En diciembre de 2021, en plena sexta ola, diferentes ejecutivos, como el de Catalunya, empiezan a solicitar a los tribunales más medidas restrictivas, como la implementación de toque de queda nuevamente. Un año y nueve meses desde que estallara la pandemia y las medidas políticas siguen centrándose en dos ejes: responsabilización individual de la situación acompañado de medidas coercitivas, y una presión asfixiante (nuevamente) sobre el personal sanitario.
Esta es la actualidad a día de hoy, pero como decimos, no sorprende. Ha sido la tónica en la gestión política todo este tiempo. Los diferentes gobiernos transmiten la idea de que se vive una situación impredecible, que no se puede controlar, cercano a una “plaga bíblica”, pero lo cierto es que no es así. Y seguir con la misma cantinela un año y medio después se convierte en una broma de muy mal gusto que solo busca esconder el crimen social que sus políticas están produciendo.
Dejar pasivamente que la situación sanitaria empeore, sin tomar ninguna medida efectiva que pase por mejorar los sistemas de prevención y testeo. Cuando la cosa ya está desbocada, como estaría pasando ahora, llegan las soluciones mágicas que a golpe de decreto, policía y sanción prometen devolvernos a otra “requetenueva” normalidad.
Coerción como política
Desde que se iniciara la pandemia, las medidas han ido centradas a culpabilizar las acciones individuales. Toques de queda y un confinamiento prácticamente total (excepto para tareas esenciales), fue la etapa más dura de este periodo.
Una etapa de enorme coerción Estatal que conllevó miles de multas y represión, especialmente en barrios obreros, donde se nos condenaba a ir del trabajo a casa, limitándonos cualquier otra actividad social o de ocio.
Pero tras estos primeros meses, aunque las medidas sufrieron algunos cambios, estas fueron en la misma dirección: toques de queda más flexibles, limitación de movilidad entre autonomías o poblaciones, hasta llegar al pasaporte covid.
La última medida, de escasa eficacia sanitaria, pero que supone una fuerte limitación de los derechos fundamentales, ha sido el último ejemplo de coerción por parte de las autoridades, a la espera de ver en qué acabarán los cantos que vienen de Europa que apuntan a la vacunación obligatoria.
Todas estas medidas coercitivas y restrictivas empleadas para la “lucha” contra la pandemia, además, son usadas por el Gobierno central para reprimir la protesta social, como fue el caso reciente de la huelga del metal en Cádiz.
Una gestión política criminal
Pero mientras se acumulan prohibiciones, restricciones, multas y represión, la Sanidad sigue abandonada.
Los equipos de rastreo siguen sin dar abasto. Miles de contactos de contagiados quedan sin contactar día tras día, haciendo de su tarea un completo infierno. Sumado a esto, el personal sanitario que se contrató de emergencia durante el primer año de pandemia, ha sido despedido en muchas comunidades, como ha sido el caso en Madrid.
Tampoco es muy diferente la situación en aquellas comunidades donde no se ha producido el despido de estos sanitarios. En Catalunya, por ejemplo, a pesar de contar con una mayor partida presupuestaria para Sanidad, es completamente insuficiente.
Según un estudio editado por Cercle de Salut publicado a inicios del 2020, el presupuesto para el gasto sanitario público en Cataluña debería incrementarse en más de 5.000 millones de euros cada año para equipararse al de otros países con un sistema de salud similar, teniendo en cuenta su PIB y el envejecimiento de la población. Lejos del actual incremento de 1.456 millones de euros respecto al 2020 (o 1.296 millones si tomamos como referencia 2010).
Claramente no dan los números, ni ahora, ni antes. Y ante esta situación ningún gobierno ha tenido voluntad de nacionalizar las camas y servicios de la red privada de sanidad, para no incomodar a la patronal de la salud.
Y ya que desde las administraciones ponen el foco en la responsabilidad individual, ¿qué ha sucedido con los productos de control individual? Permitir la venta de test de antígenos por valor medio de 8€ y permitirle a la sanidad privada un suculento negocio con las PCR.
¿Por qué no se han habilitado grandes puntos de testeo masivos y permanentes? ¿Por qué ante tal crisis sanitaria los fondos NextGen que provienen de Europa no van destinados a la Sanidad pública?
Ambas preguntas tienen la misma respuesta. La gestión política de la crisis se ha centrado en mantener los beneficios de los capitalistas a costa de la vida de la mayoría de la población.
No se explica sino que, además de todo lo citado anteriormente, en los momentos más duros de la pandemia, con centenares de muertos diarios, se mantuvieran actividades económicas de dudosa “imprescindibilidad”. Y además se obligara a esos trabajadores y trabajadoras a ir hacinados en transporte público.
Ni duplicación del servicio, ni aumento de vehículos, nada. Carne de cañón para generar riqueza al capitalista. Eso sí, después de la jornada laboral, a casa encerrados.
¿Una séptima ola?
La pandemia saca a la luz toda la irracionalidad del sistema capitalista. Mientras los países imperialistas, como el Estado español acumulan y almacenan vacunas (vamos por la tercera dosis), otras regiones del mundo apenas tienen el 10% de su población con la primera vacuna.
Países como el Estado español, contrarios a la liberación de las patentes, son los principales culpables de que estas situaciones se repitan, y es que su avaricia desmedida contradice toda indicación médica; una vacunación global que debilite al virus y reduzca sus mutaciones.
Pero como vemos los planes de los diferentes gobiernos pasan por otros caminos. Así que tanto para frenar los peores efectos de esta sexta ola, como para conseguir convertir la covid19 en una enfermedad común, son necesarias medidas que toquen los intereses y beneficios de los grandes capitalistas. No hacerlo solo alarga y agrava sus consecuencias. Hacerlo, no dependerá de los gobiernos a su servicio, sino de que la clase trabajadora y los sectores populares las impongamos mediante la lucha de clases. | 
