El día miércoles pasado, fuimos testigos en Antofagasta, de cómo una joven fue agredida y arrastrada del pelo en el sector del Estadio Regional por un hombre que además cargaba un menor en sus brazos.
El hecho, por medio de un video, se hizo viral en las redes sociales, llamando la atención que nadie hiciera algo o tomara una medida, dejando al descubierto una realidad que muchas viven en completo silencio y sin redes de apoyo.
Por su parte, la Fiscalía Local informó que inició una investigación de oficio para dar con el responsable.
Frente a lo anterior, Natalia Sánchez concejala de Antofagasta y miembro del Partido de Trabajadores Revolucionarios, señaló en sus redes que:
"Vimos dos casos brutales de violencia de género hacia mujeres en el estadio y en el Trocadero. Estos hechos fueron ampliamente repudiados y tuvieron respuesta demostrando que no se va a tolerar más este tipo de situaciones. Sin embargo, la violencia de género es estructural y transversal, no son hechos aislados, son eslabones de la cadena de violencia contra las mujeres, que ha aumentado durante la pandemia y que va desde la violencia en los espacios privados y domésticos hasta el femicidio, y ante lo cual el Estado debe responder. El sistema judicial no da respuesta a las necesidades urgentes de las mujeres, la diversidad sexual, la infancia, y el pueblo trabajador. Por eso deben existir comisiones independientes formadas por pobladores, profesionales y testigos que sean vinculantes a las decisiones y sentencias para estos hechos de violencia. Es urgente un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que contemple casas de acogida para mujeres y niñes, trabajos estables que terminen con la dependencia económica, sueldo de emergencia de acuerdo a la canasta familiar, financiado por impuestos a las grandes fortunas”.
Como bien señala Sánchez, quien también es médica del Hospital regional de Antofagasta, el femicidio es sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres, que se origina en las sociedades de clases y se legitima y reproduce permanentemente desde el Estado y sus instituciones, la jerarquía de la Iglesia y sus políticos aliados y los medios masivos de comunicación, que perpetúan los mandatos sociales de la subordinación de las mujeres y mantienen un régimen social que también se alimenta de esta opresión. Situación que bajo un contexto de pandemia se incrementa con creces, siendo urgente llevar adelante la propuesta de un Plan de Emergencia contra la violencia machista, que posea de mínimo los siguientes puntos:
Primero, que las mujeres que se encuentran en una situación de dependencia económica respecto a sus agresores, puedan recibir ingresos de emergencia a cargo del Estado, para dejar de depender, hasta que sea posible una inserción o reinserción laboral.
Segundo, que el Estado construya refugios transitorios para las mujeres y sus hijas e hijos que lo requieran por situaciones de violencia y desarrolle un plan de viviendas que incluya todo tipo de facilidades para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder a arriendos o incluso a la casa propia, siempre en condiciones dignas, accediendo a subsidios y créditos a tasa cero. Consideramos que en una situación de pandemia y confinamiento esta medida es especialmente importante. Una fuente de recursos para financiar refugios y viviendas puede ser el cobro de impuestos progresivos a las inmobiliarias.
Tercero, que las mujeres que están trabajando y están viviendo una situación de violencia machista, puedan optar a licencias laborales pagadas durante todo el tiempo que haga falta para resolver la situación y que las mujeres estudiantes que están en esta situación, cuenten con todas las facilidades garantizadas por sus casas de estudio para completar los procesos educativos.
Cuarto, que se reconozca como derecho de las mujeres acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, compuestos por personal designado por las universidades públicas.
Finalmente, el Estado no debe escatimar recursos para implementar este plan. Si faltan recursos deben implementarse impuestos progresivos a las grandes fortunas para financiarlo. | 
