Fuente: Esquerda Diario
Este mes estará marcado por protestas en las calles por el impeachment (destitución) de la presidenta, a las puertas de la aprobación o rechazo de las cuentas de la Unión por el Tribunal. Sin interlocución directa con el Congreso y con una articulación política cada vez más débil, apeló a los gobernadores convocandolos para el jueves pasado (30). Fue la primera reunión de su segundo mandato con los 27 gobernadores.
La reunión comenzó marcada por una manifestación de empleados judiciales, que tuvieron su reajuste vetado por Dilma y que hizo tanto ruido que obligó a un cambio en el lugar de reunión, del Palacio del Planalto al Palacio da Alvorada.
En el escenario, el objetivo fue proponer un pacto por la gobernabilidad -al menos para una foto, ya que en la práctica se avanzó a pocos acuerdos- y la responsabilidad fiscal, con Dilma intentado dividir el costo de la crisis con los gobernadores y pidiendo ayuda en la aprobación de temas que estarán en pauta en el Congreso Nacional. Tras el cortinado, sin embargo, lo que estuvo en juego fue el viejo dicho que dice mucho de la vieja política de los políticos burgueses: “una mano lava la otra”.
Por el lado del gobierno federal, Dilma necesita una “manito” de los gobernadores para dialogar con la bancada de diputados y senadores aliados de sus estados para evitar la aprobación de lo que ha sido llamada la “pauta bomba” en el mes de agosto, es decir, votaciones que puedan generar más gastos a la Unión o afectar aún más la popularidad del gobierno.
Entre esos proyectos están todos los que aumentan los gastos públicos, como el que vincula subsidios de los empleados de Abogacía General de la Unión (AGU, órgano encargado de la defensa y asesoramiento jurídicos de la Unión) a los dos ministros del Supremo Tribunal Federal, además de mantener los vetos al reajuste a los trabajadores judiciales y al cambio en el factor de cálculo de las jubilaciones. También evitar crisis políticas en temas polémicos como la reducción de la edad de imputabilidad penal y el financiamiento privado de campaña.
Otro punto de recelo en el Planalto refiere al juicio de las cuentas del gobierno por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Las “bicicletas fiscales” practicadas por el gobierno preocupan a gobernadores que también utilizaron la misma estrategia para alcanzar la meta fiscal. Un levantamiento hecho por el Planalto muestra que al menos 17 gobernadores también retrasaron repases de recursos a bancos públicos para conseguir cumplir con programas sociales, entre ellos Paulo Câmara (PSB de Pernambuco) y Marconi Perillo (PSDB de Goiás), que llegó a señalar a la presidenta que “no interesa a ninguno de nosotros el prolongamiento de la crisis económica”.
Por el lado de los gobernadores, ellos necesitaban una “manito” de generosidad e “incentivo monetario” por parte del gobierno federal. No es por nada que el Planalto va a sancionar el proyecto que trata la reindexación de la deuda de estados y municipios, que ha sido reivindicado principalmente por San Pablo, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul.
También, en un visible gesto de concesión a la oposición, Dilma señaló que mantendrá la propuesta del senador José Serra (PMDB de San Pablo) que permite a estados y municipios usar recursos de depósitos judiciales y administrativos. Con los recursos, los estados podrán pagar demandas judiciales, deuda pública, inversiones y gastos jubilatorios.
Dilma pidió también a los gobernadores que movilicen a sus bancadas en el Congreso para aprobar la reforma del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) y el proyecto que revé las contribuciones patronales, considerado prioritario para el ajuste fiscal. Esta semana el ministro de Aviación Civil, en la búsqueda de consolidar ese pacto, Eliseu Padilha alertaba a los gobernadores y a la oposición de que la defensa de los ajustes y la barrera contra proyectos que perjudiquen los gastos de la Unión serían de “interés público” y sus efectos negativos podrían ser “consumados por mucho tiempo”, no solo en el mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
Vemos, en esta escenificación, el reconocimiento por parte del gobierno federal tanto de la crisis política instaurada como de la crisis económica. Este apelo desesperado a los gobernadores va a servir de termómetro para saber hasta qué punto los gobernadores mantienen cierta influencia sobre las bancadas de sus estados. Al mismo tiempo, el juego de intereses entre ellos pasa por saber cuáles de esas “bombas” que afectarían al gobierno federal pueden salpicar también sobre los gobiernos estaduales, eso va a decir cuánto se van a involucrar directamente o no en la estrategia del Planalto de buscar un pacto para lograr llegar parados al mes de septiembre. | 
