Los trabajadores y las trabajadoras de la Corporación Agrícola Integrada, CAICA, ubicada en la zona industrial del municipio San Carlos, en el estado Cojedes, volvieron este 22 de diciembre una vez más a protestar. Al menos 184 trabajadores denuncian que la empresa incumple en el pago de lo que se les adeuda y que son objeto de amedrentamiento por exigir sus derechos. En plenas fiestas decembrinas el gobierno sigue ignorado sus reclamos.
El pasado lunes 8 de noviembre, como medida protesta y ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales tanto regional como nacional -tanto de Maduro como del ministro del Interior Remigio Ceballos cuyo ministerio tiene el control de la empresa-, realizaron una nutrida concentración en la terminal San Carlos y luego marcharon hasta la redoma de El Mango.
Esta vez lo hicieron frente a la empresa. Pablo Pérez, vocero de los Consejos de los Trabajadores Productivos de la empresa CAICA, declaraba durante la protesta este miércoles 22 de diciembre que “Hoy nos encontramos acá al frente de la empresa, ¿por qué?, porque días pasados llegaron unos empresarios los cuales nos ofrecieron que cancelarían todas las deudas que tienen con nosotros los trabajadores y las trabajadoras, entre eso cabe ocho dotaciones de uniforme, seis dotaciones de alimentos, seis cajas de aceite, los bonos de producción, que el bono de producción ya fue adelantado a 160 dólares el cual fue pagado chiviado”.
Enfatiza que “hoy día nosotros los trabajadores y las trabajadoras nos sentimos burlados, nos sentimos ofendidos, ¿por qué?, porque no piensan reconocer las ocho dotaciones de uniformes las cuales se nos adeudan, hay la intención de no reconocer las dotaciones de alimentación. Entonces, ayer la actitud de Salvador Esteluto es que no va a pagar. Y nuestros hijos aguantan hambre y necesidades”.
Según indicó el portavoz, 11 compañeros fueron reenganchados por orden de un tribunal y la nueva administración no quiere reconocerles los salarios caídos. “También tenemos una situación con 11 trabajadores despedidos a los cuales no se les piensan pagar en su totalidad, hay una orden de un tribunal la cual se está desconociendo. Entonces nosotros decimos, a qué estamos jugando pues”, remarca el portavoz de los trabajadores y las trabajadoras.
Insiste que fueron burlados los convenios suscritos con la empresa y que la cancelación de los salarios se hace a cuenta gotas. Los horarios de trabajo por turnos los extendieron hasta las 10 de la noche, situación que los expone al peligro porque no disponen de transporte ni seguridad. “Es una gestión inhumana la que está en la empresa, porque se está sometiendo a la familia a la necesidad, al atropello. Y estamos en tiempos decembrinos, estamos esperando un paquete, ¿y cuál es el paquete que nos traen?, el del desánimo para los trabajadores, un paquete de ofensas".
Pablo Pérez, explica que han sido atropellados y sufren amenazas por protestar. “Ahorita recibimos una llamada de amedrentamiento, de que los trabajadores no estuvieran en el área iban a ser despedidos, bueno que nos despidan, si estamos pasando hambre aquí… Aquí solamente estamos pidiendo que se nos cumplan con lo que nos adeudan”.
Todos enfatizan que las autoridades regionales y nacionales han hecho oídos sordos a sus reclamos pues desde hace varias semanas vienen levantando su voz de protesta. Pero siguen exigiendo al gobierno regional y nacional el pago de todo de lo que se les adeuda en esta empresa que está bajo el control del Gobierno.
