Las y los convencionales Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza, todos de Independientes RN-Evópoli, además de Helmuth Martínez de Independientes por una Nueva Constitución y Adriana Cancino del Colectivo Socialista; presentaron la primera propuesta de norma constitucional para ser incluida en la Nueva Constitución, la que supuestamente garantizaría "el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos".
Señalan que "los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten", y que "la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad".
"Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos", afirman las y los convencionales. Además, sostienen que "la construcción de vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización".
El problema de la vivienda que toma hoy este grupo de convencionales, tuvo su expresión en las calles cuando Chile despertó, una demanda profundamente sentida que atraviesa a las grandes mayorías. Hoy, con la inflación está siendo imposible comprarse una casa para las familias, se encarecieron los créditos para pagar una casa, se habla incluso que las condiciones para optar a los créditos retrocedieron a las existentes hace 20 años, con tiempos de pago menores, lo que implica cuotas de pago más altas y además con menos cobertura, donde los créditos hipotecarios, debido al alto costo de las viviendas no cubren más de un 80% del valor real de las viviendas, obligando a las familias a endeudarse con otros créditos complementarios. Haciéndose casi imposible optar por el sueño de la casa propia.
En ese sentido, la necesidad de discutir el problema de la vivienda es urgente, sin embargo, la propuesta presentada por los convencionales tiene un problema no menor, que radica en que da por hecho, como algo inevitable, la existencia de la vivienda como un negocio.
No hacen una crítica profunda a esta nefasta herencia de la dictadura pinochetista, que liberalizó la política de suelos, favoreciendo jugosos negocios para especuladores del suelo, inmobiliarias, constructoras, bancos, etc, que lucran con la necesidad de vivienda, proponiendo que la población “participe en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten”, absurdamente de la mano de éstos grupos capitalistas que han hecho de este derecho un negocio millonario, siendo responsables de un brutal déficit de viviendas, que en la región de Antofagasta es de un total de 21.172 unidades habitacionales, pujando al desarrollo de campamentos y hacinamiento.
El problema, por ende, no es que exista escasez de suelos, sino que estos están destinados a seguir enriqueciendo los bolsillos de unos pocos y no a resolver esta necesidad de las grandes mayorías, estando en manos de privados; por ello, es necesario que las y los trabajadores, comités de viviendas, comunidades y poblaciones se organicen para recuperar el derecho efectivo a la vivienda y al suelo, lo que implica luchar por la expropiación de todos los especuladores del suelo y la vivienda, realizando inventarios de todos los suelos, casas y departamentos disponibles en las zonas “urbanizadas” en manos de bancos, AFP, grupos capitalistas de todo tipo, y nacionalizarlos bajo control de trabajadores y comunidades, para desarrollar planes de construcción de vivienda y planes urbanos y de obras públicas financiados por el Estado acordes a las necesidades de las y los trabajadores y el pueblo.
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