Un policía bonaerense fue imputado y al menos otros 24 efectivos son investigados por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, denunciados por herir a 11 jóvenes con balas de goma tras una fiesta en Loma Verde, Escobar.
El ataque ocurrió el último domingo a las 6 de la mañana. Según relató Paula Palacios, madre de uno de los jóvenes baleados y dueña de la casa donde se realizó la fiesta, ella despedía a algunos de los chicos en la puerta de su casa. Dos se estaban peleando. Para cortar la pelea, a uno lo mandó para su casa y a otro le dijo que se quedara adentro. Ella se desplazó desde la vereda hasta el patio, en el fondo de su casa. Le pide al DJ que bajara la música.
Cuando vuelve para la puerta, ve que uno de los chicos estaba en el piso con un disparo. Una mujer policía que había llegado al lugar quiso frenar la pelea a los tiros. Paula ve que intenta arrancar el patrullero y casi los atropella. “Le dije a una mujer policía que por favor los llevara al hospital porque se estaban muriendo y me respondió que no se iba a hacer cargo”, denunció.
Ante la evidencia de que la uniformada no iba a ayudarla con el chico herido, Paula quiso sacar su camioneta para llevarlo a un hospital. En ese momento ve que alrededor de 20 policías venían disparando balas de goma a mansalva. Según manifestó en una entrevista a Radio con Vos, este jueves por la mañana, a ella no le pegaron: “Se pusieron en línea frente a la casa con los chicos como un blanco”.
No conformes con la balacera en la vereda, según contó la mujer a La Izquierda Diario, se metieron adentro de su casa. “Pusieron a los chicos en posición fetal, les dieron patadas en la cabeza y les apuntaron en la cabeza”, detalló. Así fue que hirieron de gravedad a 11 jóvenes, uno de los cuales recibió al menos ocho disparos en la zona de la nuca y otro quedó con la visión de un ojo comprometida. Eran todos amigos del barrio, primos, familiares que habían realizado una fiesta.
“Es un desastre lo que pasó. Acá no vino ninguna ambulancia para llevar a los chicos y hasta hoy nadie se hizo presente”, concluyó. Ella hizo varios viajes al hospital con su camioneta para llevar a los heridos.
Si el caso generó repercusión, es por la denuncia que hizo Paula. Hasta este jueves, aseguraba que ningún funcionario político ni policial se había comunicado con ella: ni el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuck, ni el gobernador de la provincia Axel Kicillof, mucho menos el jefe político de la Policía Bonaerense, Sergio Berni; todos del Frente de Todos.
No es un policía, es toda la institución y no se resuelve con “formación”
El 18 de noviembre en cambio, Kicillof sí se había referido al caso de Lucas González y puso como contrapartida la política que tiene su gobierno hacia la policía en la provincia. En diálogo con Desafío 20.21 (C5N), afirmó que lo sucedido en el distrito porteño, según “lo que se ve tiene la gravedad del gatillo fácil o algo parecido”. “En ese sentido, siendo muy prudente: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Y la ley atañe también a la Policía, al uso de la fuerza, de la violencia, y determinados protocolos”. “Nosotros en la Policía de la Provincia estamos llevando adelante una transformación muy profunda que va a llevar tiempo”, aseguró y destacó la importancia de la “formación” a través de una universidad policial.
“Hay un mito muy grande, que supone que se puede contrarrestar la brutalidad policial con la formación. Y acá hay un ejemplo muy claro. En la provincia de Buenos Aires en el año 2003, se creó lo que se llamó la Policía Bonaerense II que tenía formación en derechos humanos. A algunos familiares de víctimas los llamaron a hablar con estos policías. La Bonaerense II el primer día que salió a la calle tuvo su primer caso de gatillo fácil. Con el librito de los derechos humanos o lo que les daban para estudiar bajo el brazo, salieron y mataron a Hugo Krince, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Ante la reiteración de los casos la tuvieron que disolver y la Bonaerense II fue absorbida por la Bonaerense. Lo mismo pasó con las distintas policías locales que pusieron en la calle durante la gobernación de Scioli, los famosos pitufos”, explicó consultada por este medio Carla Lacorte, sobreviviente de gatillo fácil y autora del libro “La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina”.
Berni también se jacta de la formación que brinda a los efectivos de la Bonaerense:
Una conducta difícil de tapar
La discusión sobre el gatillo fácil y el envalentonamiento de las fuerzas represivas, volvió a estar en el centro de la discusión a partir del asesinato de Lucas González por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta.
Que el gatillo fácil y el abuso policial es estructural y que lo avalan todos los gobiernos, es un hecho que se vuelve a demostrar dolorosamente, con una serie de denuncias que tuvieron lugar los últimos días, desde el asesinato de Lucas.
Este mismo domingo, en Tolosa, La Plata, un joven iba en moto y un patrullero de la Bonaerense lo atropelló para pedirle documentos. El joven terminó con una costilla fisurada. Los policías fueron desafectados. Tras la viralización de un video que registró el ataque, el ministro de Seguridad Sergio Berni ordenó a la Auditoría de Asuntos Internos que anuncie la remoción de su cargo a los agentes.
Este sábado, se conoció que al menos diez policías bonaerenses fueron detenidos tras la muerte de un detenido en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Se los investiga por "tortura seguida de muerte agravada por la participación de más de una persona e incumplimiento de funcionario público". Se trata de un hombre de alrededor de 40 años identificado como Alejandro Maertínez, quien había sido detenido en un hotel de la localidad balnearia.Tras ser llevado a la comisaría, fue encontrado muerto en el calabozo.
Al día siguiente, el ministro de Seguridad bonaerense, dijo en declaraciones al canal Crónica, que la víctima estaba llena “de moretones y lastimaduras por el brote que tuvo en el hotel, donde rompió todo”, motivo por el cual habría sido aprehendida. Según manifestó, el hombre podría haber sufrido “abandono de persona” en el hospital donde fue tratado antes de llegar a la comisaría y la autopsia realizada al cuerpo “no cierra nada”.
“Conozco muchas de esas situaciones, que para tapar una noticia se intenta hacer otra”, argumentó Berni. Según él, el caso de San Clemente puede haber sido un intento de “tapar” el escándalo por el asesinato de Lucas en la ciudad de Buenos Aires.
El 22 de noviembre, apenas un día después de los hechos de Escobar, el ministro de Seguridad de la provincia no dijo una palabra sobre eso, pero no se privó de felicitar a su policía en Twitter: “Descubrimos un punto de venta de droga a partir del trabajo de investigación realizado en San Isidro y Escobar”.
La disciplina de las balas para la épica del ajuste
Hace una semana lamentábamos con bronca el asesinato de Lucas; un rostro y un nombre más que se suma a la larga lista de víctimas de la violencia estructural del Estado capitalista, contra la población pobre y fundamentalmente, contra la juventud.
Sin embargo, lejos de poner el tema en estos términos, la discusión política y mediática buscó centrarse en supuestas “manzanas podridas” y no en las instituciones represivas en su conjunto y su verdadera razón de ser: proteger la propiedad privada de los capitalistas y disciplinar a la población de los barrios populares.
En tiempos de crisis, de mayor pobreza y desempleo, tal como sucedió en el 2001, crecen los casos de violencia represiva y gatillo fácil, a la par que desde el poder político, patronal y mediático se fogonean discursos de odio, más que nada contra la juventud pobre y migrante. Patricia Bullrich -impulsora de la doctrina Chocobar que reivindicó el accionar de los policías asesinos de Lucas Gonzáles - y Sergio Berni -quien se jactó de llevar 150 delincuentes abatidos durante su gestión-, son los principales exponentes de esto.
Actualmente las denuncias cobran mayor relevancia, por el fortalecimiento del discurso de mano dura y de combate a la “inseguridad” que impulsan las principales fuerzas políticas y los medios de comunicación empresariales. La campaña antimapuche en la provincia de Río Negro, en cuyo contexto dos sicarios asesinaron a Elías Garay, es parte de esto.
Otra denuncia reciente tuvo lugar en Corrientes. El gobierno de Gustavo Valdés reprimió a un reclamo por tierras y mantuvo detenidas a varias personas sin brindar información precisa sobre su paradero y condiciones de reclusión.
El trasfondo de todo esto es una situación económica y social en la que la pobreza alcanza al 40 % de la población. Entre la juventud trabajadora, la informalidad extrema alcanza al 70 %. Mientras, el Gobierno anuncia planes de “formación” y programas de empleo junto a empresarios millonarios, que lo único que ofrecen es más empleo precario para sacar más ventaja de esa mano de obra barata.
La política represiva y disciplinadora contra la juventud pobre, la población originaria, migrante y sin tierra, es la respuesta preponderante de un Gobierno que ante la crisis y en el marco del ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional, elige defender los intereses de los poderosos. | 
