En su informe más reciente, el Instituto Federal de Defensoría Pública reportó la detección y denuncia de 679 casos de actos de tortura o malos tratos en México ocurridos entre 2020 y 2021. Esto suma 7 mil 779 casos "posibles" registrados por el organismo en entidades como Guerrero, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chihuahua, entre otras entidades.
Como salta a la vista, la tortura se extiende como método de terror por todo el país. ¿Quien la ejerce? Distintos organismos de DDHH señalan que, en su mayoría, estas violaciones son perpetradas por autoridades. La impunidad en estos crímenes es otra área de responsabilidad de un Estado que, a pesar de la existencia de leyes contra la tortura, es omiso y garante de la continuidad y profundización de la descomposición social y la violencia.
Aunque los datos citados dan cuenta de una realidad actual, ya desde 2014 el entonces relator especial de la ONU determinó que en México la tortura y malos tratos son generalizados. Asimismo desde entonces se ha destacado que es un crimen difícil de cuantificar y que se trata de un delito subreportado. Según cfras de Amnistía Internacional, de 2003 a 2013, las denuncias de tortura y malos tratos incrementaron 600%. De 2010 a 2014 la CNDH registró 7 mil 741 denuncias por estos mismos delitos. En 23 años sólo ha habido 7 condenas.
Según el informe del IFDP, de septiembre de 2019 a mayo de 2021 se presentaron 2 mil 271 denuncias por actos de tortura. Menos de doscientos de estos casos ya contaban con algún seguimiento, de 222 se tuvo noticia hasta el reporte del organismo y 1 855 continúan sin respuesta. Los casos en los que ya se resolvió algo suman 27 y se trata de denuncias en las que las autoridades determinaron no ejercer acción penal alguna. Las omisiones por parte de la Fiscalía General de la República son una constante en demandas por casos en Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) registró una agudización de esta crisis de violencia en el contexto de la pandemia. El aumento de la población carcelaria (que en México y en muchos lugares del mundo enfrentan condiciones insalubres y de hacinamiento), el recorte de libertades democráticas con la excusa de las medidas de distanciamiento social y el incremento en la represión por parte de fuerzas militares y policíacas son aspectos que destacan en su informe como agravantes.
Son precisamente la militarización y las restricciones como toques de queda o a la circulación elementos que rodearon detenciones arbitrarias y represión a manifestaciones en México. Condiciones como la migración merecieron mención aparte debido al recrudecimiento de la violencia institucional contra migrantes avalada por políticas de mano dura que han implicado brutales represiones a manos de la Guardia Nacional y en donde las personas han sufrido distintas violaciones a sus derechos.
Según cifras de la organización World Justice Project, Tlaxcala, Aguascalientes y Jalisco son las entidades que más denuncias de tortura acumulan durante la detención, traslado o estancia en el ministerio público.
Al cierre de 2020, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 del INEGI registró 211 mil 169 casos de tortura en la población privada de su libertad. Tan solo en la Ciudad de México suman 479 casos reconocidos oficialmente, según informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
De entre estos miles de casos reportados y los que queden en la cifra oscura que no se denuncia o no se registra, destacan los actos de tortura cometidos en contra de defensores y activistas. A pesar de los discursos que ha enarbolado AMLO durante su administración, tanto la Guardia Nacional (creación del tabasqueño) como sus políticas antiinmigrantes y de criminalización de la protesta han profundizado y agudizado la crisis de violencia en nuestro país. El caso más reciente es el del defensor de los derechos de los pueblos indígenas Damián Gallardo, de quien el CAT de la ONU determinó este martes que fue víctima de tortura a manos de autoridades mexicanas desde su detención y durante los cinco años que estuvo preso en un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco.
Frente a la tortura y todos los mecanismos represivos del Estado, y frente a la militarización del país, es urgente empujar un gran movimiento nacional, impulsado por los grandes sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales y políticas, por la desmilitarización inmediata y por justicia para las y los asesinados por el Estado, así como la aparición con vida, inmediata e incondicional, de todas las personas detenidas-desaparecidas, y el juicio y castigo a los responsables.
Con información de World Justice Project, La Jornada, Forbes, | 
