El comienzo del año 2022 arrancó pésimo para decenas de miles de familias. En medio de las altas temperaturas y los festejos por las celebraciones de año nuevo, volvieron los cortes de luz sobre todo a usuarios del Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En varios barrios del conurbano bonaerense y de la Ciudad porteña, miles de vecinos salieron a las calles a expresar su bronca y exigir soluciones. Las respuestas primero no aparecían y luego empezaron a llegar a cuentagotas, una vez ya pasadas las fiestas a oscuras y la pérdida de comida ya consumada.
Los cortes del suministro de energía en épocas en que aumenta la temperatura en el verano son “un clásico” en la Argentina de los servicios públicos y de energía privatizados. Con la llegada de Carlos Menem al gobierno en 1989 se llevó adelante una profundización del proceso de desregulación económica iniciado con la dictadura cívico-militar (1976-1983). Como parte de ese programa el ex gobernador riojano avanzó en la privatización de las empresas públicas de servicios, entre ellas las de energía eléctrica. Desde ese momento hasta hoy, los sucesivos gobiernos, de los distintos partidos o coaliciones mayoritarias, sostuvieron ese esquema consolidándolo a través de subsidios, en los gobiernos kircheneristas; o de tarifazos, durante el macrismo.
La privatización menemista fue un brutal recorte del gasto público que dejó la generación y distribución de energía en manos de empresas privadas, las cuales por esencia, no tienen otro fin que maximizar sus ganancias a través del aumento de precios y la reducción de costos. Hasta antes de la privatización la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires estaba en manos de SEGBA, una compañía estatal. En 1992 ésta es desguazada en tres distribuidoras: Edenor, Edesur, Edelap; y cinco generadoras: Central Puerto, Costanera, Dique, Dock Sud-Pedro de Mendoza. Pero el deterioro del servicio con el paso de los años no fue la única consecuencia, el proceso de privatización trajo un brutal ajuste sobre los trabajadores de ese sector: en 1989 SEGBA contaba con unos 22.809 empleados y hacia 1998, para una red eléctrica que se expandía, había tan solo unos 6.837 entre Edesur, Edenor y Edelap. Estas políticas abrirían también la puerta a la a un aumento de la tercerización, la precarización y flexibilización laboral.
Terminado el menemismo, ningún gobierno se propuso revertir ese modelo privatizador. Por el contrario, fue sostenido y consolidado con distintas políticas. Durante los gobierno kirchneristas se implementó un política de subsidios a las privatizadas. Para tomar dimensión, sólo entre 2007 y 2015 se pagaron 86.000 millones de dólares en subsidios energéticos, es decir, casi el doble de la deuda macrista que hoy el gobierno de Alberto Fernández negocia con el FMI. La transferencia de esos miles de millones de dólares hacia las cuentas bancarias de las grandes empresas energéticas era justificada con la idea de que “los subsidios son sueldos indirectos”, tal como sostuvo Cristina Kirchner en 2012 y también durante el gobierno de Cambiemos. ¿Pero esto es realmente así?
Por empezar, los subsidios implican una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios para aumentar las ganancias de los capitalistas. Es una parte importante de la riqueza social producida que esos empresarios se terminan apropiando, en detrimento de que esos recursos lleguen a los sectores más explotados. Estos subsidios ocuparon cada vez mayor peso en los gastos públicos, con recursos que se obtuvieron de la recaudación impositiva. Mientras tanto, las arcas públicas se sostuvieron (y se sostienen) con un sistema impositivo totalmente regresivo, como lo muestra el caso del IVA que pagan las mayorías trabajadoras y populares en su consumo básico.
Con el macrismo en el poder, la reducción del gasto público fue uno de los principales blancos del gobierno de los Ceos. De esa forma en lugar de los subsidios, habilitaron a las privatizadas a aplicar aumentos siderales en las facturas de los millones de usuarios. Las subas llegaron hasta el 3.000 %, lo cual llevó a que muchas familias necesitan endeudarse para pagar un servicio básico como la luz. Esos incrementos también golpearon sobre las fábricas recuperadas y cooperativas, que tuvieron que hacer frente a facturas de luz de millones de pesos.
Tanto con el “festival de subsidios” como con los tarifazos, los ganadores siempre fueron las empresas privatizadas de servicios; mientras que los perdedores continuaron siendo las familias trabajadoras. A pesar de que siendo oposición desde el Frente de Todos se denunciaron los tarifazos macristas, una vez en el gobierno, éstos no fueron retrotraídos, consolidando así ese saqueo de recursos de las mayorías trabajadoras y populares hacia los empresarios de la energía. No es casual que muchas de las empresas beneficiadas con subsidios o tarifazos (en éste y otras ramas), luego aparezcan entre las aportantes a las campañas electorales de las coaliciones políticas mayoritarias.
Vale recordar que en los últimos días se conoció que estas empresas recibirían al menos un primer aumento de sus tarifas a principios de año, del 20%. Eso se suman al 3000% (y más) que recibieron durante del gobierno de Macri. Sin embargo, ninguno de los gobiernos, nacionales y locales, les han hecho cumplir con las inversiones necesarias para evitar cortes.
Por todo ello, es necesario replantear el modelo del sistema energético que hay en el país, una herencia menemista sostenida por todos los gobiernos hasta la actualidad. Una empresa única de energía bajo la órbita estatal, gestionada por los trabajadores y con control de usuarios populares, es la única garantía para que el cuadro tarifario esté en sintonía con las necesidades del pueblo trabajador y al mismo tiempo con el sistema eléctrico y en armonía con el medio ambiente, aprovechando e impulsando las nuevas tecnologías.
Un recurso estratégico de la sociedad como es la electricidad y sobre todo un derecho inalienable, no puede estar al servicio del lucro de una minoría. |
