El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada está dispuesto a hacer bien los deberes que le manda el FMI, que entre otras varias reformas (más real sería llamarlas contrareformas) venía exigiendo modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, además de una reforma laboral.
La reforma elimina la jubilación anticipada por vejez para los hombres, quienes solo podrán jubilarse a los 65 años de edad. Las mujeres sí tendrán la posibilidad de pensionarse anticipadamente a los 63 años, y ya no a los 60, siempre que hayan cumplido con el requisito de 405 cuotas aportadas al régimen.
Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) anunciaron que la reforma entrará a regir el 11 de enero de 2024, por lo que actualmente se está en un periodo de transición. Esto quiere decir que durante los próximos 24 meses todas las personas afiliadas que lleguen a consolidar el derecho con las reglas actuales mantendrán dicho derecho bajo el esquema de retiro actual y todos los que se jubilen a partir del 11 de enero de 2024 iniciarán con las reglas que fueron publicadas esta semana.
El Gobierno de Alvarado Quesada plantea que la reforma “responde a la estrategia institucional de fortalecimiento del IVM, cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad y solvencia de este, garantizando un equilibrio entre ingresos y gastos para las próximas tres décadas.” El gerente de pensiones de la CCSS Jaime Barrantes señala que el cambio podría tener un impacto de una reducción que va entre un 5% y un 7% en el monto de la pensión.
Sindicatos del sector salud como UNDECA protestaron contra la reforma durante el 2021, así como organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, la gerencia de la CCSS o el gobierno no dieron marcha atrás al ataque a las pensiones; el único voto en contra fue de la representante sindical ante la junta directiva de la Caja, Martha Rodríguez González.
Rodríguez aseguró en mayo anterior que “es posible encontrar alternativas que no signifiquen disminuir las ya reducidas pensiones de los y las adultas mayores, alternativas que además deben considerar mejoras sustantivas, pues existen miles de trabajadores y trabajadoras que han quedado en un limbo por años, a quienes por una diferencia de 50 mil colones se les considera por fuera de los requisitos del régimen y resulta en un aumento de la cantidad de adultos mayores que han sido sometidos a condiciones de pobreza.”
Claramente, la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones es un elemento más del plan de ajuste del FMI que viene aplicando el gobierno del Partido de Acción Ciudadana (que se define a sí mismo como socialdemócrata) para cobrarle la crisis económica a la clase trabajadora y el pueblo pobre. Es necesario coordinar una lucha común contra el ajuste del FMI.
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