En octubre la editorial Siglo XXI publicó el libro La salud sí tiene precio, una compilación de ensayos realizada por Daniel Gollan, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, actual ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, y el jefe de asesores de ese ministerio, Enio Garcia. En la compilación los cuadros sanitarios del oficialismo se proponen de dar argumentos teóricos para lo que ellos llaman “la batalla cultural en la salud”, poniendo en discusión las desigualdades en el acceso a la salud, los problemas centrales de la fragmentación del sistema sanitario argentino y las contradicciones de lo que denominan "el complejo económico industrial de la salud".
Haciendo eje en que la economía política de la salud no debe estar ejecutada por las leyes del mercado, intentan elaborar una respuesta discursiva a estos problemas por medio de una retórica de mayor intervención estatal, algo que se contrapone al accionar político de estos funcionarios.
En líneas generales, el contenido de los ensayos tratan de problematizar los conceptos que referencian a la mercantilización de la salud, entendida como el lucro de los recursos disponibles para abordar los problemas sanitarios en función de las leyes del mercado, y que configuran, de manera directa o indirecta, la organización del sistema de salud.
"Retomamos la idea de plasmar en un libro las discusiones y reflexiones que veníamos desarrollando en torno a temáticas que la coyuntura impuesta por esta enfermedad (COVID-19) puso sobre el tapete: las desigualdades en salud, las patentes, el acceso a los medicamentos, la incorporación de nueva tecnología sanitaria y los costos y precios a pagar, la participación protagónica del sector salud en el desarrollo económico nacional y su tendencia a la financiarizacion entre otras… temas que no formaban parte de la agenda pública" advierte Enio García en el prólogo,
Luego plantea: "Desde nuestra óptica, un análisis económico de la salud exige asumir que la inequidad no es un fenómeno natural, que el Estado tiene un papel decisivo para reducirla o aumentarla, y que se pueden utilizar herramientas de orígenes teóricos diversos para analizar la realidad y transformarla". Es decir que para los autores existe una práctica política hegemónica de la economía de la salud encorsetada por las leyes de la oferta y la demanda, que condicionan a la capacidad de pago de los individuos, determinando una mayor inequidad en el acceso a la salud y una importante desorganización en la oferta de servicios. De ahí el título del libro para decir que la salud sí tiene precio. Ante esta denuncia al "paradigma neoliberal" de la salud, los autores proponen una mayor injerencia del Estado que tenga como objetivo disminuir la magnitud de las inequidades generadas en el sistema y para ello proponen "herramientas teóricas".
El libro se encuentra dividido en tres partes. La primera plantea a la salud como un problema de la economía política, donde Axel Kicillof hace una introducción a los conceptos y teorías económicas para advertir que la salud no está desligada de la política económica argentina, y que estará trazada por la deuda de más de 50.000 millones de dólares al FMI. Lo que no dice el gobernador bonaerense es que el cumplimento con los pagos de deuda se tradujeron en recortes al presupuesto sanitario. Recordemos que el presupuesto a la salud del 2021 sufrió un recorte del 16% y fue trazado negando la continuidad de la pandemia priorizando los pagos de la deuda. En el presupuesto 2022, rechazado en la cámara baja, estipulaba un recorte del 20,8% en salud para el año que entra, y curiosamente el diputado Daniel Gollan uno de los autores y denunciante de la inequidad en la salud, fue uno de los que votó a favor de ese presupuesto de ajuste en salud.
Luego en "La salud como sistema y como campo" Mario Rovere y Leonel Tesler dan un marco conceptual a los aspectos estructurales y dinámicos del sistema de salud partiendo de la relación entre “oferta y demanda” de los servicios. Los autores incorporan el concepto de "campo" elaborado por Pierre Bourdieu para decir que la salud es parte de un capital simbólico por el que hay que luchar, pero omiten que la disputas en ese campo son también económicas, donde la fuerza de los empresarios de la medicina privada y la industria farmacéutica son las que determinan una reproducción social desigual al acceso a la salud.
En la segunda parte, Kreplak, García, Lieutier, Luzuriaga, Pérez entre otros, intentan describir la fragmentación y el deterioro del sistema sanitario argentino como producto de las sucesivas políticas de desfinanciamiento en los últimos 60 años, y que tuvieron como principales beneficiarios a las grandes empresas de medicina privada, a la industria farmacéutica y a los seguros privados. Aunque correctamente señalan que esto generó un aumento de la concentración del capital y el monopolio del negocio de la salud, este proceso no se da en el vacío: las políticas de fragmentación y concentración fueron determinadas por los gobiernos peronistas y radicales, siempre garantes de los negocios de las corporaciones de la salud (o mejor dicho de la enfermedad).
En "La tecnología sanitaria y la falacia del mercado imperfecto", Gollan y Kreplak apelan a la llamada “batalla cultural” para promover el pensamiento crítico que cuestione el paradigma de los negocios de tecnología y los medicamentos en la salud. En la pluma de los funcionarios esto queda, siendo generosos, como un intento quijotezco de convencer a las burocracias sindicales a que dejen los negocios de las obras sociales o que Claudio Belocopit ponga a Swiss Medical al servicio de la salud pública, o que Sigman y Figueiras pongan a disposición sus laboratorios farmacéuticos para dar respuesta a las necesidades de salud del pueblo trabajador.
Ambos ocultan que en la Argentina la industria farmacéutica es la única que mantiene en alza sus ganancias. En el último informe del Indec sobre la industria farmacéutica muestra que facturó más de 135.000 millones de pesos en el segundo trimestre de 2021, aumentando más del 75% en comparación con el 2020. Es decir que en tres meses la Industria farmacéutica ganó el equivalente al presupuesto nacional de salud para el 2021.
Tampoco hacen referencia en sus ensayos a los recortes presupuestarios de la salud pública ni los beneficios que obtuvieron las prepagas con las leyes en la última presidencia de Cristina Fernández. Esto no será cuestionado ni por el ministro de Salud de PBA ni por el diputado del Frente de Todos, ya que son parte de la matriz política que gobierna en función de las ganancias de estos empresarios, y que tienen la “posición en el campo de disputa” del lado de la privatización de la salud siendo, también, parte del problema. Recordemos que ante el intento de centralizar operativamente el sistema de sanitario el empresario de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, salió al cruce de Cristina Kirchner y la idea se abandonó rápidamente.
La última y tercera parte del libro la componen dos capítulos que hacen referencia a la pandemia COVID-19. Uno toma una crítica a los mitos surgidos de la controversia entre salud y economía con las intenciones de justificar las medidas que tomó el gobierno nacional dentro de las posibilidades que le daba el fragmentado y desfinanciado sistema de salud argentino. Desde iniciada la pandemia fueron múltiples los reclamos de los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país por la mala distribución de los recursos que impacta en la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP); desde las agrupaciones clasistas de trabajadores de la salud que formamos parte del Frente de Izquierda levantamos un programa integral para hacerle frente a la segunda ola de la pandemia. Propusimos y discutimos en todos los lugares de trabajo que había que declarar de utilidad pública el laboratorio MabXience para acceder masivamente a las vacunas, el testeo masivo para el rastreo y aislamiento "con GPS", la centralización del sistema de Salud, la conformación de comités de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, la restitución de un IFE de 40.000 pesos, la prohibición de despidos y suspensiones, un plan de obras públicas y vivienda, y el desconocimiento soberano de la deuda externa para que los recursos sean destinados a las necesidades de la población. Pero, estás medidas siempre estarán ausentes en el programa del peronismo, que siempre se limitará dentro de los marcos de los intereses de los empresarios de la salud.
El otro capítulo hace mención a las vacunas como una mercancía y las consecuencias que acarrearon la disputa por la disponibilidad y concentración de las mismas. Pero nada dicen de que el gobierno evitó tomar la decisión política de centralizar los recursos en salud y ponerlos en función de las necesidades, para evitar todas las muertes por COVID; y que aún en la situación crítica de la pandemia el sistema siguió fragmentado a beneficio de las corporaciones de la medicina privada. Tampoco, como era de esperarse, harían mención a la liberación de las patentes, más cuando la transferencia tecnológica benefició a la MabXience de Hugo Sigman para fabricar vacunas en Garín con el objetivo de comercializarlas y no para dar respuestas a las necesidades de salud.
Quizás podría tratarse de un texto crítico si no fuera porque sus compiladores (y la mayoría de los autores) pertenecen al espacio político que gobierna el Estado, también forman parte de esa institución que garantiza el negocio lucrativo de la salud. Los autores no son críticos ad hoc de las políticas de salud sino que son sujetos políticos que forman parte del gobierno responsable de garantizar la fragmentación y la inequidad en el acceso a la salud. Por más que se quejen para la academia y para el público progresista en la salud, pertenecen al gobierno que beneficia a las prepagas y a los negocios de las obras sociales con la salud privada; gobiernan en el espacio político que tiene a Juan Manzur como jefe de Gabinetes y que es uno de los representantes del lobby farmacéutico y garante de los negocios de empresarios como Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
Un ejemplo reciente y concreto, que pone en evidencia los hechos de estos funcionarios, es que Enio Garcia -autor del prólogo que pregona “un sistema sanitario basado en un lógica de derechos”- junto con el Ministro Kreplak, fueron denunciados por los trabajadores del Instituto Biológico Tomás Perón (importante en la producción estatal de medicamentos, vacunas y productos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de diversas enfermedades) en avanzar para transformarlo en una sociedad del Estado para facilitar los negocios de laboratorios privados, justificando el desfinanciamiento del mismo.
El texto es una muestra de cinismo de esa entelequia llamada “batalla cultural” porque en nombre de la inequidad en la salud critican los intereses de las corporaciones privadas y los negociados entre los distintos actores en favor de la concentración y la desigualdad, pero que en la realidad son los mismos intereses a los que ellos rinden pleitesía y defienden con los hechos. En tiempos de recortes presupuestarios en la salud a pedido del FMI, el multiverso ajustador del Frente de Todos muestra que hasta los más” carrillistas” son neoliberales en los hechos.
El FMI acelerará las contradicciones del sistema sanitario argentino con un mayor impacto negativo en la situación sanitaria del país. Los que ayer pregonaban por "una vuelta a Carrillo" hoy sólo les queda elaborar discursos para salvaguardar la responsabilidad política del espacio al que pertenecen y que también cumplirán con su parte en la continuidad de los negocios en la salud, al calor del brutal ajuste a la salud de las amplias mayorías. | 
