Revisemos rápidamente los sueldos millonarios de algunos de estos funcionarios:
El rector Enrique Graue que recibe 185 mil pesos mensuales; el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas y el el secretario Administrativo, Luis Álvarez-Icaza Longoria que cada uno percibe 179 mil pesos mensuales; 178 mil pesos mensuales, son el salario de otros nueve funcionarios, en los que se encuentran secretarios de departamentos, el abogado general, el contralor y coordinadores como la de igualdad de género.
Todo esto sin contar los 2 millones que se les otorga anualmente por “días de ajuste” y el sueldo que perciben como académicos e investigadores, que Contralínea señala, son cifras “secretas”.
¿No les parece irónico que la coordinadora de igualdad de género, Diana Tamara Martínez, gane tal cantidad de dinero mientras las docentes de asignatura (miles de mujeres) de la propia UNAM, perciben hasta 1,500 pesos mensuales? Bueno, he ahí la igualdad de género por la que la máxima casa de estudios brega.
Si su sueldo es así de alto, lo lógico sería pensar que el trabajo que realizan es tremendamente arduo y complicado, ¿no? Nada más falso, sus sueldos millonarios son más bien una suerte de premio por administrar y controlar uno de los centros políticos más importantes del país.
¿Qué tanto hace la casta dorada?
Como lo ha denunciado por décadas el movimiento estudiantil, el rol de los altos funcionarios de la UNAM, no es más que político.
Veamos, según la Ley Orgánica de la UNAM (expedida en 1929) “el Rector será el Jefe nato de la Universidad, su representante legal y el presidente del Consejo Universitario; durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una vez”, y continúa diciendo que “cuidará del exacto cumplimiento de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de los que dicte el Consejo Universitario (de aquí en adelante me referiré a él como el Consejo). Podrá vetar los acuerdos del propio Consejo, que no tengan carácter técnico.”
Ahora bien, debemos especificar que la Junta de Gobierno es la máxima autoridad de la UNAM, conformada por 15 notables designados por el Consejo y según la Ley Orgánica su función es nombrar al rector, conocer de su renuncia y removerlo en caso de “causa grave”, lo que puede definir de manera discrecional, para esto “ la Junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”; además le corresponde nombrar a los directores, designar a la Patronal, resolver aquellos asuntos que el rector vete del Consejo, así como conflictos entre directivos, y como si con esto no fuera ya demasiado, ¡¡¡¡la Junta expide su propio reglamento!!!!.
Para colmo, Contralínea nos dice en su reportaje que los personajes que confroman la Junta mantienen de manera confidencial su percepción, porque según ellos no son formalmente funcionarios de la universidad y no tienen ninguna obligación de hacer público lo que la UNAM les paga. Esto a pesar de que la Ley Orgánica deja claro que la Junta de Gobierno manda y controla.
En el caso del Patronato, conformado por tres “ personas que tengan experiencia en asuntos financieros y gocen de estimación general como personas honorables”, no perciben remuneración por pertenecer a este organismo, sin embargo eso no implica que no sean funcionarios de la universidad. Una vez más, la Ley Orgánica señala que es el Patronato el que administra el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios, es además quien elabora el proyecto de presupuesto de la UNAM para que luego sea aprobado por el Consejo y quien designa al Tesorero de la universidad y a sus empleados, al Contralor y al Auditor.
Entonces tenemos que el presupuesto de la universidad es propuesto por el Patronato y aprobado por el Consejo donde el rector tiene derecho a veto y en caso de ocuparlo es la Junta de Gobierno la que debe resolver el asunto, este mismo organismo es el que tiene la facultad de designar al rector, el cual preside el Consejo que es a su vez el que designa la Junta de Gobierno, la cual designa al Patronato.
¿Suena enredado, no? Pues no es casual, la denominación de “casta dorada” no es de a gratis, entre ellos se eligen y entre ellos deciden hacia dónde se destina el presupuesto, que como lo ha demostrado la pandemia, no tiene como destino aumentar los precarios sueldos de los docentes ni sus condiciones laborales, así como tampoco aumentar significativamente, por encima de la inflación, el sueldo de los trabajadores del STUNAM y ya no digamos destinar becas universales que cubran las necesidades de los estudiantes o construir suficiente infraestructura para cubrir el 100% de la demanda educativa y acabar con la exclusión de la UNAM.
Esas son medidas que funcionarios con sueldos millonarios jamás van a tomar, pues fueron sus carreras políticas afines a los partidos del régimen y al empresariado las que los llevaron a los puestos que hoy ocupan, para continuar un proyecto de universidad que está lejos de estar al servicio de las grandes mayorías, pues las universidades históricamente han sido exclusivas para la burguesía y la pequeño burguesía. Esta realidad cambió relativamente con la entrada masiva de sectores populares a estos centros de estudio en la década de los 70 producto del impulso de la lucha de clases a nivel internacional.
Hoy no es del interés del empresariado nacional ni internacional, ni de los partidos del régimen preocupados en hacer de México un país atractivo para la inversión privada, garantizar el derecho a la educación superior, pues eso sería sinónimo de tener una sobrepoblación de jóvenes titulados y sobrecalificados para operar como mano de obra barata para la industria y los servicios.
Si hubiera una real preocupación por garantizar el derecho a la educación superior y dignificar la labor docente y de los trabajadores de la educación, hace mucho que habrían dejado de existir las estructuras profundamente antidemocráticas que gobiernan las universidades.
Pero el fin del medievalismo universitario y de las castas doradas, no vendrá de los partidos del régimen ni de las autoridades universitarias, únicamente puede venir de la organización independiente de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y trabajadores, luchando con la perspectiva de gobernar de conjunto y de manera democrática las universidades, para así realmente ponerlas al servicio de las grandes mayorías, sacando a como dé lugar a los administradores pro empresariales de nuestras universidades |
