Diversas manifestaciones han realizado trabajadores/as de la salud, profesionales y funcionarios/as en pos de la defensa de la salud pública y exigiendo aumento de presupuesto para responder a las necesidades de la población; esto, considerando que la salud pública en Chile está por el suelo y fue uno de los motores centrales del estallido social.
A medida que la discusión del presupuesto nacional 2022 empezó a desarrollarse, desde los colegios médicos del país empezaron a presionar para exigir aumento de los recursos. En este sentido, el Colmed Regional en octubre ya había anunciado un posible recorte en el presupuesto de las asignaciones médicas, lo que fue ratificado por el gremio, este jueves, en conferencia de prensa, afuera del Hospital Regional de Antofagasta.
Según la presidenta del gremio, Pamela Schellman, este recorte presupuestario sería de un 30%, lo que pondría en riesgo la mantención de equipos profesionales de los principales centros públicos de la red y perjudicaría la llegada de nuevos profesionales a la zona, lo que atentaría directamente a la atención de la población.
Para el gremio, debido a la pandemia del covid-19 hubo una importante "disminución de las actividades de promoción, prevención y diagnóstico precoz y necesidad de retomarlas con urgencia, para evitar profundizar problemas asociados a cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles (...) Rezago de actividades terapéuticas específicas: atenciones por especialidades, procedimientos y cirugías. Prestaciones GES retrasadas, aumento del tiempo de espera quirúrgico en patologías no GES, lista de espera de evaluación de especialidades".
Es en base a esta realidad objetiva, concreta, que cualquier recorte presupuestario agrava aún más la precaria salud pública que existe en Chile, donde la falta de especialistas en hospitales y centros públicos es crítica y repercute directamente en la población, en las listas de espera, en tratamientos y cirugías que se demoran años en realizarse.
Según el Colmed Antofagasta, las rebajas en las asignaciones médicas están afectando a todos los servicios de salud del país, agregando que, si bien, cada año el presupuesto de salud aumenta, nunca corresponde a lo que realmente se gasta en este sector. Esto se sabe desde hace años. Los estándares internacionales fijados por la OCDE sitúan a Chile muy por debajo de lo requerido: faltan psiquiatras, oncólogos, y déficit en general de especialistas, además las camas críticas son insuficientes para la cantidad de habitantes, entre otros elementos.
Lo anterior es relevante porque las autoridades y el propio Servicio de Salud de Antofagasta señala que cada año el presupuesto aumenta, no obstante, no se menciona que los recursos destinados anualmente terminan siendo deficientes en relación a las reales necesidades que hay para brindar una salud digna y de calidad para toda la población. Y tampoco se menciona que gran parte del presupuesto es traspasado al sistema privado de salud, vía compra de prestaciones médicas, concesiones u otros mecanismos.
Sobre lo denunciado por el Colmed Antofagasta, el Servicio de Salud asegura que lo planteado por el gremio es falso y que no habría ninguna disminución del presupuesto en salud; al contrario, los recursos serían mayores que en 2021. Para "clarificar" el asunto, anunciaron que realizarán una reunión con los colegios médicos de Antofagasta y de Calama.
Pero, incluso, siendo real que el presupuesto para las asignaciones médicas no se verá mermado, ni los recursos para la salud pública en general, lo cierto es que la salud de mercado sigue siendo un pilar fundamental del Chile de los 30 años, heredero de la dictadura militar, donde cada derecho elemental de las personas es un negocio y está privatizado.
La fuerza de los propios trabajadores/as y profesionales de la salud, como también la lucha de millones durante el estallido social, demuestra que se puede ir por mucho más: por un sistema de salud pública de calidad, 100% garantizada por el Estado, unificando el sistema público y privado en una red única de salud, donde los recursos destinados sean los realmente necesarios para asegurar este derecho para todas y todos, donde el Estado no le entregue un peso más a las clínicas privadas y empresarios que lucran con un derecho básico; por el paso a planta de todos los trabajadores/as y profesionales, por el fin al subcontrato, por mayor contratación de personal para garantizar una mejor atención y terminar con el agobio laboral, por el fin de los contratos precarios e inestables. |
