Kenia fue detenida el 20 de octubre del año pasado por elementos de la Guardia Nacional, y desde el año pasado permanece presa en el penal federal No. 16 de Morelos, acusada, entre otros delitos, de robo con violencia y obstrucción de las vías de comunicación. Sus denunciantes son funcionarios de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes se niegan negociar su libertad a pesar de las múltiples violaciones a su debido proceso.
Kenia es integrante del Colectivo Zapata Vive. En diferentes ocasiones participó junto con más organizaciones sociales y campesinas en protestas y cierres de autopistas en el Estado de México, Guerrero y Puebla, que denunciaban las desigualdades sociales y exigían derechos para las comunidades indígenas.
Es considerada por las autoridades como una “rea de alta peligrosidad”, por lo que se encuentra recluida en un penal de máxima seguridad. En un país donde continúan operando la impunidad y el autoritarismo contra las mujeres y los pueblos originarios, los verdaderos delitos de Kenia son el hecho de ser mujer, ser indígena y organizarse por la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, así como del territorio y la libertad de las y los presos políticos.
“Libertad o muerte”
El 17 de octubre, Kenia comenzó una huelga de hambre a manera de protesta por la sistemática violación a sus derechos humanos durante el proceso penal en su contra. La huelga de hambre que duró 60 días y tuvo severos estragos en su salud, apenas logró que su caso fuera retomado por algunos senadores y reuniones con la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sin que hasta la fecha haya avances significativos para su liberación.
Organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y de derechos humanos, nacionales e internacionales, se han pronunciado por la libertad inmediata de Kenia y denunciado el autoritarismo de la justicia mexicana, que con su caso busca enviar un mensaje de miedo para todas las mujeres, defensores de derechos humanos y pueblos originarios que en Guerrero y el resto del país recurren a las movilizaciones y bloqueos carreteros para hacer oír sus demandas en defensa de sus derechos y territorios contra los megaproyectos.
La huelga de hambre de Kenia coincidió con la reciente aprobación de una iniciativa, promovida por diputados y senadores, que castiga hasta con siete años de cárcel y multas de hasta 500 UMAs a quienes hagan “boteos” y bloqueen parcial o totalmente las vías de comunicación y medios de transporte o interrumpan su construcción. Esta ley que criminaliza la protesta social y coloca los intereses del empresariado por encima del derecho al libre tránsito y manifestación de la población, fue aprobada unitariamente por el Morena, el PRI, el PRD y el PAN.
Justicia racista y patriarcal
Desde la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas, nos sumamos a la exigencia de libertad inmediata e incondicional para Kenia Hernández y todas las presas y presos políticos. Denunciamos que la justicia mexicana sigue operando bajo preceptos racistas y patriarcales contra el pueblo trabajador, a pesar de las promesas y discursos de la “Cuarta Transformación”.
Mientras permanecen libres e impunes feminicidas, proxenetas, militares y policías implicados en masacres y violaciones a derechos humanos, las instituciones supuestamente encargadas de impartir justicia vuelcan todo el peso de la ley contra mujeres, indígenas y defensores de derechos humanos.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, feministas, campesinas y sindicales a redoblar la coordinación y movilización para exigir la libertad de Kenia, pues no puede haber democracia ni transformación con presas y presos por motivos políticos.
*Con información de Codice21 y Cimac Noticias | 
