El 27 de diciembre será la audiencia de preparación de juicio oral contra el capitán de Carabineros, en el juzgado de Garantía de San Bernardo, donde el INDH presentó una acusación particular planteando que los hechos ocurridos el 26 de noviembre del 2019, en contra de Fabiola Campillay corresponden al delito de apremios ilegítimos con lesiones graves y con alevosía.

El 26 de noviembre del 2019, Patricio Maturana disparó una bomba lacrimógena contra Fabiola Campillay, en el contexto de manifestaciones en el estallido social, donde la actual senadora (electa por la RM) se encontraba esperando locomoción para ir a su trabajo sin estar participando de la movilización. El disparo lo recibió desde 51 metros de distancia, impactando directamente en el rostro, momento en que los carabineros ahí presentes, ni el victimario prestaron auxilio a Fabiola, la que quedó inconsciente y como ya sabemos perdió la visión de sus dos ojos, perdió el olfato y aparte de múltiples lesiones y fracturas en el rostro y cráneo.

Los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos piden 15 años de cárcel para Maturana, además de la inhabilitación de Patricio Maturana de cualquier cargo público. Plantean que el delito corresponde a apremios ilegítimos con lesiones graves además que se agrava por haber disparado con alevosía y con la intención de generar daño, así se afirma en el informe escrito hecho por el INDH.
Por otro lado, el Ministerio Público solo pide 12 años y el CDE (Consejo de Defensa del Estado) pide 12 años y 183 días. EL 27 de diciembre recién será la audiencia de preparación del juicio oral en el juzgado de Garantía de San Bernardo.

Recordemos que Patricio Maturana se encuentra con arresto domiciliario y arraigo, después de que a pesar que la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía que Maturana quedara con prisión preventiva, por no querer aportar con la investigación, ni presentar los registros de la cámara go-pro que llevaba al momento de disparar, pero se revirtió la medida cautelar de prisión preventiva a los días después dejándolo solo con arresto domiciliario y arraigo nacional.

Después de más de dos años de la rebelión y de las cientos de violaciones sistemáticas a los DD.HH. por parte del estado y de sus instituciones represivas, habiendo aún cientos de presxs políticxs sin juicio ni condena, hasta hoy aún no hay reparación ni justicia para las víctimas, en el caso de Fabiola Campillay y de los demás, un abandono total por parte del estado.