Este martes, la jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez concedió hoy una medida cautelar interpuesta por la "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional" y resolvió "suspender la aplicación del artículo 4 de la ley 6452 de la Ciudad de Buenos Aires" que habilitaba al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires local a revisar sentencias emitidas por la Justicia Nacional con asiento en el distrito.
Organizaciones laboralistas, sindicales y políticas habían alertado sobre este intento de intromisión aprobado por la Legislatura porteña por el oficialismo de Juntos por el Cambio hecho a medida de las grandes patronales que tienen sedes en la Ciudad y buscan una instancia de revisión para juicios laborales.
La jueza determinó que "en el estrecho marco de conocimiento que permite esta instancia cautelar, se advierte la verosimilitud del derecho invocada por la Asociación actora, en tanto -como se ha expresado- la Legislatura porteña carece de potestades para dictar normas adjetivas a cumplir en el marco de los procesos judiciales en trámite por ante los tribunales de jurisdicción nacional".
Según la denuncia, el STJ de la Ciudad se convertiría así en instancia de apelación para fallos de tribunales nacionales civiles, de trabajo y comerciales. "La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria importa agredir la estructura del Poder Judicial de la Nación", sostuvo la Asociación.
Como había denunciado Myriam Bregman, oportunamente: “Yo intervengo en varios juicios de concursos y quiebras de las empresas recuperadas por los trabajadores. Desde Zanon pasando por Madygraf van a pasar por esa instancia de revisión porque esas empresas se encuentran radicadas en Buenos Aires”.
“Verdaderamente es un escándalo. Por ahí lo más visible son las causas relacionadas con Mauricio Macri, pero Larreta va mucho más allá. Es un gran reclamo de las patronales de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia de revisión para los juicios laborales”, explicó en ese momento.
Este es el segundo fallo adverso que recibe el oficialismo porteño en una semana. El miércoles pasado, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal concluyó "de oficio" la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 6452. La decisión de la justicia civil sucedió con el voto unánime de los camaristas Maximiliano Caía, Beatriz Verón y Gabriela Scolarici. | 
