La pareja de servidores públicos más influyente en las redes sociales adoptó de manera “exprés” a un bebé. Sólo familiares con un cuarto grado de consanguinidad pueden visitar a los niños en las casas de adopción. Evidentemente, en este caso esa condición no se cumplía, y lejos de garantizar la integridad del menor, la pareja aprovechó su influencia para vivir “una experiencia más”, además de publicar y difundir este acto a través de sus cuentas, siguiendo con su campaña política permanente aprovechando la imagen del bebé.
La facilidad con que lo hicieron demuestra el gran abandono de los centros de adopción, dejándolos en condiciones sumamente precarias, especialmente para lxs niñxs. Los responsables son el gobernador y su pareja, además de los servidores públicos responsables del DIF y su complicidad con el gobierno de Samuel García.
pasado 16 de enero Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Monterrey, publicó en sus redes sociales en su cuenta de Instagram una foto donde se ven dos manos, una que pertenece a Mariana y la otra a un bebé de no más de un año. En la propia publicación ella agregó un comentario diciendo “Gracias Samuel por seguirme mis locuras… por tu paciencia y tu amor 🤍 y sobre todo gracias Dios por darme la oportunidad de vivir y hacer vivir a otros”.
Una falsa inocencia con deseos de formar una familia, que termina siendo vil propaganda para aumentar la popularidad de la pareja. Un patrón que se repite, ahora, con ayuda de los medios digitales (a los que tanto se les invirtió en la campaña de Samuel). Estas ideas pueden difundirse, a costa del derecho de privacidad y bienestar del bebé, además de la adopción “exprés”.
Varias entidades reconocidas a nivel nacional e internacional como la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y Save The Children calificaron estas acciones como una forma de violar los derechos de los niños, además de hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que investiguen el caso.
Save The Children informó que el menor fue víctima de agravios a su derecho a la vida privada y su derecho a la identidad, ambos derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Este caso evidencia la facilidad que tiene la casta política para jugar con las infancias de estos centros, que al encontrarse prácticamente en el abandono presupuestario, vulneran a los menores y abren la puerta a situaciones más graves, como la trata de infantes.
Mientras el actual gobierno aumenta un 70% en una Guardia Nacional que agudiza la violencia dirigida a la mujer, a la juventud y a la clase trabajadora, todos los organismos que velan por la infancia: guarderías, escuelas, centros de cultura, hospitales de pediatría están en decadencia, un abandono expresado en la precariedad laboral, falta de insumos y en instalaciones olvidadas por el gobierno.
Es momento de que, independiente a la casta política, que sólo ha demostrado utilizar estas instituciones como un medio para favorecer su reputación, exijamos una política integral que permita el pleno desarrollo de infancias, contemplando el derecho a una vida libre de violencia, y garantice el derecho a la educación, la salud, la cultura y al esparcimiento. | 
