Un estudio internacional reciente indica que el acuerdo firmado entre el FMI y la Argentina en 2018 debería declararse nulo. Publicado por dos juristas, el texto se centra en analizar las condiciones en las que fue acordado el préstamo.
El texto -un análisis de 38 páginas en inglés, según reseña Página/12- lleva las firmas de Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh. La primera es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds y profesora de derechos económico y financiero internacional. Por su parte, Marsh es macroeconomista recibido en la Universidad de Cambridge y fue funcionario del FMI.
El texto -siempre según la misma fuente- señala desde el inicio que el acuerdo de 2018 “fracasó en todos sus objetivos centrales, violando los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un ultra vires act". Esto implica, de acuerdo al derecho jurídico internacional, que el acuerdo debería ser considerado nulo por rebasar “el límite de la ley".
Además, el informe agrega que “el programa acordado se caracterizó por supuestos y errores contables atroces, inconsistencias que significaban que los objetivos eran imposibles de alcanzar".
Entre las mismas señala que “el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un "agujero negro" contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”.
Además, agrega que “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”.
El informe también señala que “era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar”.
El informe concluye afirmando que "el programa debería considerarse nulo. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás mayor a 10 años) para que el país pueda recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos (pagados) hasta la fecha".
El informe confirma lo denunciado en muchísimas ocasiones: el acuerdo implicó un endeudamiento ilegal, además de ilegítimo. Se terminó configurando lo que -también en el derecho jurídico internacional- es definido como “deuda odiosa”. Es decir, un acuerdo firmado pese a conocerse que las condiciones de su pago eran casi imposibles de cumplir y donde los montos prestados no fueron utilizados para beneficiar a la población o al país. Al contrario, el endeudamiento con el FMI implicó e implicará un mayor ajuste hacia las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Todo indica que el Gobierno intentará utilizar este informe para intentar una mejor negociación con el organismo internacional. Pero esa negociación parte de reconocer y aceptar el pago de esa deuda ilegal y odiosa. Firmar un nuevo acuerdo, tal como pretende el Frente de Todos y avala la oposición de derecha de Juntos por el Cambio, significará mayores ajustes sobre la vida de las grandes mayorías populares. No existen los “acuerdos buenos” o “menos malos”.
El informe firmado por Ferreira Lima y Marsh vuelve a confirmar el carácter ilegal de la deuda. Otra razón para pelear activamente por el no pago soberano de esa deuda. Una medida que, acompañada de otra como la nacionalización de la banca y del comercio exterior, ponga un freno al sometimiento del país ante el gran capital internacional.
Pero este camino solo puede imponerse con la movilización y la lucha activa. Las organizaciones sindicales y sociales tienen que romper la tregua que sostienen hacia el Gobierno y ser parte del llamado a luchar por esta perspectiva. Esto es lo que viene planteando ya hace meses el Frente de Izquierda Unidad.
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