El conflicto empezó por la destitución de Alejandro Madrazo, el coordinador de la zona centro del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y posteriormente la de Catherine Andrews, secretaria académica de la institución, por negarse a cancelar las evaluaciones semestrales a docentes. Los cuales fueron operados por José Antonio Romero Tellaeche, a quien desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se le ha impuesto como nuevo director a pesar del repudio y la inconformidad que causa su presencia en ese puesto.
Lo anterior ha ocasionado la búsqueda de la destitución del director interino Romero Tellaeche, alegando que su nombramiento fue una imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de un acto de autoritarismo, lo cual ha sido parte de un proceso de pugna desde que se eliminaron fideicomisos de ciencia y tecnología, como parte de la nueva política de la 4T para ese sector. Esto derivó en la toma de las instalaciones realizada por la comunidad del CIDE, en un pronunciamiento de solidaridad por parte del Instituto Mora y ahora en un extrañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
¿La UNAM contra el autoritarismo?
El pasado 16 de diciembre, durante la última sesión de este año del Consejo Universitario de la UNAM, se elaboró un pronunciamiento para que la máxima casa de estudios se solidarice con esta “institución hermana” para que el conflicto se resuelva con diálogo, además de solicitar que las voces de los alumnos sean escuchadas. Pidiendo que sea la comunidad la que decida quiénes serán sus autoridades, rechazando un pensamiento despótico para “no hacer oídos sordos ante el autoritarismo y en favor de la educación, en favor de la libertad de expresión y de pensamiento”.
¿Y desde cuando el Consejo Universitario de la UNAM tiene ese espíritu tan democrático? La respuesta es que nunca lo ha tenido. Todo ese autoritarismo que condena contra el CIDE es el pan de cada día en la Universidad, ya que la comunidad no decide ni al rector, ni a los directores, ni a los coordinadores ni a nadie de las autoridades universitarias. Y es que lo que está detrás de este asunto es en realidad una disputa por el gran espacio que significa el control del sector universitario y de la ciencia y tecnología. Lo que vemos hoy es un choque entre la vieja cúpula académica (muchos de la propia UNAM) que se resiste a ser desplazada por la nueva cúpula de la 4T, algo que está profundamente relacionado con el escándalo de la persecución judicial contra 31 científicos del Foro Consultivo realizada en este año.
No es gratuito que el ataque sea contra el CIDE, universidad que ha tenido un enfoque técnico, frecuentemente relacionado con la visión de los gobiernos anteriores a la 4T. Por eso tampoco es gratuito que el Instituto Nacional Electoral (INE), una institución adversaria al presidente, en su calidad de miembro del Consejo Directivo del CIDE, haya votado en contra de la designación de Romero Tellaeche como director. Por eso es que los órganos de gobierno de la UNAM, donde hay priistas prominentes, como el propio rector Enrique Graue, están realizando estos movimientos.
Necesidad de luchar contra el autoritarismo en las universidades
Los elementos antes mencionados hay que leerlos con atención, pero eso no demerita que haya alumnos, profesores y trabajadores que auténticamente quieran que las decisiones de su institución sean tomadas por la comunidad. De hecho, el llamado a la democratización de las decisiones en el CIDE tendría que ser un llamado a la democratización de todas las universidades del país, empezando por la UNAM, donde la junta de gobierno toma todas las decisiones importantes sin permitir que el grueso de profesores, trabajadores y estudiantes se involucre, de forma independiente de los partidos neoliberales como el PRI, PAN o PRD, pero también del Morena, quien ha demostrado múltiples veces dar continuidad a las políticas de sus predecesores en el sector educativo.
Así, en las universidades se requieren gobiernos tripartitos que permitan empoderar a la comunidad, desterrando a las burocracias académicas para siempre de las instituciones de educación superior y media superior, así como acceso irrestricto a las instituciones públicas en estos niveles educativos. Algo similar tendría que hacerse con el Conacyt, cambiando su orientación productiva y ponerlo bajo el control de sus trabajadores (administrativos y académicos), para decidir una repartición justa y equitativa de los recursos. Todo encaminado a que el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las mayorías trabajadoras y no de las empresas privadas, las burocracias académicas o los altos funcionarios del Estado. |
