El PAN, encabezado en esta ocasión por su presidente Marko Cortés, presentó un “decálogo”, que abarca varios temas: desde “frenar la polarización” impulsada por el gobierno nacional así como la “persecución” contra Ricardo Anaya, eliminar el decreto por el cual las obras de infraestructura son consideradas de seguridad nacional, así como abrir la discusión sobre las reformas eléctricas y político-electoral. Por parte de los panistas estuvieron también, los coordinadores parlamentarios y los gobernadores de Durango y Tamaulipas. La propuesta de su delegación fue realizar mesas entre el gobierno y los partidos de la coalición Va por México.
La respuesta del secretario de Gobernación fue “saludar” prontamente la iniciativa panista, y acordar siete mesas de discusión que tratarán los 10 puntos presentados por el liderazgo blanquiazul. Estas mesas se realizarán a partir del 10 de enero de 2022.
El gobierno resolvió rápidamente la demanda de la oposición derechista y conservadora. Esto contrasta con la respuesta que acostumbra dar a los sectores de trabajadores en lucha durante los pasados tres años. Como es el caso de las y los trabajadores de Notimex, quienes son perseguidos y amenazados por la actual administración, mientras sus demandas continúan sin solución.
El trasfondo de las mesas Segob-PAN
Ambos actores políticos, el gobierno y el PAN presentaron esto como parte de una búsqueda de mayor entendimiento.
Con esta propuesta, los panistas quieren recobrar protagonismo político y aparecer al frente de la oposición como interlocutores del gobierno. Esta iniciativa se da después de haber sido muy afectados por el caso Lozoya y los señalamientos a sus integrantes, en particular Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del blanquiazul en 2018. Buscan ocupar el centro de la escena política (o parte del mismo) con una ubicación “propositiva” pero a la vez crítica hacia la administración del Morena.
El gobierno, por su parte, se apresuró -en voz del secretario de Gobernación- a mostrar un perfil dialoguista con la oposición de derecha, evitando aparecer polarizando la escena política. Incluso Adán López anunció que convocará a otros partidos de la oposición, y habló de fortalecer “la unidad nacional”, con la intención evidente de quedar lo mejor posible de cara al referéndum sobre la revocación del mandato, el cual el gobierno quiere convertir en un acto de ratificación y apoyo masivo.
En la agenda de las mesas de discusión se encuentran temas sensibles para el gobierno de López Obrador en esta segunda mitad del sexenio. En particular la reforma eléctrica, en torno a la cual -si pretende aprobarla- debe reunir un apoyo parlamentario que va más allá de la coalición oficialista, y que motivó, en los inicios de la propuesta del presidente, la búsqueda del apoyo del PRI.
El discurso de “diálogo” y “unidad nacional” que sostuvo el titular de la Segob se dirige a los partidos de la oposición derechista, los mismos que aplicaron los planes neoliberales en las décadas previas y que AMLO no dudó en llamar la “mafia en el poder”, la cual sin embargo ha nutrido las filas de su partido y de su gobierno.
Mientras tanto, los trabajadores y los sectores populares enfrentan, a pesar de la retórica “progresista” del gobierno, la precarización laboral que se aplica tanto en el sector privado como público, los salarios que no alcanzan para la canasta básica (aún y a pesar de los limitados aumentos al salario mínimo) y la militarización que garantiza la Guardia Nacional y que ha implicado múltiples atropellos y desapariciones. | 
