Acá te contamos cuáles son los problemas que se presentan con la presencialidad que propone la Administración universitaria y por qué tenemos que pelear por el voto universal como conquista estudiantil.
A través de la circular R-69-2021, la Administración universitaria declaró la presencialidad de las clases a partir del 28 de marzo, día en el cual dará inicio el I ciclo lectivo del 2022. La Federación actual, en manos del PLN se limitó a informar el oficio en redes sociales, mientras que, en grupos universitarios de redes sociales, los comentarios fueron variados: estudiantes a favor, estudiantes en contra, estudiantes con preguntas sobre la presencialidad de las clases.
La Administración informó esta decisión luego de consultar a “personas expertas”; sin embargo, ni estudiantes ni docentes fueron parte de la toma de decisiones sobre la manera en la cual se van a desarrollar las clases. Una vez más, la Administración demuestra su carácter antidemocrático y burocrático, en donde una ínfima minoría decide sobre las condiciones de estudio y trabajo de la mayoría.
De esta forma, la discusión no se reduce a ¿presencialidad vs virtualidad?, sino en cuáles son las condiciones bajo las que se estudia y trabaja en la Universidad, y quiénes tienen el poder de tomar las decisiones que conciernen a la mayoría.
La decisión de retomar presencialmente las clases tal como lo plantea la Administración, tiene varios problemas.
El primero, es que no contempla las diversas necesidades que tiene el estudiantado y el sector docente. En medio de los ajustes que el gobierno del PAC ha llevado adelante, y la crisis económica que se ha agudizado en la pandemia, recayendo en una juventud cada vez más precarizada, las y los estudiantes no se han visto exentos de tener que estudiar y trabajar (o, en algunos casos, solo trabajar, pues la virtualidad expulsó de la Universidad a cientos de estudiantes). La presencialidad de las clases podría afectar la dinámica de estudio-trabajo que han tenido que sobrellevar muchos y muchas estudiantes, especialmente la juventud de la clase trabajadora y sectores empobrecidos.
Por otro lado, tampoco queda claro qué pasará con la beca, pues si ya de por sí estudiamos con becas que son insuficientes, que no nos alcanzan para cubrir gastos de internet, alimentación y vivienda, mucho menos va a alcanzar para cubrir el transporte, pese a que hay rubros específicos. Tampoco hay claridad sobre las residencias estudiantiles y/o la reubicación geográfica.
Otro punto es el problema con respecto a la infraestructura de los edificios, pues no todos tienen las condiciones óptimas. Además, ¿se estaría reduciendo la cantidad estudiantes por grupo?, ¿eso implica sobre carga laboral para el sector docente?
El sector docente, en especial quienes trabajan en condición de interinazgo, estaría enfrentando problemas económicos, pues si las clases comienzan el 28 de marzo, se les pagaría hasta el 28 de abril, pasando 4 meses sin salario, además de tomar en cuenta que el salario recibido en diciembre es incompleto.
Por todas estas incógnitas, y para acabar con la casta universitaria que decide sobre nuestro estudio y trabajo, desde Organizate planteamos que debemos ser estudiantes y docentes quienes tomemos la decisión, por carrera, sobre la forma en la que vamos a llevar nuestras clases, presenciales, virtuales o mixtas. Para eso es fundamental pelear por el voto universal como conquista estudiantil, que nos permita ser nosotros y nosotras quienes tomemos las decisiones políticas que conciernen a la Universidad, y garantizar de esta forma que se contemplen las diversas necesidades pedagógicas y de salud que tenemos.
Además del no pago del préstamo con el Banco Mundial, para destinar el dinero en cubrir mejores becas que cubran los costos reales que implican las distintas vidas universitarias, en infraestructura de calidad, contratación masiva de docentes en condición de interinazgo para mayor apertura de cursos, y contratación de más personal para atención psicológica pronta y de calidad para estudiantes y trabajadores.
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