La credibilidad de las palabras del excomisario Villarejo es un factor que siempre está en entredicho. En su guerra personal contra el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y el exdirector del centro de inteligencia, Félix Roldán (al que acusa de haberlo llevado ante los tribunales), Villarejo no duda en soltar afirmaciones o insinuaciones que en muchos casos no sustenta con pruebas, pero no por ello dejan de generar un fuerte efecto desestabilizador.
Es el caso de sus últimas declaraciones en torno a los atentados de Barcelona y Cambrils y la responsabilidad que tuvo el CNI en estos. Según el excomisario, estos atentados se enmarcaban en el objetivo de "dar un susto" a Catalunya, en el marco de lo que se conoce como "Operación Catalunya", pero que se les "fue de las manos (al CNI)".
Aprovechando la atención mediática con la que cuenta estos días, producto de sus comparecencias en la Audiencia Nacional, donde se le juzgan por tres piezas contra él relacionadas con espionaje y grabaciones ilegales a políticos, Villarejo aseguró que el CNI buscaba dar un "susto" en Catalunya, para que esta sintiera la "necesidad de protección por parte del Estado".
Según estas afirmaciones, el control que mantenía el CNI con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, algo que se ha nombrado en numerosas investigaciones posteriores a los atentados, se perdió una vez este murió en las explosiones del chalet de Alcanar. Tras este suceso repentino, el CNI perdió el control y se le "fue de las manos" la operación, según las declaraciones de Villarejo.
En una posterior comparecencia, esta vez frente a los medios de comunicación en las puertas del juzgado, ha querido matizar sus declaraciones previas, asegurando que el CNI "en ningún caso quería un atentado", dando a entender que la situación se precipitó por la cadena de sucesos y fue incontrolable.
Nuevamente ante el juez, Villarejo aseguró que cuando se le pregunté en la vista relacionada con la "Operación Catalunya", podrá dar detalles de estas afirmaciones, señalando que en estos momentos las pruebas están en posesión de los tribunales.
Lo cierto es que ni el propio CNI ni el Estado han abierto nunca una investigación para intentar esclarecer la responsabilidad de los servicios secretos en evitar que el atentado se produjera, teniendo en cuenta que estaba siendo investigado por un confidente suyo.
El excomisario es un especialista en utilizar todo tipo de acusaciones para su batalla personal, pero lo cierto es que la "Operación Catalunya" es un entramado del que todavía se conoce poco. Eso sí, parece, según testimonios en sede judicial y grabaciones, que el ex ministro Fernández Díaz inició una operación de "guerra sucia" contar el independentismo catalán, aunque sus implicados, obviamente, siempre han negado su existencia.
Esta guerra se basaba en escuchas y grabaciones a políticos catalanes y manipulaciones para desestabilizar y frenar el movimiento democrático catalán que por aquel entonces estaba en su momento más álgido.
Las palabras de Villarejo se tendrá que demostrar si son ciertas o no, pero vuelve a dejar en evidencia la existencia de unas cloacas en el Estado español que operan con total impunidad.
Aviso desde Catalunya
Como ha pasado en otras ocasiones en las que Villarejo a lanzado titulares (los affaires del Rey emérito, las escuchas a políticos, etc) el revuelo ha sido inmediato, además en este caso, al tratarse de atentado.
Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, ya ha avisado que " si no se hacen los deberes (por parte de Moncloa)" el 17-A acabará en los tribunales europeos.
En la misma línea se ha expresado el exconseller de Interior, Joaquim Forn, que en declaraciones a Catalunya Ràdio ha asegurado que "no ha habido transparencia" por parte del Estado en lo que se refiere a los atentados de Barcelona y Cambrils.
También ERC, a través de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufian, ha solicitado "explicaciones inmediatas", solicitando la comparecencia en el Congreso del exdirector del CNI, Félix Roldán, del presidente Pedro Sánchez y del ministro Grande-Marlaska.
Las cloacas del Estado, una realidad
Las cloacas del Estado volvieron a la luz pública tras estas declaraciones, pero ya desde el 2015 son una realidad conocida. Una realidad que lógicamente el Estado se niega a investigar.
Mantener bien tapadas y en buen estado las tuberías permiten que la corrupción y los favores entre Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Judicatura y Monarquía, sigan fluyendo de forma eficaz y pero no sin destapar olores.
Para ello desde el Régimen se mantiene la Ley de Secretos Oficiales, que mantiene a buen recaudo un puñado de documentos oficiales. Esta ley franquista (del 1968) se mantiene vigente con el mismo objetivo, es decir, mantener en secreto todas “aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación”.
El Gobierno de Sánchez quiere realizar una modificación de esta Ley, ahora bien, desclasificando los documentos previa revisión y dejar clasificados los documentos del 23F y los GAL. Otra medida maquillaje de Moncloa.
Sin derogar y acabar con esta ley franquista será imposible conocer la verdad sobre estos sucesos, pasados y actuales ya que cumple el objetivo de mantener a salvo los secretos más oscuros de Estado y sus cloacas. Unas cloacas (y sus mecanismos) que por otro lado son usados por todos los agentes del Régimen para su propio beneficio y que son los últimos interesados, por lo tanto, en desmontarlas. | 
