El pasado 24 de noviembre los jueces Selín Figueroa, Mirentxu San Miguel, y Nancy Vargas del tribunal oral en lo penal de Concepción, declararon culpable de cuasidelito de homicidio a Leonardo Medina Caamaño, rechazando así , la intencionalidad y responsabilidad que tuvo el infante de marina, al momento de atropellar y quitarle la vida a Manuel Rebolledo.
El fallo lo condenó a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, y le dieron el beneficio de la pena sustitutiva, la cual consiste en la remisión condicional mientras dure la condena, lo que significa en la practica que el uniformado, quien además nunca a dejado de ejercer sus funciones en la armada, deberá cumplir la “condena” en libertad y con firma mensual.
Cabe mencionar que, Medina Caamaño, desde que fue formalizado en octubre del 2019, no estuvo un solo día en prisión preventiva, mientras duró la investigación, y solo estuvo con medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional. Además, durante el juicio los jueces calificaron los hechos cometidos por el marino como,
“un actuar temerariamente imprudente, constitutivo de culpa, pero no un actuar doloso, pues como ya se dijo, las pruebas son insuficientes para establecer que con su actuar podía ocasionar la muerte de la víctima y menos de que haya aceptado ese resultado o que le fuera indiferente”.
A pesar de lo que afirmaron los jueces durante el fallo, la evidencia visual que revelaron los medios de interferencia y el resumen, en marzo del año 2020, muestran el momento exacto, cuando el carro policial, avanza de manera directa y veloz hacia Rebolledo, atropellándolo después de que este tropezó cuando intentaba huir, quitándole la vida.
En declaraciones a los medios antes mencionados, la madre del joven asesinado, declaró: “nosotros no nos esperábamos esto, nosotros queríamos que lo condenaran por homicidio, al menos con una pena baja, pero lo de cuasidelito y con 540 días es una burla, queremos tener el derecho a un nuevo juicio, lo exigimos. La justicia quiere dejar todo impune, lo cual no puede ser, existiendo las evidencias”.
A su vez, la madre de la victima comentó que dentro de los siguientes 10 días hábiles contando desde el lunes 6 de diciembre presentarán un recurso de nulidad para comenzar un nuevo juicio, ya que consideran que como familia este juicio deja el hecho impune y sin un castigo justo al infante de marina.
Esta forma de actuar de la justicia chilena, no es nueva, y nos trae a la memoria un sin numero de casos recientes de personas que han sido asesinadas, y otras que han sido heridas, por agentes del Estado, como por ejemplo, el Weychafe Pablo Marchant, asesinado por Carabineros de Chile, que según los resultados de las ultimas pericias, fue ejecutado con una bala directo a su cabeza mientras se encontraba reducido por estos, y a la fecha no hay detenidos ni responsables.
Otro caso es Fabiola Campillay, que fue herida de gravedad en su rostro, y que a raíz de este ataque perdió la vista y el olfato, producto del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por el capitán de carabineros Patricio Maturana, quien se encuentra en libertad y con firma mensual.
No podemos dejar de nombrar el emblemático caso de Gustavo Gatica, que también quedó ciego, por el ataque cobarde que sufrió tras el disparo de el ex teniente coronel Claudio Crespo en plaza dignidad y que posteriormente fue dejado en libertad con firma mensual.
Todos estos hechos criminales , son solo algunos de los numerosos casos que han quedado completamente impunes hasta ahora, sin castigo alguno hacia agentes del Estado, mas que condenas en libertad y con firma mensual.
A raíz de todos estos hechos podemos afirmar que los actos de injusticia que se producen, es porque hay jueces que no tienen las capacidades de ejercer su labor de manera profesional y honorable, que actúan negligentemente a favor de colores políticos de los gobernantes de turno, por ende, se puede concluir que “la justicia” hoy en Chile no es un poder independiente y se encuentra secuestrada por políticos y empresarios, que son los que manejan el país.
Por esta razón, se hace urgente la organización de las y los trabajadores, sindicatos, gremios, y organizaciones sociales, para cambiar de raíz estas situaciones de injusticias que afectan al conjunto de la población trabajadora y comunidades. La movilización desde la calle es el camino para exigir que liberen a los presos políticos de la revuelta y Mapuche, y que se obtenga real justicia, para las y los asesinados, como Manuel Rebolledo, y las y los miles de heridos y torturados por actos vejatorios y de abusos de poder que hoy siguen en completa impunidad. |
