Eduardo Witt, fue condenado tras un procedimiento abreviado por apremios ilegítimos simples contra un hombre en las cercanías de un saqueo ocurrido durante el estallido social en Peñalolén. El hecho ocurrió el 20 de octubre del 2019, donde la víctima recibió un disparo de escopeta antidisturbios en la rodilla, por parte del oficial, quien en ese momento era prefecto en la Zona Metropolitana Oriente.
En diciembre de 2020, Witt había quedado con firma mensual y arraigo nacional luego de ser formalizado por el delito de lesiones graves. Se trataría del oficial de Carabineros de mayor rango en calidad de condenado, cuya formalización culminó en un procedimiento abreviado donde se informó que se conocerá su sentencia el próximo lunes 17 de enero.
Pero pese a la condena, la defensa de Witt se ha mostrado "satisfecha", esto porque el tribunal lo absolvió del delito más grave del que le acusó la víctima, "la fractura de algunos de sus dientes, aunque ha adelantado que están estudiando presentar el lunes un recurso de apelación por el cargo de trato cruel, según informa BioBioChile.
Durante la revuelta social, vimos cómo carabineros reprimieron desatadamente a todos quienes luchaban en la calle por sus derechos, dejando en evidencia que son una institución criminal al servicio de los grandes empresarios del país. Abriendo el cuestionamiento al rol que tienen como defensores del régimen, institución absolutamente cuestionada por corrupción y múltiples violaciones a los Derechos Humanos. Pese a esto algunos como Gabriel Boric, plantean “mejorar” la institución, pero lo único que hacen es promover la revalidación y lavarle la cara a la institución.
Esto muestra además, el rol de la justicia para ricos, donde se le otorgan facilidades a los represores bajo la sombra del gobierno de Piñera, responsable político de la muerte y mutilación de muchas personas durante la rebelión.
Hecho que se suma a tantos otros ejemplos donde vemos la impunidad de la que goza carabineros, que cometió brutales violaciones a los derechos humanos. Quienes mientras esperan su condena los mantienen sólo con firma mensual y no se les condena por todos los delitos cometidos, omitiendo situaciones de gravedad como en este caso. Entre tanto los jóvenes que lucharon en las calles durante la revuelta, han estado durante meses, incluso más de un año en prisión preventiva, muchos de ellos por montajes.
No podemos naturalizar la represión ni que estos crímenes queden en la impunidad, debemos exigir juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los DD.HH y además a través movilización en las calles junto a las familias de las y los presos políticos y organizaciones de derechos humanos conquistar su libertad sin restricciones. | 
