Noviembre está siendo un mes de luchas sindicales, desde Cádiz a Euskal Herria pasando por Zaragoza, Valencia y Asturias. Después de que el Gobierno del PSOE (Partido Socialista) y Unidas Podemos haya apostado toda su política laboral a sostener a las empresas a través de ERTEs (es un procedimiento mediante el cual las empresas pueden despedir, suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal), pagando el 70% del sueldo a los trabajadores con el dinero que sale precisamente de su propio bolsillo.
Las mismas empresas que fueron rescatadas con dinero público pagando el sueldo a sus trabajadores a través de ERTEs son las mismas que hoy quieren reestructurar sus plantillas con EREs (procedimiento mediante el cual una empresa que aduce una "mala situación económica" busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores) que facilitan las reformas laborales del Partido Popular (PP) y del PSOE. Esas que el Gobierno actual y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz (militante del Partido Comunista) no van a derogar.
La economía capitalista mundial comienza a crujir. Escasez de productos básicos en países imperialistas, subida del precio de la gasolina, la luz y el gas, crisis de los microchips en las empresas tecnológicas, son algunas de las consecuencias de un sistema económico que no puede crecer eternamente y que vive a costa de la miseria a la mayoría trabajadora. El Estado español no es ajeno a esta dinámica, al contrario. Cada uno de estos elementos impacta en la vida de la clase trabajadora y las mayorías populares.
En un marco de carestía de la vida, inflación (que ya se acerca al 6%), la desocupación y precariedad, sectores de los trabajadores, en particular los más empobrecidos, son los que están comenzando a resistir las embestidas de la patronal a través de más despidos y precarización. Pero no solo resisten, también se disponen a exigir ofensivamente mejores condiciones laborales.
El ejemplo que tenemos más cercano es el conflicto de Tubacex en Euskal Herria (País Vasco), donde la patronal pretendía cesar, mediante un ERE, a 129 trabajadores. Ante este atropello las distintas plantillas de la empresa se unieron en repulsa por los despidos y consiguieron frenarlos tras 232 días en huelga, aunque debieron hacer concesiones a la patronal. También la lucha de los trabajadores de Airbus Puerto Real contra el cierre de la planta, que ha sido uno de los puntos de unión de todo el sector del metal en Cádiz a pesar de la traición de CCOO y UGT que ha llevado el conflicto a la derrota.
Este noviembre ha venido caliente. Estamos ante una oleada de huelga por todo el Estado español. Hacemos un repaso por algunas de ellas.
Huelga del Metal (Cádiz)
La negación de una mejora de los salarios en la negociación del convenio colectivo hizo estallar un conflicto en un sector con una alta temporalidad en la contratación. El pasado 16 de noviembre los grandes sindicatos del sector convocaron huelga indefinida y fue seguido por todos los trabajadores del sector. Esta convocatoria se entiende en el contexto de que Airbus Puerto Real lleva meses en lucha contra el desmantelamiento de la industria y el cierre de su fábrica en concreto.
Tras 8 días de huelga y de resistencia obrera tras la represión policial el gobierno ha militarizado el conflicto, enviando tanquetas y armando a la policía con pelotas de gomas contra los trabajadores.
La juventud estudiantil y los vecinos de Cádiz se ha manifestado en apoyo a los trabajadores, incluso este martes 23 se convocó huelga estudiantil. Esta convocatoria no ha sentado bien a delegación de gobierno, que en un primer momento envió un comunicado a todos los centros educativos para intentar boikotear el acto.
Metal (Alicante)
El conflicto de metal se extiende también a la provincia de Alicante donde han convocado dos jornadas de huelga los días 18 y 23 de noviembre. Esta huelga se hace ante la falta de acuerdo con el convenio en el que los trabajadores reclaman un incremento salarial para evitar perder poder adquisitivo a causa de la subida del IPC.
SAD (Madrid)
Desde el 1 de noviembre están acampadas frente al ministerio de trabajo trabajadoras del SAD (sociedad anónima deportiva) de todo el Estado español. Estas trabajadoras fueron consideradas esenciales durante la pandemia y acordaron con el secretario de estado una serie de reuniones para atender sus demandas. Tras 10 meses las vuelven a ningunear incumpliendo sistemáticamente los acuerdos alcanzados el pasado 28 de diciembre para solucionar el conflicto.
Reclaman reducir la edad de jubilación por ser un trabajo de mucha carga y no se puede realizar hasta los 67 años, la aplicación efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la reinternalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, que fue entregado a grandes empresas privadas.
Inditex (Zaragoza)
El 90% de la plantilla de Inditex en Zaragoza, un importante centro de distribución de la marca, ha secundado la huelga reclamando una mejora en el convenio. Pararon alrededor de 1.400 trabajadores y trabajadoras durante 2 horas. La exitosa jornada de movilización y la organización de la plantilla está siendo una respuesta contundente al inmovilismo de la empresa durante 7 meses en la negociación del convenio de empresa.
Con este paro masivo, se detuvo al completo la cadena de distribución. Los trabajadores en coche, uno detrás de otro, pitaron a los directivos, que acabaron corriendo con cajas en brazos en un esfuerzo inútil de darle salida a la ropa.
Otis (Leganés)
En la empresa de elevación (ascensores) los trabajadores de todo el estado se han organizado para hacer una huelga desde el día 22 de noviembre hasta el 9 de diciembre para lucha contra la deslocalización de la compañía destruyendo puestos de trabajo, haciendo así que aumente la carga laboral. Otro de los reclamos es la seguridad de trabajadores y usuarios ya que no se da el tiempo suficiente para hacer las revisiones periódicas de los ascensores. Y por último por que se asegure la conciliación familiar y se respete la desconexión digital.
En Leganés, Gran Canaria, Euskal Herria y otros lugares del estado han secundado la huelga.
Pilkington (Sagunto)
Los trabajadores de Pilkington de Sagunto están en huelga desde el 22 de noviembre hasta el 3 de diciembre contra el ERE de 116 trabajadores. La patronal quiere aprovechar la escasez de microchips en el sector automovilístico para aligerar la plantilla. La empresa proporciona el vidrio templado para una gran cantidad de grandes marcas automovilísticas como Mercedes, Peugeot, Ford y Renault entre otros.
Tras el primer piquete el pasado lunes 22 los trabajadores viajaron a Madrid para concentrarse frente al ministerio de industria contra el “desmantelamiento del sector”. Se ha convocado una manifestación en Sagunto en defensa del empleo, contra el cierre de industrias y por un plan de revitalización de uno de los motores económicos de la zona.
Alu ibérica -antigua Alcoa- (A Coruña)
En Asturias y A Coruña los trabajadores que llevan años esperando por la intervención del gobierno en las plantas se han movilizado en el mes de noviembre para exigir una solución a su situación. Los trabajadores aseguran que llevaban 2 meses sin cobrar y que están en una situación crítica.
Servicio de Limpieza del Guggenheim (Bilbao)
Las trabajadoras de la limpieza del museo Guggenheim de Bilbao llevan más de 166 días en huelga contra las lamentables condiciones laborales a las que están sometidas. Exigen la eliminación de la brecha salarial existente en el sector de la limpieza del museo y una mejora de los salarios. El propio museo no reconoce la brecha salarial por lo que se niegan a negociar la mejora de las condiciones laborales.
Sector limpieza (Castellón)
Unas 8000 empleadas de limpieza del hospital general, de colegios, de la universidad Jaume Primero y de edificios y locales iniciaron el pasado lunes 22 de noviembre una huelga indefinida con un gran seguimiento. El conflicto estalla en defensa de un convenio digno y ante la perdida de derechos.
El sector ha convocado también una concentración para visibilizar la lucha y con motivo del inicio de le huelga indefinida. Con una inflación del IPC del 5% y con una propuesta sin subida salarial de la patronal se hacía necesaria una huelga del sector.
Y muchos sectores más...
Existen más sectores y empresas en lucha que luchan contra múltiples causas derivadas de la precarización y la crisis económica derivada del COVID como A Mariña en Lugo, la Sanidad en Madrid, Ecoespacio y Novaltia en Vizcaya, esta última con más de 851 días en huelga, los supermercados de Castilla y León, Bomberos Forestales de Comunidad Valenciana.
Coordinación y plan de lucha
Frente a un Gobierno que se dice “progresista”, pero es la junta de negocios del IBEX35 (índice de la Bolsa española), y una burocracia sindical conservadora que no quiere sacar los pies del plato del “pacto social” con la CEOE y la ministra de trabajo, empieza a surgir incipientemente una oposición de sectores de vanguardia de la clase trabajadora, así como de la juventud estudiantil y universitaria contra las leyes Castells.
Es necesario coordinar todas estas luchas para pelear por un programa que de una salida a los padecimientos que sufre la clase trabajadora y los sectores populares, que empiece por rodear de solidaridad las luchas con acciones de apoyo, militar las cajas de resistencia y denunciar la represión del Gobierno. El impulso de asambleas democráticas que superen los métodos de las burocracias sindicales, en las que todos los trabajadores y trabajadoras decidan el plan de lucha para continuar, es una de las claves. La izquierda sindical y los sectores combativos de los sindicatos mayoritarios tienen por delante una gran tarea.
Un programa que debe defender como reivindicaciones mínimas esenciales la derogación total de las reformas laborales de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial, un salario mínimo de 1.500 euros y la nacionalización bajo control obrero de las empresas que cierren o despidan trabajadores, acompañado de un programa de inversión pública ofensivo y decidido para la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, sobre todo en la sanidad, la educación y los servicios sociales. | 
