Hasta ahora no trascendió quiénes son los empresarios esclavistas. Por una denuncia de la AFIP, inspectores del Ministerio de Trabajo bonaerense fueron a esas localidades y se encontraron con 21 trabajadores que habían sido llevados desde Santiago del Estero para trabajar en plantaciones de papa. Trabajaban 12 horas por día, sin salario estipulado, sin baños, duchas ni agua potable. Otros cuatro fueron hallados en campos linderos. Una práctica más que común en los campos de la provincia.
Este viernes la agencia de noticias Télam informó que inspectores del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “detectaron a 21 víctimas de trabajo ilegal en (cinco) campos ubicados en las localidades de Pila y Lezama”.
Según fuentes del propio Ministerio, la Delegación Regional de Chascomús registró “la situación delicada en la que se hallaban las personas y labró infracciones por la precariedad del hospedaje, dado que no tenían baño, agua, ni duchas”. Además se constató que esas personas realizaban “jornadas de trabajo de más de 12 horas sin la vestimenta adecuada, no tenían certeza sobre el salario a recibir, ni tampoco acceso a medios de transporte”.
El Ministerio de Trabajo intervino después de una denuncia de la AFIP, es decir sólo después de que el Estado corroboró una evasión impositiva de parte de los dueños de los campos, sobre los que por el momento no se informó quiénes son ni si forman parte de una red más amplia de trata de personas con fines de explotación laboral. Lo que sí se informó oficialmente es que los peones rurales habían sido trasladados desde Santiago del Estero para realizar “tareas de riego en las plantaciones de papa, sin saber acerca de las condiciones laborales con las que se enfrentarían”.
A su vez, la AFIP hizo otro allanamiento en otro campo de la zona “donde rescató a otras cuatro personas”. De los operativos participó personal del Programa Nacional de Rescate y efectivos de la Policía Federal. “Por ese motivo, se activó el protocolo por casos de trata de personas implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la denuncia a la línea 145”, dijeron desde el Ministerio de Trabajo.
Los hechos ahora son “investigados” por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), la Fiscalía Federal de Dolores, el Juzgado Federal de Dolores, la Policía Federal y la Gendarmería.
Hace pocos días, el 5 de noviembre, se cumplieron diez años de la desaparición forzada de Daniel Solano. El trabajador golondrina de Salta había sido trasladado a Choele Choel, Río Negro, con fines de explotación laboral en los campos de peras y manzanas de la multinacional Expofrut. Solano desapareció luego de denunciar a sus explotadores por robarle parte del sueldo a cientos de peones rurales y por tenerlos en condiciones de trabajo infrahumanas.
Diez años después de la desaparición de Solano, un crimen aún impune, las maniobras esclavistas de los patrones del campo (y también de la ciudad) prácticamente no se trastocaron, demostrando que cuando se “encuentran” grupos de trabajadores en condiciones como en las que estaban hasta hoy en Lezama y Pila es porque, en definitiva, algo “falló” en el sistema. La norma del Estado no es desbaratar las redes de trata de personas, sino garantizarlas en beneficio de los capitalistas de la ilegalidad.
Mirá el documental Daniel Solano, golondrina ausente
