Se cumplen 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. En tu opinión, ¿qué significó aquella jornada en la historia reciente del país?
Tras casi tres años de recesión económica, en 2001 las disputas giraban casi exclusivamente en torno del tipo de cambio, aun cuando no se manifestaran explícitamente de esta manera. En términos generales, se pueden distinguir dos grandes protagonistas de esta puja de intereses: de un lado, amplios sectores del capital productivo (conducidos por sus estamentos más concentrados) y, del otro, buena parte del sector financiero. En el medio se encontraba el principal representante institucional de los acreedores externos, el FMI, que pasó de defender a ultranza de la convertibilidad a cerrar filas detrás de la “salida devaluacionista”.
La fracción liderada por el sector financiero propugnaba una brusca reducción del gasto público. De acuerdo a la visión de estos sectores del gran capital, ese recorte debía pivotear sobre el despido de numerosos empleados públicos y una rebaja considerable de los sueldos estatales y de ciertas partidas presupuestarias (básicamente salud y educación), lo cual eliminaría a corto plazo la necesidad de nuevo endeudamiento para el pago de los intereses de la deuda externa. Como aspiración de máxima, todo ello debía complementarse con una dolarización de la economía que preservara en divisas los ingresos y los beneficios de las empresas que impulsaban esta “salida” de la convertibilidad. Según se argumentaba, la dolarización eliminaría el riesgo cambiario y por esa vía facilitaría la reanudación del flujo de capitales hacia la Argentina, colocándola una vez más en un “sendero virtuoso de crecimiento”.
Por su parte, el capital productivo impulsaba el reemplazo de la convertibilidad por un “modelo de dólar alto”. Aunque nunca fue planteado de manera explícita, la “opción devaluacionista” buscaba –y lograría con creces en 2002 y 2003– reducir de inmediato los salarios y los costos salariales, tornando las exportaciones mucho más competitivas, incrementar el valor en moneda doméstica de los capitales locales fugados y aumentar la protección contra las importaciones para un diverso espectro de rubros productivos (de allí que amplios sectores capitalistas de pequeñas y medianas dimensiones respaldaran esta propuesta).
Esta “salida” también debía complementarse con un considerable ajuste fiscal y, luego del inevitable default, de una dura renegociación de la deuda que afectaría no sólo a buena parte de los acreedores externos sino también al sector financiero local, titulares de una proporción importante de bonos de la deuda argentina.
Lo que estaba en discusión era si la forma en que se saldría de la convertibilidad derivaría en el mantenimiento del “mapa” de ganadores y perdedores dentro de los sectores dominantes o en su modificación; en otros términos, qué fracciones pasarían a ejercer la hegemonía y cuáles quedarían relegadas a posiciones de subordinación en el interior del bloque de poder. No obstante la agudeza del conflicto, los dos grupos contendientes coincidían en un punto: la principal variable de ajuste serían una vez más los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores y de los marginados y excluidos del sistema.
Desde el punto de vista económico, ¿es posible encontrar similitudes y divergencias con la crisis económica y social actual?
Más allá de la compleja situación socioeconómica actual, no me parece que estemos en un escenario similar al de 2001 como se plantea desde muchos sectores, sobre todo los más afines al establishment. Un aspecto interesante que pasa por el “proyecto” que se enarbola para hacer frente al cuadro crítico actual, ya que allí hay una ostensible “empatía” entre el planteo del gobierno, el de la oposición mayoritaria y el de amplios sectores del poder económico (grandes exportadores, capital financiero, etc.). Dicho de otra manera, en el presente parece existir un amplio consenso sobre el rumbo a seguir, a diferencia del final de la convertibilidad, período signado por disputas importantes al interior de los sectores dominantes.
Teniendo presente la crisis de 2001 y la crisis actual (con la vuelta del FMI), ¿qué continuidades y cambios? ¿Qué perspectivas posibles?
Casi sin fisuras, desde esos espacios que te comentaba se plantea que es necesario reconocer y pagar la deuda con el FMI, y que para eso, la mejor (casi única) vía pasa por potenciar la salida exportadora asociada a las ventajas comparativas que posee la Argentina. Ninguno de los sectores plantea la revisión/desconocimiento del mega-endeudamiento tomado por el gobierno de Macri con el FMI, el destino de los recursos provistos por el organismo (mayoritariamente fuga de capitales), ni la posibilidad de generar divisas por vías alternativas o complementarias a la salida exportadora tradicional.
¿Cuáles son los aspectos críticos de esta propuesta?
Obviamente no se explicitan, por eso me parece importante hacer algunas precisiones al respecto. En primer lugar alrededor del 70% de las exportaciones en la Argentina es controlado por no más de 150 grandes empresas, casi todas de base transnacional, de allí que la “salida exportadora” recrudecerá las tendencias a la concentración económica y del ingreso.
En segundo lugar, se sostiene la idea de que existe una restricción externa que es operativa en virtud de las divisas comerciales; esto es, la vieja restricción externa basada en el intercambio desigual. Aunque válida, esta lectura omite que las principales fuentes de salidas de divisas no son hoy comerciales, sino, centralmente, la fuga de capitales. En lo sustantivo, este drenaje de recursos se financia con deuda durante los gobiernos neoliberales, y con dólares comerciales bajo los ensayos no neoliberales: pero siempre se va. Vale señalar que el Frente de Todos sostuvo la arquitectura de controles de capitales y cambiarios legada del gobierno anterior, lo que ha contenido en parte la fuga. Es imposible olvidar que gran parte de la misma se origina en el desigual reparto del ingreso, que hace que quienes disponen de excedentes invertibles prefieran atesorar en moneda extranjera. Asimismo, no puede evitar registrarse que la legislación deficiente e ínfimos niveles de control han permitido a las grandes empresas desplegar diferentes formas de fuga por mecanismos comerciales (subdeclaración de exportaciones y sobrefacturación de importaciones) y financieros (autopréstamos).
En tercer lugar, la mayoría de las producciones de exportación se inscribe en lógicas de funcionamiento de tipo enclave. Esto nos remite a dos elementos que suelen soslayarse en el debate. Por un lado, (a) muchas de las economías regionales devastadas por el huracán neoliberal han quedado con escasas alternativas productivas, y la falta de políticas territoriales consistentes en la heterodoxia neodesarrollista las relega a áreas de sacrificio. Así ocurre con la cuenca de Vaca Muerta, la megaminería en San Juan y Catamarca, la explotación del litio en Jujuy, los pueblos rurales del interior pampeano, etc. Se presenta como dicotomía la producción existente o la condena a la pobreza. No en vano estos emprendimientos logran conquistar algunos adherentes locales, ante la ausencia de alternativas. Se omite además (b) que mayormente los capitales que conducen la acumulación en estos núcleos dinámicos no son locales, de modo que la renta generada no se reproduce en esa escala, fugándose a otros territorios o al exterior, retroalimentando la inviabilidad de alternativas y consolidando la monoproducción.
¿Y cómo se traduce desde el punto de vista del mundo del trabajo y los sectores populares?
Desde mi punto de vista, el “modelo exportador” implica en términos estructurales salarios bajos y una reducida participación de los trabajadores en el ingreso. Esto no invalida que en algunos casos, en su propia producción, se paguen salarios relativamente altos (los casos de la minería metalífera, los hidrocarburos y el complejo oleaginoso). Pero esto se hace a costa de segmentar el mercado de trabajo, estableciendo una creciente heterogeneidad entre sectores económicos, que terminan por obstruir cualquier otra actividad productiva: ¿con qué otras producciones es compatible esta especialización?
A esto se suma además el grado de precarización y menor remuneración de las actividades conexas en la cadena de valor, mayormente subcontratadas en condiciones más pauperizadas. No solo eso, sino que sus salarios son relativamente altos en relación con una media social, que está justamente desvalorizada para garantizar cierto nivel de competitividad externa. Esta superexplotación de la fuerza de trabajo no constituye un fenómeno sectorial, sino una caracterización estructural.
¿Qué efectos sociales y políticos se ponen en juego?
Derivado de lo anterior, se deben enfatizar los efectos corrosivos sobre la democracia, que se ve seriamente afectada por la existencia de actores poderosos, cuyos recursos, influencia y capacidad de presión se maximizan en esferas locales. Cuando los actores locales toman determinaciones contrarias a sus intereses, suelen ser demonizados o tomados por ingenuos o ignorantes, en la prensa o en el discurso gubernamental, por ortodoxos y neodesarrollistas. Debe enfatizarse el carácter violento de muchos de los proyectos llevados a cabo en aras de las exportaciones, que desconocen los derechos de las comunidades a decidir sobre su espacio vital. Parece que las decisiones democráticas locales solo valen cuando acatan el interés corporativo, o aceptan su sacrificio en aras de una prometida mejoría para el país. Al decir sacrificio, pienso, por ejemplo, en los efectos sobre la salud en la población habitante de los territorios donde se realizan estas producciones.
En definitiva, ese “mandato exportador”, que el sistema político tradicional y amplios núcleos del poder económico (doméstico e internacional) enarbolan como única opción posible, no se forjó para sostener los niveles internos de consumo, ni resolver un supuesto desmanejo fiscal, sino para pagar deuda. Con matices, Argentina se consolidó así como exportadora de materias primas, incluyendo aquí productos agropecuarios, piscícolas, forestales, mineros e hidrocarburíferos, como su procesamiento básico. Para ello ha sido clave la falta de estándares ambientales, en su directa ausencia o reducido nivel de fiscalización.
Las especializaciones productivas de exportación no se fundamentan en programas de desarrollo nacional, en superar las barreras impuestas por la escala de mercado, ni prioridades internas de consumo o inversión, ni siquiera recaudación; no se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos clave de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en el ámbito doméstico. En los hechos, la salida exportadora “necesaria y urgente” deja a la economía atrapada en la explotación de los recursos en un estado casi “natural”, sin generar mayores capacidades para avanzar en la industrialización.
En el escenario actual, casi ningún sector político plantea estos aspectos críticos del mandato exportador. La excepción más fundamentada es la del Frente de Izquierda, espacio que ha venido argumentando con razón que dicho mandato está claramente reñido con el desarrollo económico, la redistribución del ingreso y la mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador. No casualmente también desde este espacio se viene planteando la necesidad de una amplia movilización popular para “decirle no al ajuste, no al pago de la deuda y no al pacto con el Fondo”.
Casi ningún sector político plantea estos aspectos críticos del mandato exportador. La excepción más fundamentada es la del Frente de Izquierda, espacio que ha venido argumentando con razón que dicho mandato está claramente reñido con el desarrollo económico, la redistribución del ingreso y la mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Acerca del entrevistado
Martín Schorr es investigador del CONICET y docente en numerosos centros universitarios y académicos del país. Se especializa en el análisis de los modos de acumulación en la Argentina. Su última publicación es El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días, editado en 2021 por Siglo XXI. |
