El tribunal acogió de forma unánime, el recurso de protección presentado por la comunidad quechua, denunciando irregularidades . Según esto, se ordenó a la empresa Quiborax, perteneciente a la familia Fosk, abandonar las dependencias arqueológicas de Ascotán. Este fallo deviene de que según los antecedentes, la empresa había declarado en el año 2004 que sólo iba a tratar el mineral, pero no extraer, iniciando entonces la explotación sin contar con una resolución con calificación ambiental, además de operar en un lugar de tradiciones ancestrales
La empresa Quiborax tiene antecedentes de conflictos medioambientales por la explotación de borax en la mina Choquelimpie en sitios de nidificación de flamencos, contaminación por el movimiento de polvo por las explotaciones y el movimiento de los camiones, contaminación del Río Lauca con metales pesados, trasgresión de límites establecidos para sus faenas, además de denuncias por precarización laboral. Junto con esto, hay problemas pulmonares producto del movimiento de polvo causado por las explotaciones y el movimiento de camiones, además de la contaminación del Río Lauca con metales pesados. También hay denuncias de impactos no evaluados de minería en el Momumento Natural Salar de Surire, mientras la empresa opera gracias a una autorización firmada por Augusto Pinochet, es decir buscan cualquier subterfugio para no asumir responsabilidad alguna en el daño del medio ambiente.
Esto quedó demostrado hace algunos años cuando la Pesquera Landes, tambien propiedad de la familia Fosk, que tiene el derecho de capturar el 3.91% del jurel y el 10.25% de la sardina común, acudió al Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de la ley de la jibia que prohibía la pesca de arrastre en la captura del recurso. Y para cerrar el circulo, decir que Allan Fosk, gerente de Quiborax, estuvo implicado en casos de financiamiento ilegal en política, como en el caso del ex senador Jaime Orpis. |
