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30 de enero de 2025 Twitter Faceboock

Tribuna Abierta
Contrainforme de los trabajadores que hacemos posible el programa PILARES
Trabajadores organizados de PILARES

En el mes de diciembre la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, rindió su tercer informe de actividades en el cual destacó la cantidad de personas atendidas con el programa PILARES, se le cuestionó bajo qué régimen laboral se encuentran los trabajadores de dicho programa, así como la cantidad de trabajadores adscritos a la plantilla de SECTEI, a lo que ella respondió que son considerados becarios quienes ahí colaboran porque son jóvenes con bachilleratos o licenciaturas truncas.

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Respuesta a los cuestionamientos hechos a la titular de SECTEI durante su comparecencia ante el congreso de la CDMX

El día lunes 13 de diciembre de 2021 la titular de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación (SECTEI) Rosaura Ruíz Gutiérrez dio su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, durante dicha comparecencia fue cuestionada sobre cuántos trabajadores están en la plantilla de los aproximadamente 280 Puntos de Innovación Libertad Arte Educación y Saberes (PILARES) que se encuentran en funcionamiento, y cuál es el régimen laboral de quienes ahí trabajamos.

Frente a la respuesta inverosímil, inadmisible y claramente absurda dada por la Doctora Rosaura, quienes llevamos el proyecto PILARES a la práctica queremos responder lo siguiente:

Los únicos que tienen un contrato laboral con la SECTEI son los subdirectores Operativos, así como las y los Líderes Coordinadores de Proyectos Operativos (LCPO) quienes según el Manual Administrativo de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación en el capítulo VIII “Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación” tienen la labor de:

  • Operar el uso de los espacios educativos para el desarrollo de las actividades y
    servicios que se ofrecen derivado de las necesidades detectadas.
  • Proponer e implementar lineamientos, criterios técnicos y esquemas de atención
    para operar los servicios educativos.
  • Validar el cumplimiento de las actividades y criterios de vigencia de las personas
    que integran el padrón de beneficiarios de los programas sociales.
  • Resguardar los recursos materiales asignados a los espacios educativos donde
    se brindan los servicios mediante la aplicación de cotejo de inventarios.
  • Reportar incidencias sobre las condiciones y necesidades de los espacios
    educativos en materia de servicios generales, recursos materiales y daño
    patrimonial para su atención.
  • Implementar los procesos para el registro en el sistema de información
    estadística de la atención a las personas usuarias de los servicios que se ofrecen.
  • Implementar los programas de protección civil en los espacios educativos.
  • Informar periódicamente las acciones que se generan con el fin de monitorear el
    desarrollo de las actividades.

Esas funciones en teoría son las que deberían cumplir dichos LCPO, claramente ellas y ellos no propician procesos educativos y/o académicos, por lo tanto, las acciones que se reflejan en el informe dado por la titular de SECTEI son producto del trabajo de:

1158 docentes
575 talleristas
288 monitores de ciberescuelas
154 monitores de autonomía económica
582 talleristas de autonomía económica

Todo el trabajo que se realiza en los PILARES y el cual se presumió ante el congreso el lunes 13 de diciembre es producto del trabajo físico e intelectual de personas a quienes se nos considera “becarios”.

La justificación que dio Rosaura Ruiz a la negación de derechos laborales es que tenemos bachilleratos o licenciaturas truncas, aunque la realidad es otra, somos personas que contamos mayormente con una formación universitaria, según el “Informe de Evaluación Interna del Programa Social Ciberescuelas En Pilares, 2019” realizado por la misma secretaría, el nivel de escolaridad de quienes formamos parte de este proyecto es el siguiente:

Tal información muy probablemente ha cambiado, ya que de 2019 a la fecha, las personas que formamos parte del proyecto hemos concluido diversos niveles de estudios y proyectos académicos.

Reconocemos que existen compañeras y compañeros de Autonomía económica (talleristas de oficios) que no tienen una formación universitaria, que se han formado en espacios no escolares, y que tienen los conocimientos y la experiencia suficiente que usuarias y usuarios que asisten a sus talleres pueden respaldar, y decimos con pleno conocimiento en derechos humanos NADA JUSTIFICA LA
PRECARIZACIÓN LABORAL.

Bajo los argumentos tan alarmantes que dio Rosaura Ruíz ante la negación de derechos, exigimos sean auditados los Coordinadores Regionales, los y las Líderes Coordinadores de Proyectos Operativos y toda persona que forme parte de las autoridades de PILARES, ya que tenemos claro que muchos (as) de ellos (as) no tienen la preparación o capacidad para coordinar cada uno de los espacios, ni la experiencia que se requiere. No comulgamos con la idea de que los grados académicos den la certeza de tener los suficientes conocimientos, pero tampoco consideramos justo que a nosotros (as) los (as) “becarios y becarias” se nos exija para ser seleccionados (as) experiencia profesional, un mínimo de 75% créditos de la licenciatura, entre otros criterios que claramente no funcionan de la misma forma para las y los funcionarios públicos de PILARES. Nos atrevemos a denunciar que a lo largo de estos tres años del proyecto han existido prácticas de corrupción que no pueden quedar impunes, claro ejemplo de ello es que no existió una convocatoria abierta para la elección de LCPO y nunca han sido públicos los criterios bajo los cuáles se seleccionaron dichas figuras, mismas que han cometido una serie de abusos como hostigamiento y acoso de las personas “becarias”.

Existen documentos en los cuáles nos podemos dar cuenta que los argumentos dados por la doctora Rosaura no aplican en la contratación de servidores públicos de SECTEI, y muestran la falta de voluntad política para regularizar laboralmente a todas las personas que forjamos día con día los procesos educativos, reflejados en las cifras que se presentan. Uno de tantos ejemplos de ello, es el caso del Subdirector de Educación para la Autonomía Económica Derek Jordan Moreno Casasola, quien de 2019 a la fecha a pesar de su nivel de estudios ha pasado de tener un sueldo de $35,313 a $52,430.

La titular de SECTEI habla de jóvenes beneficiarios, sin embargo, las cifras del informe de evaluación de 2019 muestran lo siguiente acerca de nosotros (as) y nuestros rangos de edad:

Entre otros temas en la comparecencia se informó que durante estos tres años se ha estado trabajando con enfoque de género, pero quienes formamos parte del proyecto PILARES sabemos que no es así, no existe un protocolo que prevenga y sancione casos de violencia de género en PILARES, en algunos casos los mismos LCPO han sido quienes han violentado y hecho caso omiso a situaciones alarmantes. Sabemos por experiencias propias que quienes coordinan el proyecto, en su mayoría no tienen los conocimientos necesarios para actuar y reconocer que existe la reproducción de Violencia de Género en el programa, así como otras violencias.

Cuestionamos muchas de las prácticas llevadas a cabo en PILARES ya que, consideramos necesario hacer mejoras en él, no estamos en contra del proyecto, al contrario, somos personas comprometidas con los procesos educativos generados en espacios que buscan mejorar las condiciones de desigualdad que vivimos en las comunidades dentro de la Ciudad de México. Ante la clara relación laboral que tenemos con el proyecto quienes somos considerados (as) becarios (as) exigimos que se nos reconozca como trabajadores. Es incoherente que un proyecto que se jacta de ser reconocido por el premio “Construir Igualdad” que otorga el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, esté operando con personas a quienes se nos niega el acceso a derechos básicos y además de esa negación seamos violentados de forma estructural y sistemática.

En una Ciudad de Derechos, nuestros Derechos también importan.

Comunidad organizada de trabajadores de Ciberescuela y Autonomía Económica.

Las y los compañeros que hasta diciembre del año pasado laboraron en este programa, reconocidos únicamente como "beneficiarios" por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a los de Secretaría de Cultura, hoy luchan justamente por defender su fuente de ingresos y la de su familia. Debido a que lo largo del año han sufrido acoso y hostigamiento por parte de sus autoridades. El pasado 06 de enero se dieron a conocer las reglas de operación de TAOC 2022, uno de estos programas, en las cuales no se respetan las ministraciones, ni los puestos de trabajo existentes en 2021, lo cual significa una profundización en la violación de los derechos de los trabajadores de la cultura y la educación.

Si este es tu caso y quieres compartir tu testimonio con nosotros, escríbenos o comunícate con nosotres a través de Whats app: 5574795559.

 
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