La Ley Mordaza fue aprobada en 2015 por el Gobierno del PP con el objetivo de reforzar el marco legislativo que permitía el control y la represión por parte del Estado y sus fuerzas represivas ante cualquier acto que cuestionara el “orden” establecido. Así estos años hemos podido ver casos que rozan lo estrambótico y que terminan siendo dramáticos como condenas por escribir un tuit. Además en estos más de 6 años de vigencia se han impuesto más de 1.4000.000 multas.
La Ley Mordaza ha estado muy presente en las últimas semanas, ya que fue el pasado 4 de noviembre cuando se presentó el preacuerdo de los socios de Gobierno sobre la modificación de dicha ley. Lejos de la derogación prometida en campaña electoral, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se limitaba a eliminar o embellecer algunos aspectos, entre ellos: la eliminación de las sanciones contra manifestaciones no comunicadas, -siempre que no generen violencia o desórdenes públicos-, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, -siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los agentes-. Un acuerdo que solo toca algunas pinceladas de la ley y, seguidas de un ”siempre y cuando no…”. El acuerdo fue muy cuestionado por asociaciones y colectivos que pelean contra los casos de represión del Estado.
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No obstante, para policías y guardias civiles estas modificaciones suponen un "gran retroceso" en sus derechos como fuerzas represivas del Estado, así como para el libre desarrollo de sus funciones. Según han manifestado, el hecho de que puedan ser fotografiados en medio de sus funciones les deja "desprotegidos". También denuncian que "temen" ser vistos como meros taxistas al tener que devolver a la persona detenida al punto donde se efectuó la detención tras el tiempo pasado en comisaría. Por ello han decidido manifestarse. Lo hicieron esta semana en distintas ciudades y lo harán este sábado en una manifestación estatal en Madrid a la que se suman los partidos políticos Ciudadanos, PP y Vox.
Acostumbrados a un marco de gran impunidad que ha ido escalando desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y que fue reforzado en el marco pandémico con la imposición del Estado de alarma, no es extraño que ante cualquier mínimo cambio en la Ley Mordaza los sectores más reaccionarios, muchos integrados en los cuerpos policiales y en los partidos de derecha, se lleven las manos a la cabeza.
Las manifestaciones de los guardias civiles, policías y la derecha son claramente reaccionarias y solos buscan reforzar la impunidad represiva. Eso está claro. Sin embargo, esto no nos lleva a embellecer las modificaciones cosméticas que el gobierno "progresista" ha realizado en la ley mordaza.
La realidad es que policías y guardias civiles han sido tratados entre algodones por el “Gobierno progresista”. Así lo recordaba la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, el pasado miércoles ante distintos medios de comunicación en los pasillos del Congreso: “Este Gobierno ha hecho esfuerzos muy importantes por mejorar las condiciones laborales tanto de la Policía como de la Guardia Civil (…) Mientras el PP les recortaba plazas, nosotros las hemos incrementado. Los mismos que recortaba entonces, se suman ahora a las manifestaciones", ha remarcado.
Pero no solo se trata de ayudas “materiales” a policías y guardias civiles. La ministra además, quiso aprovechar para mandar un mensaje de "tranquilidad" a los agentes, que denuncian que la nueva ley les va a dejar desprotegidos y desasistidos. "Este Gobierno es un Gobierno responsable, y lo que va a hacer con esta reforma es mantener su compromiso con la libertad de todos los ciudadanos y garantizar seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
El clima de impunidad que generó la Ley Mordaza fue algo que aprovechó y reforzó el “Gobierno progresista”. Es más, el PSOE lejos de revertir esta ofensiva represiva, la aumentó con una nueva ley de “mordaza digital”, a la que Unidas Podemos no se opusieron. Estas leyes, junto a toda la legislación represiva han sido el sostén legal para la escalada represiva de la que hemos sido testigos en los dos últimos años. Desde la represión ejercida sobre las protestas en defensa de la libertad de expresión y la entrada en prisión de Pablo Hasél hasta la brutal represión a los huelguistas del metal en Cádiz, pasando por la represión a la protesta en repudio del crimen homofóbico de Samuel. Todas ellas avaladas, dirigidas y orquestadas por el “Gobierno progresista”.
Es en este marco, que la derecha y los cuerpos represivos quieren ir más allá, y evitar que se modifique ni una coma en las garantías de su impunidad. La derecha, envalentonada por las políticas del gobierno que no ha cuestionado ni un ápice sus privilegios, ahora “reclama sus derechos” con más fuerza.
Repudiamos estas manifestaciones reaccionarias y seguiremos movilizándonos por la anulación total de la ley mordaza, así como la anulación de todos los cargos a luchadores y movimientos sociales. | 
