Los disparos, el arma plantada y la nula identificación como policías configuran pruebas de sobra para acusar y condenar a Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas por el homicidio del joven jugador de Barracas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos. Pero los policías siguen libres mientras la familia de Lucas espera que le entreguen el cuerpo para velarlo.
El crimen brutal de Lucas González a manos de tres efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires conmocionó al país y no hubo cadena mediática (incluyendo las más derechistas y manoduristas) que en cuestión de horas haya tenido que virar en su discurso justificador de la balacera sobre “supuestos ladrones” a la escandalización indignada de un nuevo caso de gatillo fácil, cometido en plena mañana del miércoles en el barrio de Barracas.
Sin embargo, a más de 48 horas de los hechos, el inspector general Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos agentes de la brigada de la comisaría vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, siguen en libertad pese a existir en el expediente demasiadas pruebas que los incriminan de forma contundente.
Al menos cinco elementos que aparecen en la causa demuestran el accionar deliberadamente criminal de los policías. Además dan indicios de que no actuaron solos y, mucho menos, de que no tenían experiencia en atacar sin preguntar a jóvenes pobres y, tras esos ataques, plantar pruebas para intentar torcer la historia.
Los disparos
Está demostrado que no hubo ningún intercambio de disparos, tal como lo quisieron instalar los propios policías a través de audios enviados a sus superiores. Todos los disparos salieron de una o más pistolas en poder de Isassi, López y Nievas. Según información oficial, los peritos de la Policía Federal (a cargo de las actuaciones) recolectaron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros, compatibles con las armas reglamentarias de la Policía de la Ciudad.
A los tres efectivos se les secuestraron las armas para realizarles pericias balísticas. Si esos peritajes se hacen correctamente (con la Policía Federal es imposible asegurarlo) se deberá determinar cuántos tiradores hubo y de qué arma partieron los dos disparos que mataron a Lucas.
En el auto Volkswagen Suran azul en el que viajaban los chicos los policías porteños dicen que encontraron una réplica de revólver calibre 38 en el piso del asiento trasero, del lado derecho, es decir justo atrás del asiento del acompañante donde se había sentado Lucas.
Claramente las familias del joven y de sus tres amigos denunciaron que fue la propia Policía de la Ciudad la que “plantó” esa réplica de arma.
Auto sin patente ni sirena
El Nissan Tiida color champagne en el que viajaban los policías no tenía patente trasera, no tenía baliza luminosa en el techo ni llevaba sirena encendida. Además los amigos de Lucas aseguran que cuando los criminales bajaron del auto no tenían ni chalecos ni ninguna insignia o placa que pudiera identificarlos como policías.
Las versiones iniciales, lanzadas por la Policía de la Ciudad y difundidas por muchas empresas de medios, desde la agencia gubernamental Télam hasta Clarín, mostraron al Nissan con su puerta rota como forma de demostrar el “accionar delincuencial” de los jóvenes que viajaban en el Volkswagen azul. Queda claro que la operación fue planificada, pero fracasó.
Videos
El titular del Juzgado Nacional de Menores 4, Alejandro Cilleruelo, se declaró “incompetente” y cursó la causa al fuero Criminal y Correccional de mayores. En su resolución mencionó la existencia de un único video de una cámara del Gobierno porteño “con la lente averiada” que sólo captó, “de manera parcial”, la interceptación de los policías al auto de los chicos.
Lo que el video no registró (o se borró el registro) fue el momento en el que los policías desenfundaron sus armas y dispararon. Pese a esa dificultad, el juez Cilleruelo comparó la maniobra de los efectivos con “un asalto” y no con un procedimiento para identificar autos y personas.
Los testigos
Los tres sobrevivientes (que iban con Lucas en el auto) relataron tanto a sus familias como ante periodistas todo lo brutal del “operativo” policial. Allí explicaron que venían de entrenar en Barracas Central, que pararon en un kiosco a comprar jugo, volvieron a subir al auto y enseguida fueron interceptados por otro coche del que bajaron tres hombres armados.
“Bajaron tipo chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así ya con arma en mano, No parecían nada policías”, dijo uno de los sobrevivientes del ataque. “Yo me agaché y ahí nomás escuché cinco disparos más o menos, no levanté la cabeza hasta que paró y ahí lo vi a Lucas que estaba adelante mío y vi que le salía una bala por la cabeza”, agregó.
Lo que aún no demostraron ni la Policía Federal, ni el juez Cilleruelo ni mucho menos el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro es que los tres criminales hayan actuado solos, tanto en lo que los llevó a arremeter contra el auto de los jóvenes como a el accionar posterior y el operativo de prensa para instalar la versión de la supuesta persecución a ladrones.
Por la larga historia del gatillo fácil en Argentina, a mano de todas las policías y demás fuerzas represivas del Estado, claramente Isassi, López y Nievas no son “locos sueltos” que un día se levantaron con ganas de descargar su aporofobia. Ni los motivos que los llevaron a cometer el crimen ni cada maniobra para plantar pruebas y desviar la investigación pueden ser obra exclusiva de un inspector general, un oficial mayor y un oficial.
Aunque ahora todos los medios masivos, sean pro Rodríguez Larreta u opositores aliados al Frente de Todos, bajen líneas editoriales “sorprendidos” e “indignados” con semejante caso de gatillo fácil y brutalidad policial, lo cierto que ni el hecho ni el modus operandi de las fuerzas represivas no deberían sorprender a nadie.
