El 21 de julio de 2021, José Eduardo Ravelo, de 23 años, fue detenido por policías municipales de Mérida por lucir "sospechoso". Al interior de la patrulla fue violado y golpeado, lo cual se repetiría en la cárcel a la que fue trasladado.
El muchacho, originario de Veracruz, alcanzó a decir a su madre lo que había ocurrido antes de fallecer días después por las heridas provocadas por los policías. Poteriormente, la FGR exhumó el cuerpo del joven para su investigación. Asimismo, liberó de cargos a los policías violadores por "falta de pruebas".
Más enfurecedor todavía es el hecho de que la golpiza propinada al muchacho, quien se consideraba con una orientación sexual no heteronormada, le provocó una perforación pulmonar, misma que fue detectada en el hospital en el que fue atendido, donde también se reportó un desgarre anal.
Es debido a este último elemento que la FGR dictaminó oficialmente que la causa de muerte había sido "por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención", así como descartar la violación y tortura sexual como parte de los traumatismos que su cuerpo presentaba. Debido a ello es que alegaron la ya mencionada "falta de pruebas" que exoneró a los policías acusados.
Sin embargo, la CNDH revirtió ese fallo y determinó que efectivamente el muchacho José Eduardo Ravelo había sufrido violencia sexual, tortura, violación y que su muerte fue provocada por las heridas de la policía de Mérida.
Desde La Izquierda Diario exigimos juicio y castigo a los culpables, y denunciamos que la violencia que sufren los jóvenes y la comunidad LGBT a manos de las autoridades es el pan de cada día en un país donde mueren 10 mujeres diariamente.
Como ya en varias oportunidades a lo largo de este sexenio ha quedado claro (en las marchas de la diamantina, con la terminante consigna "no nos cuidan, nos violan", con la represión de la Guardia Nacional contra las protestas por el feminicidio de Alexis en Cancún, por nombrar unos cuantos), la policía (incluidos sus elementos femeninos) ejerce violencia impunemente contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
Como lo ha demostrado en otras ocasiones (especialmente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), la FGR juega el papel de encubrir a los funcionarios agresores y borrar las pruebas de su responsabilidad. Asimismo, el rol de la CNDH se reduce al de simplemente emitir "recomendaciones" que no son vinculantes y que pueden ser fácilmente ignoradas por las autoridades señaladas.
Frente a eso es que resulta indispensable que el juicio y castigo a los policías que asesinaron a José Eduardo se haga efectivo cuya garantía debe ser la movilización de miles en las calles, hasta lograrlo. Solamente así podemos garantizar nuestros derechos, ya que el Estado, y en especial el gobierno de la "cuarta" transformación de López Obrador, buscan que nos quedemos pasivos, en nuestras casas y aceptando el "orden" que diariamente nos hostiga y violenta.
No quieren que salgamos a las calles porque con eso se demostraría que quienes estamos en contra de este sistema capitalista y patriarcal somos más que quienes lo defienden.
¡Justicia para José Eduardo Ravelo! ¡No más crímenes de odio! ¡La policía no nos cuida, nos viola! | 
