A pedido de las y los integrantes de diversas comunidades y organizaciones indígenas del país que realizaron un acampe frente al Congreso de la Nación durante 60 días exigiendo la Prórroga de la Ley 26.160 y por la entrega de los títulos de sus territorios. El proyecto lo presentaron los diputados Alejandro Vilca, Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS/FIT.
La presentación del proyecto fue realizado el miércoles 29/12 con la presencia de Myriam Bregman, diputada nacional que estuvo en representación del bloque del PTS-FITU, Laura Marrone de Izquierda Socialista, Juan Esteche del Colectivo BFS - Basta de Falsas Soluciones, e integrantes de comunidades y organizaciones indígenas como OPINOA, como Nestor Jeréz, del pueblo Ocloya de Jujuy.
Los mismos intercambiaron sobre las luchas que vienen llevando adelante los pueblos originarios en defensa de sus derechos en todo el país junto a organizaciones ambientalistas, trabajadores y sectores populares. También sobre el acampe que estuvo más de 60 días frente al Congreso y el avance de las políticas extractivistas o de negocios inmobiliarios avaladas por el Gobierno y el Estado sobre sus territorios.
El proyecto de Ley elaborado por organizaciones indígenas (Expte. Nº 4983-D-2021) plantea la "Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena", y los procedimientos para garantizar la entrega de los títulos comunitarios, una deuda histórica del Estado para con los pueblos originarios. "La Ley de Propiedad Comunitaria Indígena garantiza la posesión ancestral, tradicional y pública...donde se reconoce a los integrantes de la comunidad el derecho de ser poseedores ancestrales del territorio para convivir en armonía y espiritualmente, en equilibrio con la madre tierra de acuerdo a su cosmovisión...".
Myriam Bregman sostuvo que el compromiso desde la izquierda para con los pueblos originarios y sus luchas por la deuda histórica desde el Estado es incondicional. Afirmó que en el 2015 también fueron parte de un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena presentado en el Congreso y en el Senado de la Nación por legisladores de distintos sectores políticos, junto a organizaciones indígenas, que también realizaban un acampe, y referentes de Derechos Humanos como Nora Cortiñas.
El proyecto de Ley también planteaba la instrumentación y regulación de los derechos a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras y además incorporaba el procedimiento de consulta libre, previa e informada sobre territorio de los pueblos originarios. El mismo perdió estado parlamentario ya que nunca fue prioridad de los sectores políticos mayoritarios.
Por otro lado el diputado nacional Alejandro Vilca, que también acompañó en el acampe en Capital Federal el reclamo de las comunidades, afirmó que "así como lo hicimos en en la Legislatura de Jujuy junto a mi compañera Natalia Morales, acompañando cada pelea de las comunidades indígenas ante el avance de la frontera agropecuaria y el extractivismo como del litio, de empresarios inmobiliarios o del turismo, las bancas en el Congreso potenciarán cada reclamo que se impulse en todo el país".
En Argentina más de 40 pueblos naciones originarias y por lo menos 2 mil comunidades indígenas preexistentes vienen reclamando sobre la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26160 y por la Reparación Histórica y la Instrumentación de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
La situación actual es alarmante ante el avance de proyectos extractivistas y negocios en los territorios indígenas. Por la misma movilización de las organizaciones y denuncias el Gobierno Nacional prorrogó por DNU 805 la Ley 26.160 durante 4 años más. Algo que fue cuestionado por las mismas comunidades indígenas que sostenían el acampe que exigían que se trate en el Congreso el proyecto que ya contaba con media sanción en el Senado. Sin embargo, fue decisión política del oficialismo no hacerlo y exponer a sus mismos diputados que son lobistas de las multinacionales.
Hoy estuve acompañando el reclamos de las comunidades originarias por la prórroga de la Ley 26.160. No queremos que las comunidades queden expuestas a desalojos de los territorios que habitan en la actualidad desde tiempos ancestrales pic.twitter.com/DdrlCQDw0b
A pesar de los discursos del Gobierno sobre los pueblos originarios, la realidad muestra una política de Estado que favorece a los terratenientes, empresarios inmobiliarios, del agronegocio y multinacionales de la megaminería. De hecho quedan el 58 % (1013 de 1756 según informe de ENDEPA) de las comunidades indígenas sin relevar a pesar de la existencia de la Ley 26.160 (y su prórroga 27.100) hace 15 años, y que, durante el Gobierno de Alberto Fernández sólo se avanzó en un 10%. Eso significa que ni siquiera el Estado reconoce a las mismas la posesión ancestral de los territorios que habitan, y son escasos los casos de entrega de títulos comunitarios en algunas provincias como en Jujuy, producto de importantes luchas.
Desde el FIT-U y el PTS afirmamos que las bancas están a disposición de acompañar y fortalecer el reclamo de los pueblos originarios que nada tienen para festejar. Uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional y en las provincias, agravados por la pandemia, donde la única respuesta que tuvieron fueron los desalojos, la represión e incluso los asesinatos de civiles o de las fuerzas represivas del Estado como sucedió recientemente con Elias Garay en Chubut o con Rafael Nahuel.
