Durante todo 2021 y en lo que va del 2022 estamos viendo cómo se prende fuego el país: once provincias incendiadas (Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Corrientes). Se registraron más de 120 mil hectáreas quemadas, a raíz de lo cual se declaró la emergencia ígnea nacional. Se trata de una problemática directamente vinculada a las sequías que a su vez se ligan al cambio climático y las actividades extractivistas como el avance de la frontera agrícola, el monocultivo de pinos, y también al negocio inmobiliario. La devastación producida por los incendios además, se traduce en suelos yermos con peligro de derrumbes y deslizamientos.
El pasado 28 de diciembre por medio de la Resolución 484/21 se declaró por doce meses el estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional con el objetivo de “fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, rurales y de interfase (...) a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan”. En ese sentido, el decreto 6/2022 supone la “agilización y simplificación del trabajo conjunto y coordinado entre organismos nacionales, provinciales y locales competentes bajo las premisas de celeridad, economía, sencillez y eficacia”. El decreto se enmarca tanto en la Ley de Manejo del Fuego 26.815 sancionada en 2013 que prevé los presupuestos mínimos de protección ambiental en relación a la prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales por la cual se creó el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
Más allá de la foto del ministro de ambiente y desarrollo sustentable, Juan Cabandié, en distintos lugares mostrándose preocupado y trabajando para apagar la emergencia, la realidad es que poco y nada se ha hecho para evitar las catástrofes que implican destrucción y muerte de territorio, fauna nativa, viviendas y enormes cantidades de emisiones de carbono a la atmósfera que agravan la situación de calentamiento en la región.
La Ley de Manejo del Fuego ha sido desfinanciada en estos últimos años, a la vez que han avanzado las quemas en el territorio. En este marco, el decreto parece más una lavada de cara del gobierno frente a la inacción y desfinanciamiento criminal que un aporte concreto a la raíz del problema, asociado a la matriz extractivista que el propio gobierno impulsa.
Números
En el marco de la emergencia ígnea el gobierno transfirió 368 millones de pesos al SNMF.
Durante el período 1998-2017 la superficie total de bosque nativo afectada por incendios fue de 6.062.712 hectáreas.
El promedio anual del período de superficie quemada fue de 303.136 hectáreas.
En 2020, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se quemaron más de un millón de hectáreas.
En 2021 se quemaron aproximadamente más de 330 mil hectáreas a lo largo de todo el país, registrándose más de 2300 focos de incendio.
Comparaciones: según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), las 1.106.621 hectáreas quemadas a noviembre de 2020 equivalen a 55 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 veces el Parque Nacional Iguazú o la superficie total de Qatar.
Las partidas asignadas al SNMF han sido históricamente subejecutadas, es decir, no se ha utilizado la totalidad del monto destinado a prevenir y controlar el avance del fuego.
El gobierno anunció en abril del 2021 la creación de un fideicomiso destinado a incrementar los recursos.
En el año 2021 se fijó para el manejo del fuego “casi el mismo presupuesto que para 2019: 282 millones de pesos para acciones del SNMF, apenas 300.000 pesos más que en 2019. Teniendo en cuenta la inflación, se puede decir que el sistema fue desfinanciado: mientras que para 2017 la partida representaba el 0,01% del presupuesto nacional, para 2021 tan solo el 0,003%.
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