Este jueves, los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México discutirán sobre la integración económica de la región en el marco de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, por lo que uno de los temas destacados será la reforma eléctrica impulsada por López Obrador.
Esta reforma, que el Morena ha insistido una y otra vez no implica la expropiación ni nacionalización de nada, ha hecho que la derecha y el empresariado den el grito en el cielo desde que fue anunciada por ver en riesgo el lucro del sector eléctrico.
El empresariado de los tres países, “profundamente” preocupado por lo que esta reforma implicará para sus millonarias ganancias, hizo llegar a los mandatarios una carta. Lo que alarma a los magnates, según dicha misiva, es que la prioridad a empresas estatales sobre las privadas "devenga en incertidumbre para la inversión y que peligre el embate al cambio climático".
Dicen también que la inversión privada de Norteamérica a México mantiene por lo menos a 20 millones de trabajadores. Todas estas declaraciones saben a amenazas.
Bajo el discurso de “mantener un ambiente abierto y transparente para las inversiones” y garantizar el crecimiento económico de la región, las cámaras empresariales buscan ocupar el encuentro de este jueves, para que los presidentes de Canadá y Estados Unidos hagan retroceder a López Obrador en la reforma eléctrica, objetivo que no han logrado en el terreno nacional.
¿A qué le temen los empresarios?
Esta reforma efectivamente busca jerarquizar a la CFE para la producción de electricidad por sobre las empresas privadas, ya que el 56 % de la producción estaría a cargo de la primera y el 46 % restante en manos de las segundas. Además al acabar con los contratos de autoabastecimiento, obligarán a las cadenas comerciales a comprar la electricidad a la CFE.
Desde que se dio a conocer esta iniciativa del Morena, la derecha a través de los medios que controlan y el sector empresarial con la Coparmex a la cabeza, han lanzado amenaza tras amenaza alegando que se están violando los derechos del capital, pues se estaría terminando con la apertura a la inversión privada en el sector eléctrico, lo que claramente es una conquista para la burguesía, pues les permite lucrar con un derecho tan básico como lo es la electricidad.
La realidad es que la reforma eléctrico votada en el 2013 bajo el gobierno de Peña Nieto como una clara política neoliberal conlleva una lógica opuesta por el vértice a manejar los recursos naturales en beneficio de las grandes mayorías, garantizando que el conjunto de la población tenga la provisión necesaria sin necesidad de endeudarse.
Sin embargo, es necesario preguntarnos si la nueva reforma es suficiente para revertir esta situación. Por un lado, tenemos que los contratos ya firmados para la explotación de litio, de estar en operación, se mantendrán; además, aunque se beneficie a la CFE para la explotación de este recurso -lo cual aumentará los ingresos para el Estado, probablemente uno de los principales móviles de la iniciativa- se mantiene la posibilidad del lucro del 46% de la electricidad.
El objetivo de López Obrador no es iniciar un embate abierto con el empresariado golpeando de raíz sus intereses partiendo de que estos son completamente contrarios a los de los usuarios de la electricidad y de sus trabajadores. De ser así, la iniciativa del mandatario implicaría la nacionalización del 100 % del sector eléctrico sin indemnización a ninguna empresa y el control de sus usuarios y trabajadores del mismo sector.
Como afirmó López Obrador en una conferencia de prensa, su lógica es que en México tenemos la mano de obra y en EEUU y Canadá tienen la tecnología e infraestructura. Lo que demuestran estas declaraciones es que la prioridad es garantizar los negocios capitalistas, aunque en presidente mantiene una retórica "antineoliberal". La nacionalización total del sector energético y otros sectores estratégicos, permitiría tener los ingresos suficientes para garantizar la infraestructura necesaria y acabar así con la dependencia al imperialismo.
Pero es que esta medida sólo puede imponerse con la movilización y la lucha de la clase trabajadora, encabezada por los del sector energético, pues claramente implicaría una abierta confrontación al empresariado y a los gobiernos de los países imperialistas con los que hoy se sienta a discutir en condiciones de amistad y conciliación para “avanzar en la integración económica de la región”, que no significa otra cosa que la continuidad de la subordinación económica a los países del norte. | 
