En discusión respecto a la prórroga de la Ley de Riego enviada por Piñera, que pretende extender el beneficio de forma automática por 12 años el debate toma relevancia respecto al aprovechamiento de grupos económicos que se han visto enormemente beneficiados con millonarios bonos a grandes agroexportadores como Empresas Sutil y Grupo Penta.
En el caso del grupo Luksic, los aportes son considerados como una “inversión social” de Minera Los Pelambres en la provincia de Choapa.
La Ley de Riego entrega bonos a la Viña San Pedro- Tarapacá, propiedad en la que está involucrada la CCU, que es filial de Quiñenco cuya mitad pertenece al grupo Luksic. Estos bonos son asociados a la instalación de un sistema de riego por goteo en Chépica, por un total de $22.981.804; y otro por la impermeabilización del canal Cerrillano en Molina, con un subsidio de $38.609.099, desembolsando la suma total de $61.590.903 que es entregado por el Estado a través de esta ley.
Minera Los Pelambres
Si bien el giro de minería no debiese verse beneficiada por la Ley de Riego, esta estaría recibiendo indirectamente beneficios. Lo más indignante de esto, es que esta minera ubicada en la provincia de Choapa, Región de Coquimbo tiene una larga historia que la involucra con el problema ambiental y de agua del pueblo de Caimanes, que ya están por los 20 años en un pleito judicial a raíz de las consecuencias que tiene la operación de la minera en la cordillera.
La distribución del agua en el Choapa, está a cargo de la Junta de Vigilancia del Río de Choapa y sus afluentes, que incluye a distintos usuarios “pequeños” con derechos de agua, entre los que se encuentran grandes agrícolas como Agrícola Mercedario (Grupo Penta) y otras empresas que no tienen que ver con la agricultura, como la Minera Los Pelambres.
Existen convenios entre la minera y la junta que supuestamente tienen el objetivo de impulsar “programas y proyectos orientados a lograr una mayor eficiencia hídrica”, financiando proyectos que luego buscan ser beneficiados con la Ley de Riego además de un fondo rotatorio pagado por la empresa para entregar recursos que permitan la inversión inicial de las obras (porque la Comisión Nacional de Riego reembolsa el dinero posterior a que el proyecto esté terminado). Este dinero, es posteriormente devuelto a la minera
Cristian Flores, dirigente de la comunidad de caimanes señala “son cifras millonarias que se podrían ocupar para otros fines. Lo que tendría que hacer la minera es pagar todas esas obras con platas de ellos, sin subsidios del Estado”.
La Minera se defiende señalando que esto se trata de iniciativas de “inversión social” con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de la provincia de Choapa.
Janina Araya, integrante del Movimiento de Defensa del Agua y la Tierra y la Protección del Medioambiente (modatima) señala: "Este convenio es producto de una compensación producto de todas las movilizaciones que se hicieron aquí en el valle con respecto al uso de agua que tiene Minera Los Pelambres”, que fue gracias a las protestas de los habitantes que se logró presionar a la empresa ara tomar responsabilidad social por los daños que ellos mismos cometen.
La abogada especialista en derecho ambiental y de aguas, Verónica Delgado, es partidaria de no prorrogar la Ley que se discute en el Senado. Declara: “Tenemos una gobernanza con organizaciones de usuarios en que se toman las decisiones de manera poco democráticas: el que tiene más acciones tiene más votos, ya eso está mal. Pero, además, no está la voz de las comunidades de aguas subterráneas y de todos aquellos que no tienen derechos de agua”
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