Los embarazos en la adolescencia constituyen un hecho que condiciona enormemente las trayectorias de vida de las adolescentes. Todo embarazo no intencionado es una vulneración de sus derechos.
La tasa de fecundidad que se usa en las estadísticas sobre embarazo adolescente en nuestro país, es la de los bebés nacidos vivos de madres de entre 10 y 19 años. Luego se desagregan los casos de madres que van de 10 a 14 años (fecundidad temprana) y de 15 a 19 años (tardía). Aunque lo de “Temprana” y “Tardía” , que suena polémico en situaciones de embarazos no intencionales, refieren a dividir la franja etaria, según los analistas.
El Sistema de Información Perinatal, desde la Secretaría de Acceso a la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en su ultimo informe del año 2019 refiere que cada año, alrededor de 80.000 adolescentes tienen un hijo en nuestro país y 7 de cada 10 adolescentes no han deseado ni planificado ese embarazo.
En adolescentes de 15 a 19 años son 6 de cada 10 las que no tuvieron la intención. Es decir que cada año son 258 niñes que nacen de adolescentes entre 15 y 19 años por día, es decir casi 10 por cada hora del día.
Pero si pensamos en la franja de edad de 10 a 14 años el número aumenta, 8 de cada 10 embarazos no fueron intencionales, sino que son la consecuencia de abusos y violaciones.
A su vez, el Sistema Informático Perinatal (SIP), que releva el 80% de las maternidades públicas del país, indica que el 29% de las adolescentes tuvo un hijo/a por segunda o tercera vez antes de los 20 años.
Es importante remarcar que ese dato no da cuenta de toda la realidad, ya que la estadística tiene en cuenta solo a los nacidos vivos y no hay un registro oficial de infancias y adolescencias en situación de aborto, Lo cual no es un dato menor.
De este informe se desprende que la tasa de fecundidad no es la misma en todo el país:
Los peores indicadores son de las provincias del Norte, como Formosa (21,7%), Chaco (20,4%), Misiones (19,9%), Santiago del Estero (18,8%), Corrientes (18,3%) y Salta (18,3%), que tienen los porcentajes más altos En Chaco, Formosa y Misiones, uno de cada cuatro nacimientos es de una adolescente.
Frente a esta situación el gobierno Nacional tuvo que poner en pie en el año 2017, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia ( Plan Enia), el cual solo se implementa en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Llama la atención que en Formosa que es una de las provincias con más alto índice de embarazo adolescente sólo funciona la línea de apoyo al programa provincial de salud sexual y reproductiva con distribución de insumos anticonceptivos y capacitaciones a servicios de salud.
Si observamos los datos del Informe trimestral de monitoreo General Plan ENIA , correspondientes al mes de julio-septiembre 2021 podemos observar una reducción considerable durante la pandemia.
Por poner un ejemplo, la variable que refiere a la cantidad de adolescentes que fueron asesorados, el periodo que corresponde al 4to trimestre 2019 manifiesta que fueron 19.693 adolescentes los que recibieron información y asesoramiento, mientras que el mismo periodo pero del año 2020 refiere que solo fueron asesorados 3.886 adolescentes, es decir solo un 19% en comparación al año anterior.
Lo cual debe generarnos un alerta importante, si además tenemos en cuenta que durante la pandemia el “grooming” creció 200%.
A esto se suma, que por ejemplo en la provincia del Chaco, el Ministerio de Educación de dicha provincia firmó la Resolución N° 967/2021, y el Poder Ejecutivo lo ratificó con el decreto n° 2633/2021. Estos instrumentos habilitan la instrumentación de una ESI “alternativa” a la dictada por la norma y se rige por lo que denominan “enfoques científicos y morales” en torno a “valores sociales fundamentales” desde una propuesta alternativa de enseñanza, aprendizaje y formación en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial”.
¿Quiénes van a definir esos “valores sociales” ? La ley nacional N° 26.150, que instituyó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) es clara en contenidos y objetivos, por lo que no se requiere otro instrumento que genere confusión.
Ellos son hijos e hijas de madres niñas, muchas de las cuales están apenas iniciando su adolescencia y tendrán que asumir el rol de madre para lo cual no están preparadas ni física ni psicológicamente. Es inevitable pensar qué pasará con el bebe que tuvo que parir obligada Lucia hace una semana. ¿Quién será el responsable de sus cuidados y sus condiciones de vida?
Hablemos de responsabilidades
El Estado es responsable y subsidia a una institución reaccionaria como la iglesia católica, quien impide que se implemente la educación sexual integral y se entromete en asuntos del Estado como es la educación pública. Por eso existe una falta de acceso a la información y educación sexual en las escuelas, lo que imposibilita a las adolescentes decidir sobre su capacidad reproductiva. Además de no garantizar los métodos anticonceptivos eficaces para todas.
Tenemos un jefe de gabinete como Manzur que declaró a Tucumán como provincia "pro-vida” y , que mucho conoce de embarazo adolescente y mortalidad infantil, dado que es conocido por obligar a una niña a parir en esa provincia. La problemática del embarazo adolescente no es algo nuevo, y esos datos no tienen que ver con “cuestiones culturales” o “proyectos de vida”. Como vemos, tiene que ver con intereses de algunos sectores de la sociedad, como la iglesia y los distintos gobiernos de turno.
Hoy el Estado está realizando pagos millonarios al FMI, cuando parte de ese dinero debería destinarse a garantizar los derechos de todas esas niñas y adolescentes a las que hoy obligan a parir.
Foto: Documental Niña mamá de Andrea Testa | 
