En un conversatorio on line junto a representantes de las comunidades y organizaciones medio ambientales, agrupados en “Chile sustentable” y “Chao Carbón, la directora de Chile Sustentable Sara Larraín Ruiz-Tagle indicó que el documento es un vehículo para “solicitar que AES Gener anuncie cuáles van a ser las fechas de cierre de las cuatro centrales que aún no ha señalado en su cronograma”.
El prontuario de Aes Gener
AES Gener es la segunda mayor empresa del Sistema Eléctrico Nacional, con un 85% de su producción basada en combustibles fósiles. Esta realidad ha puesto a la compañía en el foco de los cuestionamientos de las organizaciones que impulsan la transición hacia una matriz energética sustentable.
Son dueños de 15 centrales a carbón, “prácticamente el 50% del parque carbonero”, afirmaba Sara Larraín, directora de Chile sustentable. En el marco de la descarbonización, Aes gener solo anunció cierre de 8 de sus carboneras y vendió 5, quedando 4 sin fecha ni pronunciamiento para su cierre, ubicadas en las zonas de sacrificio, Puchuncaví, Tocopilla y Huasco
Hay que tener en cuenta que esta empresa trasnacional de origen estadounidense es una de las empresas energéticas más grandes a nivel mundial. Con base en EEUU y presencia en 17 países, donde es de esperar que mantengan su política extractivista de zonas de sacrificio, al borde de los marcos legales en cada uno de esos países.
Son Además quienes están a cargo del cuestionado proyecto Alto Maipo que pone en riesgo el suministro hídrico de la región metropolitana.
Link video “Aes Gener energía sucia
Las agrupaciones medioambientales mencionadas exigen que Aes Gener presente un cronograma para cumplir el acuerdo de descarbonización para antes del 2030, considerando la reconversión laboral y reparación medio ambiental.
Denuncian que en 2009, la empresa fue acusada de irregularidades por instalar la termoeléctrica Campiche en una zona de áreas verdes no compatible con actividad industrial, acto en el cual, se vieron involucrados por tráfico de influencias el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el embajador de Estados Unidos en Chile Paul E. Simmons.
“Antes nosotros íbamos a pasear a San Pedro, como puerto hasta allá mismo a la isla, pero una vez que se instaló Guacolda ya no se pudo. Aparte que se instaló sobre en un cementerio indígena, patrimonio cultural. (La empresa) permitió el guaqueo, o sea la extracción, por los mismos trabajadores que estaban ahí, de puntas de flecha y muchas cosas que antiguamente utilizaban los indígenas. De hecho, ellos devolvieron una estatuilla de un indio, de origen inca, que estaba ahí también” explicó la dirigenta Doris Zamorano Ledezma.
Ha sido denunciada por prácticas anticompetitivas al poner sobreprecio a la compra de carbón y últimamente ha hecho green washing al vender sus cinco unidades de Guacolda (Huasco) a otra empresa, promocionando que así ha avanzado hacia un portafolio más limpio, en circunstancias que la comunidad seguirá sufriendo los impactos de esas emisiones contaminantes.
Puchuncaví y el acuerdo mordaza
En Puchuncaví se han vuelto recurrentes los vertimientos de carbón en sus costas transformando a los pescadores en recolectores de estos contaminantes desechos, ya que producto de la degradación ambiental local, ya no pueden trabajar en sus actividades tradicionales. En este contexto, en 2019 la empresa llegó a un acuerdo con miembros de distintos sindicatos de pescadores “para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. Este acuerdo consiste en un pago de aproximadamente $4 millones a cambio de la renuncia a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no sólo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaran no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos”.
Esta negociación ha sido calificada de “Acuerdo Mordaza” y representa, en la práctica, que la corporación extranjera “paga” para seguir vulnerando los derechos humanos de las personas y desarrollando su política extractivista para la depredación del medio ambiente.
En este escenario donde la lógica extractivista prima sin importarle ni las comunidades que habitan los territorios que explotan, ni los ecosistemas que ahí se desarrollan, es vital una forma de organización donde sean las comunidades junto a las y los trabajadores quienes decidan sobre la orientación económica de sus territorios, mas cuando estos posean elementos naturales que puedan ser explotados.
Por tanto, es primordial renacionalizar, bajo control de esas comunidades y trabajadores, el cobre, litio y recursos naturales incluyendo fuentes de energías. | 
