Este 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, fecha establecida por el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981, como un homenaje para las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana.
A casi dos años de pandemia, hemos visto como la violencia y la precarización se ha recrudecido en contra de las mujeres. Una situación que ya de por sí era grave se exacerbó en medio de la crisis sanitaria y económica, con la cual hemos visto la aplicación de millones de despidos y empleos perdidos, de los cuales se estima que 7 de cada 10 fueron hacia mujeres.
La violencia no cesa, y como muestra de ello, según las cifras oficiales, en el primer semestre de este año habían sido asesinadas 1,899 mujeres, de las cuales solo 508 fueron clasificadas como víctimas de feminicidio, cifra que podría ser aún mayor, pues, como se ha denunciado, muchos de los casos de feminicidio no son clasificados como tales. Estas cifras muestran un aumento en los feminicidios del 7.1 % con respecto a la cifra de enero a junio de 2020, año que cerró con 977 feminicidios (nuevamente hacemos hincapié en que son cifras oficiales y los subregistros podrían apuntar a cifras mucho más altas). Tan solo en agosto se registraron 107 feminicidios, la cifra más alta en lo que va del sexenio.
Se ha demostrado que la violencia está íntimamente vinculada a la precarización laboral, siendo las mujeres más pobres y de sectores populares las más expuestas a la violencia, como el caso de Perla Beatriz, para la cual exigimos justicia. Esto se vincula a la enorme impunidad que impera en las instituciones del Estado, las cuales son omisas o ponen trabas para la obtención de justicia para familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones.
Por otro lado, ya han pasado más de dos meses desde la acción aprobada por la SCJN que declaraba inconstitucional la penalización del aborto en México, y desde entonces, solamente en Baja California se han hecho las modificaciones necesarias para que desde el código penal de dicha entidad se deje de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos. Hasta ahora son siete las entidades las que han despenalizado el aborto, restando 25 entidades las que tendrían que hacer modificaciones a sus códigos penales y constituciones locales en consonancia con los fallos de la SCJN.
Sumado a ello, hasta ahora, en las entidades en las que se ha despenalizado el aborto desde 2019, esto no ha dado paso a su legalización, algo que es crucial para que a las mujeres y personas gestantes no solo no se les criminalice por decidir sobre sus cuerpos, sino para que se les sea garantizado como un derecho la interrupción del embarazo, de forma segura y gratuita en los hospitales.
Mientras esto ocurre, hay mujeres que no figura en las cifras de violencia y precarización: las mujeres migrantes. Ellas, en su paso por México, no solo tienen que enfrentar la violencia sexual de manos de la delincuencia organizada y los propios cuerpos policiales, también enfrentan la represión y el hostigamiento por parte de la Guardia Nacional. Muchas de ellas son asesinadas o son desaparecidas en su paso por este país.
En este contexto sigue siendo completamente hilarante que AMLO niegue y minimice la violencia, vinculado a desprestigiar y atacar al movimiento feminista y de mujeres, señalándolo como creación del neoliberalismo, o de conservadoras. ¿Qué de conservados tiene que las mujeres tomemos las calles para exigir que dejen de asesinar a nuestras hermanas, madres, compañeras, hijas? ¿Qué de conservador tiene exigir el derecho al aborto y a plenos derechos sexuales y reproductivos?... nada, pero este discurso, sin embargo, ha desatado la criminalización del movimiento de mujeres. Muchas de las movilizaciones han sido reprimidas, llegando incluso a ser amedrentadas con armas de fuego, como en el caso de una movilización en Cancún que exigía justicia para un caso de feminicidio.
Además de abonar a la criminalización del movimiento de mujeres, esta postura de AMLO deja claro que para la 4T las mujeres no somos prioridad para su proyecto. Esto queda en evidencia no solo con las declaraciones de AMLO, también queda en evidencia con que su gobierno no hizo nada para frenar los despidos y recortes salariales que, como mencionábamos, afectaron principalmente a las mujeres. También queda claro con los recortes a programas como refugios transitorios e instancias infantiles, y con el circo del supuesto “aumento del 81 % del presupuesto” para la igualdad de género, del cual gran porcentaje está destinado para otros proyectos como pensiones a adultos mayores y las becas Benito Juárez.
Por todo esto, desde Pan y Rosas creemos que es necesario tomar las calles, nuevamente, este 25 de noviembre, para dejar en claro que si tocan a una nos organizamos todas, para conquistar el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país, así como plenos derechos sexuales y reproductivos. También para denunciar que la precarización también es violencia, y exigir derechos laborales plenos, y en exigencia de la resolución de los conflictos, como la huelga del SUTNOTIMEX y Amatech.
Este 25N, el movimiento de mujeres tiene que expresar y refrendar su carácter independiente, ya que tanto el gobierno como la oposición de derecha, han demostrado que no resolverán nuestras demandas. Por ello, es importante fortalecer al movimiento de mujeres, combativo y en las calles, y comenzar a problematizar que no basta con movilizarnos determinadas fechas, sino que se vuelve necesario la composición de un movimiento que en alianza con el conjunto de sectores explotados y oprimidos, cuestione de fondo las bases de la violencia que vivimos, y se plantee una pelea contra esas bases.
Te invitamos a marchar con Pan y Rosas este 25 de noviembre, a las 4 p.m. del Ángel al Zócalo. |
