares, las cuentas de Ayuso “perpetúan la infrafinanciación pública madrileña”, como denuncia el portavoz del sindicato Amyts, Julián Ezquerra, médico de familia. “Por mucho marketing y publicidad que estén haciendo, la inversión en sanidad para este año 2022, es menor que el gasto real de 2019, año precovid, en el que supuestamente teníamos una sanidad saneada”, asegura Ezquerra.
Los presupuestos previstos para Sanidad en Madrid en 2022 alcanzarán los 8.784 millones de euros. Es decir, 178 millones menos que el gasto ejecutado en Sanidad para 2019, cuando sin pandemia tuvo un gasto real de 8.962 millones de euros.
Aunque Ayuso anunció que se destinaría el 50% del total del presupuesto para este fin, al final se ha quedado tan solo en el 38,1%. El menor porcentaje de los últimos años para la Sanidad. Mientras tanto, 500.000 madrileñas y madrileños están a la espera de una cita con el especialista, alrededor de 100.000 esperan pruebas diagnósticas y más de 70.000 están a la espera de operarse.
Por otra parte, el gasto del capítulo I, los gastos de personal asignados al Servicio Madrileño de Salud, supone un coste de 4.018 millones para las retribuciones de un total de 70.042 empleados. En 2018, según la página web de la Comunidad de Madrid, había 74.838 trabajadores en la Sanidad, lo que supone la pérdida de 4.796 puestos de trabajo en este período
Ayuso ha salido a decir que hay subidas salariales previstas para los profesionales de la salud. Pero estos las han denunciado como falsas, ya que afectan en todo caso a una absoluta minoría (8%). Pero, además, están vinculadas a soportar mayores ratios de atención, cuando los profesionales abogan por que se creen nuevos empleos.
La salud mental continuará siendo la gran olvidada de los presupuestos, pese a los graves problemas que se han detectado entre la población, sobre todo joven. La crisis capitalista, la pandemia y la degradación de las condiciones de vida de la población que empujan a cientos de miles de personas a la desesperación están en la base del aumento de los suicidios, cuyas tasas han crecido terriblemente en los últimos años.
Las previsiones de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones prevén un incremento del 30% en la demanda de atención a la salud mental para trastornos comunes, mientras que esperan un 20% para el trastorno mental grave. Ante esta situación, el proyecto de presupuestos prevé una inversión en salud mental de tan solo 33 millones de euros los próximos tres años. Un Plan de Salud Mental igual de precario que el anterior, que se desarrolló entre 2018 y 2020.
Como señalan muchos profesionales de este sector de la salud, lo presupuestado es absolutamente insuficiente. Apenas se han presupuestado recursos para 654 nuevas plazas en las unidades de salud mental, un número irrisorio ante las necesidades, por un importe de 2,568 millones.
Bajo este panorama de reducción presupuestaria, sin embargo, no remiten en absoluto los conciertos y las transferencias corrientes hacia la sanidad privada y las empresas que trabajan dentro del sector. En datos globales en el conjunto del Estado español, esta cuantía no ha dejado de crecer desde, al menos, el año 2016. En la Comunidad de Madrid, para este año se destinan 919 millones para conciertos y convenios sanitarios, mientras que el gasto dirigido al funcionamiento de los centros de salud de atención primaria es de tan solo 120,2 millones de euros.
Educación: migajas para las mayorías populares, millones para la concertada
Para la educación madrileña habrá un presupuesto total de 5.723 millones de euros. Esto implica un 16,4% más de los que existían con la prórroga de las cuentas que había habido hasta ahora. La mayor incidencia se desarrolla sobre la Formación Profesional, que aumenta un 126,5%, pasando de unos ridículos 17,7 millones a 40,1 millones de euros.
El año pasado hubo miles de estudiantes aspirantes a la FP que quedaron fuera en la Comunidad de Madrid por no disponer de plazas suficientes en centros públicos y no pudiendo costear los elevados precios de los centros privados. Sin embargo, la enseñanza concertada es el objetivo prioritario de la administración autonómica, blindado su existencia incluso para los centros concertados con discriminación en las aulas por sexos.
El Gobierno de Ayuso dedicará un total de 1.321,6 millones de euros para los conciertos educativos que sostienen centros privados con fondos públicos. Esto implica un crecimiento presupuestario de 300 millones de euros, con respecto a 2019. Los totales por niveles de enseñanza serán: 1.107 millones para infantil, primaria y especial y para la secundaria y la FP, 1.104 millones.
Deja muy evidenciado el tipo de educación por la que apuesta el Gobierno de Ayuso y sus aliados de Vox si tenemos en cuenta que una de las partidas que más aumenta es para los profesores de religión: nada menos que un 23% respecto a 2019 (8,7 millones), alcanzando los 46,27 millones de euros.
Así, la Comunidad de Madrid va a continuar siendo la última en gasto educativo sobre el PIB, al no llegar al 3% del mismo, mientras sigue destinando miles de millones a la educación privada.
Dumping fiscal: menos impuestos para los ricos
En este contexto y teniendo en cuenta la falta de recursos para enfrentar las necesidades sociales ingentes que ha desencadenado la crisis sanitaria, el Gobierno de Ayuso apuesta por bajarle a los ricos aún más los impuestos.
De por sí el sistema fiscal español es profundamente regresivo. Por un lado, grava más a los que menos tienen mediante impuestos como el IVA. Por el otro, permite la sistemática evasión fiscal de los más ricos (incluida la Casa Real) hacia paraísos fiscales, los sistemas estructurales de desgravaciones y cheques fiscales para las grandes empresas. La gran mayoría de las empresas del IBEX 35 apenas pagan el 10% de impuestos sobre sus beneficios.
Profundizando esta política, el Gobierno de Ayuso saca pecho y hace ostentación en estos presupuestos de una bajada de impuestos sin parangón, rebajando medio punto en cada tramo de la tarifa autonómica del IRPF. Esto, como es obvio, favorece claramente a los mayores niveles de renta.
Asimismo, Ayuso ha anunciado la supresión de todos los impuestos propios - instalación de máquinas recreativas, depósito de residuos y el que se aplica a las actividades económicas-, que se añade a la bonificación del 100% impuesto sobre el patrimonio, y las enormes desgravaciones que los dejan prácticamente reducidos a cero de los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones. Con ello se pierden miles de millones de euros de ingresos para la Comunidad de Madrid a costa de los servicios públicos y de hacer recaer mayor incidencia de los impuestos sobre las capas más pobres.
Leyes de género: un nuevo ataque en ciernes contra las mujeres y la comunidad lgtbi+
Para lograr el apoyo de Vox a sus presupuestos, Ayuso está dispuesta a modificar en forma regresiva las leyes de las normativas de género aprobadas por el Gobierno de Cifuentes.
Aún no se conocen los aspectos concretos que reclama la extrema derecha, pero sin temor a equivocarnos podemos afirmar que cualquier acuerdo entre Ayuso y Rocío Monasterio solo puede resultar en un nuevo ataque contra lso derechos de las mujeres y la comunidad lgtbi.
Basta de “bla, bla, bla”: a la derecha trumpista y la extrema derecha se las enfrenta en las calles
Frente a esto Unidas Podemos o Más Madrid, se limitan a lamentarse y a plantear iniciativas y protestas parlamentarias sin ningún recorrido, mientras amplias capas de la población obrera y las clases populares en la Comunidad de Madrid son las que pagan las consecuencias.
Ante este verdadero ataque a los servicios públicos, los derechos sociales y económicos de la mayoría social, es necesario responder con medidas de lucha. A la derecha y la extrema derecha no se la para con discursos y llamando a la población a votar cada dos o cuatro años. Si queremos terminar con la estafa de la educación concertada, el negocio de la sanidad privada y la desfinanciación de la sanidad pública, la precariedad laboral en la administración, las externalizaciones, las modificaciones reaccionarias de las leyes de género, hay que salir a las calles.
Hay que imponerles desde abajo a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, campeones en dejar pasar todos y cada uno de los ataques, el frente único para la lucha contra estos presupuestos reaccionarios. Con asambleas en los centros de trabajo y en los barrios populares, con la participación de las plataformas y entidades sociales junto a la izquierda sindical y las bases de los sindicatos mayoritarios, hay que lograr la unidad para poner en marcha un calendario de movilizaciones por un programa de emergencia social. | 
