Mientras se aprobaba la ley de matrimonio igualitario, la cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia en la zona del Wallmapu. Al día siguiente la decisión fue respaldada por la cámara alta del Senado. La medida, que vence este 11 de diciembre, implica extender por 15 días la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, para contener lo que llamó Piñera como una “grave alteración del orden público”.
Baldo Prokurica, ministro de defensa nacional, aprovechó la instancia para hacer un recuento de los resultados que ha tenido la vigencia del estado de emergencia:
“Hemos desplegados más de 2 mil militares que están entregando apoyo en las cuatro provincias. A ello se suman los efectivos de Carabineros y de la PDI. Se han realizado 2.600 operativos militares mixtos en colaboración con las policías (…)”
“Se han realizado 42.700 controles, estos considera a 15.400 personas y 27.400 vehículos, muchos de los cuales también, en esos controles, se ha determinado robo de vehículos y tráfico de armas y de drogas”, señaló.
“Desde que comenzó el estado de excepción, han sido detenidas -hasta ayer- 100 personas con orden de detención previa, tanto en operativos policiales como en controles conjunto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas participan activamente en estos controles carreteros, así como aéreos, a través de sus diversas unidades. Antes del estado de excepción, teníamos en promedio 5,5 hechos de violencia al día, una vez que esta medida se inició, y que este Congreso ha aprobado en dos oportunidades, los hechos de este tipo cayeron más del 40%. Las usurpaciones de terreno se redujeron en más del 70%”.
Es claro, que bajo el alero de regímenes que han heredado las lógicas colonialistas, los pueblos ancestrales jamás van a poder habitar sus territorios en paz y, mucho menos, recuperarlos.
El pueblo Mapuche, junto a otros pueblos ancestrales, deben tener el derecho consagrado a la autodeterminación, a la vez que le deben ser devueltas las tierras usurpadas por el Estado, empresarios y los latifundistas. Para el caso del pueblo Mapuche y su territorio, el negocio forestal debe terminar con la lógica en la que opera al día de hoy, por lo que esas empresas deben ser expropiadas y quedar bajo control de sus trabajadores y las comunidades, para decidir sobre la producción forestal y agrícola. |
