Pese a que tanto el joven como su tío fueron absueltos en noviembre del 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago definió que se debía realizar nuevamente el juicio, tras el cual el joven de 17 años fue condenado, por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral, a 2 años de régimen cerrado, además de 3 años y un día de régimen semi cerrado al interior de una instalación del SENAME.
Frente a esto la defensa del joven presento un recurso de nulidad a la Corte Suprema, fallo que fue entregado este jueves 25, donde el Máximo Tribunal del país rechazó el recurso de nulidad y confirmo, en fallo unánime, la condena que pesa sobre el adolescente B.E.S.M., de 17 años, quedando firme la sentencia mixta de cinco años de internación provisoria en régimen cerrado y semi cerrado.
Tanto la familia como la defensa del joven han sostenido la situación de un montaje entorno a su caso. Por lo que, tras la ratificación de la sentencia Rodrigo Román, abogado del joven, aseguró, en conversación con Radio U. de Chile, que los argumentos entregados por el Tribunal “no se hacen cargo del reproche de la defensa y lo que se hace es que se consolida la criminalización” (…) “es posible decir que se consolida el Estado policial en Chile”, y anunció que presentaran acciones legales en tribunales internacionales en contra de los organismos institucionales del país:
“La Corte Suprema en un fallo dice una cosa y una semana después dice otra distinta. Obviamente, aquí hay responsabilidad de los jueces y vamos a denunciar a los jueces ante los organismos internacionales. Eso es lo que te puedo decir por ahora”, señaló el abogado de la Defensoría Popular.
Montaje a todas luces
El abogado penalista de la Defensoría Popular, aseguró que en las pruebas analizadas por los Tribunales “alguien metió las manos” y esas son las pruebas utilizadas para condenar al adolescente.
Un video es la principal prueba para condenar al joven, pero tras acceder al video original se evidencia una alteración de la hora del registro:
“En lo que se valió la Fiscalía, que fue valorado por el Tribunal, fue lo que dicen la prueba principal, que es ese video que tuvimos ocasión de conocer de 29 minutos y 51 segundos. Claramente es una alteración del video madre del que fue extraído, y da cuenta que el ingreso del sujeto blanco -que sería Benjamín- ocurre a las 20:57, no a las 22:14, y la supuesta conducta del sujeto blanco anterior al incendio no es a las 22:17, sino es a las 21:00 horas. Ese desfase de una hora y 17 minutos, esa adulteración del video da cuenta que, efectivamente, ahí alguien metió las manos, en buen chileno hablando. ¿Será la policía, será la Fiscalía? Eso es lo que se tiene que investigar”
Además, el abogado del joven señala que el conocimiento de esta prueba fue fortuita ya que, en el análisis de las evidencias entregadas por parte de la Fiscalía, se encontraron con piezas audiovisuales de los incidentes en el Metro, cuyos nombres no coincidían con las fechas de estos acontecimientos:
“Lo que pasa es que el hallazgo fue porque, en cada uno de los juicios, por ley te tienen que entregar todas las pruebas. Entonces, una de esas pruebas que nos entregaron era un disco duro contenedor de decenas de miles de imágenes de distintas estaciones de Metro y ahí, escarbando, escarbando y escarbando apareció esta película que da cuenta que este es un medio metraje, es un cortometraje armado por ellos porque efectivamente la hora original está, valga la redundancia, en el original. La policía, para su tesis, con la Fiscalía dicen que eso ocurrió a las 22:17 para encuadrarlo dentro del incendio que se produjo a partir de las 22:15. Pero lo cierto es que este otro video da cuenta que aquello, si ocurrió, ocurrió a las 21 horas, una hora y 17 minutos antes, lo cual no guarda ninguna relación con el incendio que se produjo, me vuelvo, a una hora 17 minutos después”
Este caso es una prueba más del intervencionismo político que existe en la justicia chilena, quien apoyada por el gobierno criminal de Piñera y en la policía se ha dedicado a sostener montajes, lo que ha significado prisiones preventivas de meses y años, sin mayores pruebas que las declaraciones de la policía o PDI, junto con sanciones como estas, donde jóvenes son acusados con evidentes pruebas alteradas. |
