El día de ayer se reunieron con la cámara de diputados, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior (ANUIES) y los rectores de distintas universidades del país que pertenecen a dicha asociación.
Lo interesante de esta reunión, es que juntó a los distintos sectores que en los últimos meses (por no decir años) vienen teniendo un debate abierto en torno al presupuesto destinado a la universidad pública.
Por un lado, Morena ha fortalecido en el último periodo su perfil anti burocracias universitarias, señalando que es la corrupción presente en sus administraciones la principal responsable del déficit presupuestal de las universidades. Los otros responsables para el partido del gobierno, son los gobiernos estatales, que, como declaró Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación, terminan este año con un adeudo de 4 mil millones de pesos a las universidades.
Durante la gestión de López Obrador, el presupuesto para las universidades se dividió en un 50% que otorga el gobierno federal y otro 50% de los gobiernos estatales. Según la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, los únicos gobiernos que aportan este porcentaje son los de Sonora, Baja California, Jalisco, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México.
Por otro lado, el PRI y los rectores, señalan la falta de presupuesto a las universidades estatales, como el meollo del problema. En la reunión con la cámara de diputados, los rectores señalaron que llevan diez años teniendo un aumento presupuestal por debajo de la inflación.
No faltó el señalamiento por parte de una diputada priista sobre nulo presupuesto destinado en el proyecto de egresos del 2022 al Fondo estipulado en la Ley General de Educación General para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior.
El también priista, José Moreira, presidente de la Junta de Conciliación Política llamó “a legisladores a replantear la mejor forma de tratar a los maestros para que tengan la tranquilidad de haber terminado su quehacer tener un ingreso para vivir”, refiriéndose a la supuesta gran preocupación de los rectores por las pensiones de sus trabajadores.
Entonces, ¿quién es responsable de la crisis de las universidades?
Todo este escenario es la ilustración perfecta de políticos aventándose la bolita y señalándose entre ellos para al final ninguno asumir la responsabilidad. Pero la situación es más compleja, pues en esta crisis hay más de un responsable.
En el proyecto de egresos del 2022, se estipula un aumento al presupuesto para la educación superior del 4.4%, que frente al incremento de la inflación del 6.60% que alcanzó el país en octubre, sigue sin representar ningún incremento. López Obrador ha declarado hasta el cansancio que su gobierno apunta a conquistar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, de ahí el proyecto de las supuestas 100 Universidades del Bienestar, que a la fecha siguen sin aclarar cuántas universidades se han construido, cuál es la matrícula y la distribución de su presupuesto.
Mientras el raquítico presupuesto a la Educación Pública se mantiene, la Guardia Nacional tendrá un aumento del 69.8% en su presupuesto para el siguiente año, el slogan de becarios no balazos, resulta más que paradójico.
Hasta ahora podríamos decir que los priistas tienen razón, pero como ya advertí, la situación es más compleja. Para empezar, no olvidemos que fue el PRI, junto a los partidos del Pacto por México, los responsables de los recortes presupuestales a la educación hasta el 2018.
Además, hay múltiples casos de gobernadores, sobre todo priistas que son responsables de enormes adeudos a las universidades estatales, como es el caso de José Ignacio Peralta, que dejó su puesto debiendo 246 millones de pesos a la UCOL (Universidad de Colima).
El rol de las autoridades universitarias en cuanto a los desvíos de fondos y quiebra de las universidades no es menos importante. Este año, los trabajadores de por lo menos dos universidades, la Autónoma de Nayarit (UAN) y la Benemérita de Zacatecas (BUAZ) emplazaron a huelga por adeudos de pago por parte de las autoridades.
El caso más sonado, por la importancia de la institución, fue el de los docentes en la UNAM, de los cuales algunos habían pasado hasta más de un semestre sin percibir su salario, el movimiento UNAM No Paga, destapó la cloaca de la precarización docente en la máxima casa de estudios, que al final no es más que un reflejo de lo que acontece a nivel nacional. Donde el rector gana más de 180 mil pesos al mes y sus docentes deben mantenerse hasta con 1,500 pesos al mes.
El problema es la antidemocracia
La crisis de las universidades en quiebra, está abierta previa a la asunción de López Obrador al gobierno, sigue sin resolverse. Como explicamos en esta nota , en el 2020 el gobierno de la 4T condicionó el salva a las 11 universidades en quiebra a través de una reestructuración que implicaba “el despido de académicos y trabajadores administrativos, la suspensión de nuevas contrataciones y el congelamiento de plazas vacantes, la reducción de personal de honorarios y la reestructuración del sistema de pensiones y jubilaciones.”
En conclusión, los responsables de la crisis que atraviesan las universidades del país, son tanto los gobiernos estatales, que se niegan a destinar presupuesto a las universidades, el gobierno federal que prefiere invertir en sus megaproyectos y en la militarización del país que en la educación, y las burocracias universitarias, que gracias a la antidemocracia preponderante en los centros de estudios, mantienen las decisiones de la distribución del presupuesto en las propias castas doradas que se llevan la mejor tajada y que excluyen al conjunto de las comunidades de la toma de decisiones de las universidades.
No sólo son responsables de las universidades abiertamente en quiebra, sino también de aquellas a las que cada vez menos estudiantes pueden acceder, ya sea por el cobro de servicios y cuotas o porque no hay becas ni servicios básicos como transporte y comedores gratuitos para garantizar el derecho a la educación.
También son responsables de que los trabajadores y docentes pasen meses sin percibir sus salarios, de las precarias contrataciones que hay para las y los profesores universitarios, y de los raquíticos aumentos salariales de los trabajadores que apenas y alcanzan el aumento de la inflación.
Todos los políticos del régimen se llenan la boca con discursos que presumen estar preocupados por el derecho a la educación, pero como he demostrado acá, no hay nada más falso. Ninguno de los partidos del régimen, de los niveles de gobierno, ni de las castas doradas de la universidad moverá un dedo por garantizar el derecho a la educación.
La lucha de estudiantes, docentes y trabajadores a nivel nacional, debe ser sí por el aumento al presupuesto educativo de por lo menos el 10% del PIB, apuntando a reducir a cero lo que se destina a la militarización del país y a la fraudulenta deuda externa. Pero también por la democratización de nuestras universidades, para que seamos la comunidad universitaria, quienes a través de gobiernos tripartitos, decidamos todos los aspectos que hacen a la vida universitaria. | 
