Uno de los aspectos más problemáticos a la hora de analizar la situación política post golpe de estado y post elecciones de octubre del 2020 es la referida a cuál es la situación del régimen político, es decir, de la fortaleza o debilidad de las instituciones estatales para garantizar el orden burgués y de la expresión más general de las relaciones de fuerza entre las clases, y, a su vez, el conjunto de éstas con respecto al imperialismo, y cómo éstas se expresan en formas concretas de dirección estatal.
Una de las categorías que hemos aprovechado a nivel del conjunto de nuestra corriente internacional es la de “crisis orgánica” [1]
, que nos permite dar cuenta del desfasaje relativo entre ese poder estatal y la llamada “sociedad civil” [2], así como también explorar, por decirlo de alguna forma, las contradicciones que se desarrollaban al interior de las instituciones estatales, su tendencia creciente a la degradación de las democracias liberales y su adaptación a diversas formas de bonapartismos, sean estos judiciales, frente populistas, de derecha, etc.
Lo anterior tiene que ver con una dinámica expresada de conjunto en la región en la que luego de una “corta” -no acabada- experiencia de gobiernos pos-neoliberales o progresistas como otros definen, de “agotamiento” del neoliberalismo etc., lo que se evidencia es una situación de fuerte tendencia a la degradación de las llamadas democracias representativas y sus instituciones, crecientemente cuestionadas desde las más diversas posiciones sociales y políticas. Sin embargo, comprender el Estado y la posible evolución del régimen político en Bolivia, se dificulta por las profundas oscilaciones políticas que hemos visto desarrollarse desde el golpe de estado en adelante, con resultados aparentemente contradictorios en breves lapsos de tiempo. Por ello y a riesgo de evitar dar definiciones categóricas que den cuenta del régimen, vemos necesario hacer una breve recapitulación descriptiva que nos ayude a ver esta evolución y bosquejar un primer momento de definición.
La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) el año 2009 sobre la base del pacto realizado entre el MAS y la derecha de ese momento agrupada en las gobernaciones de la “media luna”, permitió recomponer un régimen político, ya no el de la democracia pactada, sino uno nuevo, el del Estado Plurinacional de Bolivia.
Recordemos que el régimen de la democracia pactada, luego de los grandes levantamientos nacionales quedó completamente desarticulado y en crisis. Luego del 2006 al 2008, mientras sesionaba la Asamblea Constituyente (AC), se llegó a una situación que en ese momento definimos de “régimen partido”, y que se caracterizaba por la existencia de dos órdenes legales -que contaban con legitimidad- antagónicos. Por un lado, el MAS y su hegemonía política en el occidente del país, que se sostenía sobre la base de las organizaciones sindicales y sociales, en una variedad de “frente popular” de base campesina que se planteaba como objetivos centrales la “recuperación” de la democracia sobre la base de reformas culturales e institucionales que lejos de cuestionar la sociedad capitalista, buscaba modernizarla. Por otro lado, la derecha y sus gobernaciones que habían alcanzado legitimidad sobre la base de la demanda de autonomías departamentales y que le permitieron controlar el arco geográfico que iba desde Pando a Tarija pasando por el Beni y Santa Cruz.
Esta situación de régimen partido dotaba de una extrema inestabilidad al conjunto del Estado y sus instituciones a la par que alimentaba las tendencias a la guerra civil como se expresó en septiembre-octubre del 2008. El gran acuerdo impulsado por el MAS y la derecha, firmado el 21 de octubre de ese año, modificando más de 100 artículos de la nueva constitución, abrió un periodo de estabilidad y de recomposición “unitaria” del orden burgués que fue aceitado por el crecimiento económico que el auge de precios de las materias primas alentó.
La hegemonía conquistada por el MAS a partir del acuerdo y aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009 (CPE), alejó las tendencias al enfrentamiento entre las clases y fue cerrando coyunturalmente/parcialmente esa “crisis orgánica” que se arrastraba desde la guerra del agua y la seguidilla de levantamientos nacionales que le siguieron. El surgimiento del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) con la aprobación de la CPE, con una derecha que logró imponer importantes reaseguros constitucionales a sus negocios, pero que, sin embargo, no consideraba a la misma como suya, permitió que de la mano del MAS y también de la oposición en las gobernaciones, se iniciara esta labor de reconstrucción de la golpeada institucionalidad estatal, pero bajo la dirección casi exclusiva de Evo Morales y el MAS, lo que alentaba el desarrollo de tendencias semi bonapartistas y autoritarias para llevar a cabo esta misión.
Una favorable e inédita situación económica, acompañada de una política de redistribución de la renta nacional mediante las autonomías, los bonos sociales o mega obras impulsadas desde el Estado con un tipo de cambio fijo que alentaba el consumo, permitió una pasivización de la lucha de clases y otorgó un importante margen de maniobra al MAS para emprender la dificultosa labor de avanzar en esa reconstrucción de las instituciones de dominio burgués, buscando, como afirmaba Álvaro García Linera (AGL), llegar a un Estado Integral, es decir un estado muchísimo más fuerte del que gozó la burguesía boliviana durante sus casi 200 años de existencia. De más está decir, que esta política permitió ir “cerrando” las grietas que expresaban esa persistente crisis orgánica a nivel estatal, pero sobre todo alejar sus expresiones más extremas como el desarrollo de situaciones que actualizaran la perspectiva revolucionaria.
El MAS en un proceso de “emenerrización”
Esta ubicación del MAS, convertido cada vez más en un pilar fundamental del nuevo régimen político burgués, tuvo como resultado, no sólo un creciente debilitamiento de las relaciones del partido con las organizaciones sociales, las que mantienen su ligazón con el Estado sobre la base de la asimilación de la burocracia sindical y su estatización sino un divorcio entre los y las trabajadoras de base, del campo y la ciudad, y de sectores populares con las direcciones sindicales y sociales que son sostenidas fundamentalmente desde el Estado. Así mismo el proceso de integración de personeros del MAS a la cultura y características de la clase dominante ha pegado un salto cualitativo en los últimos años.
La sombra de la crisis económica y el agravamiento del déficit fiscal, empuja al MAS cada vez más a resolver esta situación con medidas de ajuste clásicas, como se puso en evidencia en el caso de AASANA (Administración de Aeropuertos Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea) y la creación de NAABOl (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), una nueva empresa donde son barridos los derechos laborales de las y los trabajadores a quienes se les impone una nueva relación laboral basada en el Estatuto del Funcionario Público, es decir, una de las leyes anti obreras impuesta por el gonismo en los 90 y sostenida por el MAS en los 14 años de gobierno de Evo Morales y hoy en el gobierno de Arce.
Ya antes, Evo Morales había dado importantes pasos en esta política de ajuste como fue con el cierre de ENATEX, los intentos de impedir la organización sindical como en BOA, o la persecución política y judicial a quienes impulsaron el Partido de los Trabajadores el 2013. De la misma forma, vimos como en la cuestión agraria, que hoy vuelve a emerger como un problema estructural, la oligarquía agro industrial se ha visto fortalecida desde un conjunto de normas y leyes impulsadas por Evo Morales durante el 2013 y 2014 que alentaron la extensión de la frontera agrícola y otorgaron enormes facilidades económicas y financieras a este sector burgués ante la apertura del mercado chino para la agroindustria.
Esta política de conciliación con las clases dominantes se fue realizando a costa de los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios y recursos naturales como se evidenció, no sólo con la ofensiva del TIPNIS el 2011, sino lo vemos también en el caso del Chepete, Tariquía, Rositas y otros. Hoy la derecha de los comités cívicos orientales pretende montarse demagógicamente sobre el malestar de estos pueblos para avanzar en la ocupación de tierras y territorios contra comunidades interculturales que ven en la tierra y en la producción agraria una vía de ascenso social.
Este proceso de “emenerrización”, es el resultado orgánico y lógico de pretender un imposible: avanzar en una construcción estatal (Estado Integral) que dé paso a procesos de industrialización independiente, emulando el recorrido de las sociedades europeas. Este objetivo, ya fracasado con la experiencia del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) post 52, y que el MAS reedita bajo el mote de “revolución democrática y cultural”, es el que conduce a este partido a convertirse en uno de los principales guardianes de las reglas de juego del capitalismo semicolonial boliviano. Y que, al mismo tiempo, lejos de ser una herramienta anticolonial, termina reproduciendo y continúa perpetuando esa lógica, no únicamente bajo el dominio de la tradicional clase-etnia dominante blanco mestiza, sino también de la mano y con la participación de una burguesía, cada vez más fuerte, de origen popular.
Con esta dinámica llegamos a octubre del 2019, que por lo que venimos afirmando, hacía difícil prever una situación como la que vivimos, de ruptura abierta del orden constitucional-estatal, a manos nada menos que de las mismas fuerzas burguesas que se habían enriquecido, gracias a esa nueva institucionalidad durante el periodo del boom de precios de las materias primas, y reabriendo profundas fisuras sociales y políticas que parecían cerradas luego de los acuerdos del 2008.
El intento de modificar las relaciones de fuerzas entre las clases mediante un golpe de fuerza, encabezado por las instituciones armadas del Estado y sostenidas por el movimiento cívico y clerical, necesariamente debía expresarse como un esfuerzo para modificar las características del régimen político establecido el 2008 con la CPE, es decir, volvió a emerger con fuerza, de la mano de representantes del golpismo, la discusión sobre la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente, esta vez pensada como un instrumento que permitiera eliminar algunas veleidades democráticas que la clase dominante consideraba lesivas a sus intereses. No otra cosa significó el conjunto de medidas del gobierno de Áñez, desde la quema de la wiphala, el retorno de la biblia a palacio, la reversión de dotaciones de tierras a comunidades campesinas en el oriente, los inicios de privatizaciones de empresas estatales, el retorno abierto de las expresiones racistas y xenófobas, etc., pero, sobre todo, una subordinación abierta del país a los intereses y dictados del imperialismo.
Cambio de régimen: el imperialismo, Áñez y las tendencias al bonapartismo policial
Como ya hemos señalado líneas arriba, los últimos años del gobierno de Evo Morales se caracterizaron por tendencias cada vez mayores a consolidarse como un tipo de gobierno tendencialmente autoritario, y con disposición a recostarse cada vez más en el apoyo de las FF.AA y la policía que eran embellecidas al ser presentadas como antimperialistas. Es decir, expresaba una variedad de semi bonapartismo, con tímidos rasgos antimperialistas y con importante hegemonía interna sobre el conjunto de las clases sociales, incluyendo a franjas claves de la burguesía minera, agro industrial y financiera, y que necesitaba como mecanismo de construcción hegemónica, avanzar en la estatización de los sindicatos y con un papel clave de las burocracias sindicales y de los movimientos sociales como soportes del régimen.
Todo esto explica, dicho sea de paso, por qué el importante retraso por parte de las cámaras empresariales en sumarse al movimiento golpista, haciéndolo cuando el motín policial mostraba que la caída del gobierno era cuestión de horas.
El operativo golpista, al detonarse fundamentalmente por razones geopolíticas y como parte de los intentos del imperialismo de restablecer su hegemonía sobre la región, tenía necesariamente que alterar las relaciones políticas y sociales en el ámbito interno, lo que tomó por sorpresa a variados actores políticos, y no sólo al gobierno de Morales, que se fueron sumando al movimiento a medida que este tomaba fuerza.
La subordinación de las clases dominantes -y con ellas el país de conjunto- a los designios del imperialismo, fue una primera e inmediata consecuencia del cambio de gobierno, pero que implicaba para su triunfo el cambio del régimen político, el cual, por la naturaleza social de la operación golpista, sólo podía sostenerse en el respaldo casi exclusivo de las FF.AA. De esta manera, la subordinación obscena al imperialismo inaugurada el mismo 10 de noviembre del 2019, implicaba el desarrollo de un régimen altamente represivo, autoritario, y con un marcado distanciamiento y hostilidad hacia los sindicatos y peor aún a las organizaciones indígenas y campesinas. Se inauguraba así un régimen que era sostenido fundamentalmente por las instituciones armadas, es decir, lo que Trotsky había definido como una variedad de “bonapartismo policial”, para distinguirlo del llamado “bonapartismo sui generis”, es decir de una forma de bonapartismo que debe apoyarse en la movilización controlada de las masas en sus regateos con el imperialismo norteamericano.
Este bonapartismo policial que se inaugura con el nuevo gobierno, era necesario para restablecer el orden al reabrirse las tendencias a la lucha de clases, tendencia que sólo pudo ser parcialmente contenida por el MAS y sus parlamentarios a la cabeza de Eva Copa. Un bonapartismo policial acosado por tendencias crecientes a la movilización independiente y gruesas fisuras al interior del bloque golpista, lo que agravaba la debilidad de origen y que se prolongó hasta las elecciones del 18 de octubre del 2020, cambiando nuevamente el escenario nacional.
El gobierno de Arce y un nuevo régimen político aun indefinido
La derrota de los golpistas en las elecciones del 18 de octubre estuvo precedida por la gran rebelión de agosto del 2021, la cual amenazaba reabrir una movilización revolucionaria de masas y que alertó incluso al MAS del peligro que eso significaba si se desarrollaba una intensa lucha de clases en el país. La derrota ponía de relieve la debilidad del gobierno golpista pero también clausuraba las aspiraciones derechistas de avanzar en una contra reforma constitucional que consolidara una nueva relación de fuerzas en el país, que como quedó claro en agosto, sólo podía obtenerse a un costo muy alto y peligroso para la estabilidad del capitalismo boliviano.
Así, Arce Catacora, emerge como un gobierno relativamente fuerte con el 55%, pero con importantes señales de debilidad estructural que se manifestaron en la derrota del MAS en departamentos y ciudades del eje troncal/central en las elecciones subnacionales y en las diversas disputas que recorren al partido de gobierno.
Por un lado, Arce Catacora se ve imposibilitado por el momento de intentar reeditar la construcción de un régimen similar al que sostuvo a Evo Morales en sus últimos años. Morales era y sigue siendo el dirigente indiscutido de las federaciones del trópico de Cochabamba, con una llegada importante a bases campesinas de todo el país, como se evidenció en la multitudinaria movilización, en apoyo al Gobierno de Arce, durante el mes de noviembre.
Su semi bonapartismo se correspondía al lugar alcanzado por él en franjas del movimiento de masas como caudillo, es decir, atributos que Arce no posee, dificultándose su tarea de intentar construir un régimen semi bonapartista similar a Evo, viéndose obligado en gran medida a tener una política de brazos abiertos y de negociación permanente.
Pero, el gran problema es, ¿cómo tener una política de negociación con una derecha que acaba de dar un golpe de estado?, ¿cómo mantener el respaldo de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales cuando su gobierno es visto por importantes sectores de los movimientos sociales como de las camarillas “clase medieras”?, ¿cómo evitar que las presiones contrapuestas de, por un lado, justicia de las víctimas del golpismo y, por otra lado, impunidad como exigen las expresiones políticas de las clases dominantes, se salgan de los marcos institucionales y se transformen en expresiones callejeras? son sólo algunas de las preguntas que surgen de la nueva situación política.
Para tratar de comprender qué tipo de modificaciones o cambios adquirirá el régimen en los próximos meses o años, creemos necesario pensar en dos momentos relativamente distintos y hasta antagónicos. Por un lado, las perspectivas de la economía internacional, que ejerce una influencia decisiva en la economía nacional como se vio en los momentos de extrema crisis como en los 80 o de extrema bonanza como la última década de Evo Morales, son en general todas muy pesimistas. El actual crecimiento económico luego de una profunda caída el año pasado, no sólo que no alcanza a cubrir las pérdidas, sino que no tiene perspectivas de prolongarse en el tiempo, donde las posibilidades de nuevas caídas recesivas o depresivas están a la orden del día en la economía mundial. Estas perspectivas plantean dudas sobre la posibilidad del gobierno de Arce de poder contener las tensiones sociales acumuladas, como lo pudieron hacer luego del 2008 gracias al boom de precios.
Por otro lado, luego del golpe de Estado, las fuerzas burguesas, aunque divididas, han logrado conquistar importantes espacios institucionales y una presencia callejera como fue el paro cívico realizado por la derecha más dura -a la cabeza de los cívicos y sectores enriquecidos de gremiales y cooperativistas mineros- por la abrogación de la ley 1386, y que abre un escenario de bastante conflictividad entre dos campos burgueses en disputa, y en la que la abrogación de leyes no representa la esencia del conflicto, sino el control del Estado.
Que franjas importantes de las clases dominantes empiecen a expresar la necesidad de la discusión de avanzar al federalismo buscando garantizarse a sí mismas el control sobre las tierras y territorios orientales, cuestionando el conjunto del orden estatal y reabriendo discusiones de carácter estructural como es la cuestión agraria, la cuestión indígena y otras evidencian que los elementos de crisis orgánica parecieran prolongarse en el tiempo.
Sin embargo, si esto hace a la perspectiva más o menos a corto o mediano plazo, lo cierto es que, por el momento, la situación presenta síntomas de estabilidad y fortaleza, llegando a resolverse las disputas entre el oficialismo y la oposición de derecha en los marcos de la democracia liberal y del aparato judicial, coincidiendo tanto el MAS como el bloque golpista en no sacar los pies del plato, por ahora. Así vemos como el caso golpe de estado, y pese a varios detenidos preventivamente, todos mantienen esta discusión en los canales normales de los tribunales, cediendo la derecha en que algunos vayan presos y cediendo el MAS ante algunos representantes claves del golpismo como Camacho, Mesa, Albarracín, Carvajal y otros. Este es el escenario en el cual el MAS muestra una vez más su estrategia de conciliación con la derecha: fortaleciéndola, moralizándola y envalentonándola, y por lo mismo, conteniendo los atisbos de lucha de los y las trabajadoras, campesinos, indígenas y pueblo empobrecido para enfrentar a la derecha y a la crisis que se avecina.
Uno de los asuntos centrales que deberá afrontar el gobierno de Arce en los próximos meses y años es la cuestión agraria, que luego del golpe de Estado y los esfuerzos de la burguesía agroindustrial de consolidar sus tierras durante el gobierno de Áñez, están siendo cuestionadas desde las organizaciones interculturales y de colonizadores que vienen compitiendo con el empresariado en la disputa agraria nacional, generalmente a costa de los derechos e intereses de los pueblos indígenas del oriente.
En este marco, como señalamos al iniciar esta nota, no se trata de definir de manera fija la situación actual ya que en base a los elementos planteados quizás lo único que se puede afirmar categóricamente es que el escenario está abierto e indefinido. Las profundas contradicciones estructurales que atraviesan las relaciones entre las etnias y clases en el país están latentes, con una profunda polarización política y social, y donde la relación de fuerzas entre las clases tenderá a definirse en la medida que la situación económica y el contexto regional e internacional se desarrollen en un sentido de mayor lucha de clases y de agravamiento de las disputas geopolíticas que atraviesan el continente.
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