Este martes, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, echó mano de la atribución constitucional que le adjudica a su cargo el derecho a vetar leyes o decretos enviados por el Congreso —en este caso el Congreso local—. Las leyes a las que se opuso fueron la de Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos y la de Austeridad. La iniciativa de esta última ley fue presentada por la diputada del Morena, Úrsula Patricia Salazar, sobrina del Presidente López Obrador.
Con este veto, el gobernador mantiene su salario de más de 160 mil pesos mensuales, así como escoltas, viajes privados y otros privilegios. Mientras tanto, la infraestructura hospitalaria (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud) reportan sobrecupo, daños tras años de saqueo y obras inconclusas como en Tampico, Madero y Altamira.
La ley de austeridad prohíbe, entre otras cosas, uso de escoltas salvo para algunos funcionarios, la contratación de seguros de vida y gastos médicos con cargo al erario, viajes en primera clase, tope a gastos de alimentación y la compra de vehículos de lujo. Asimismo ordena ajustar sueldos según el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso estatal y por las disposiciones constitucionales. Mientras la ley indica que el sueldo del gobernador de Tamaulipas es de menos de 36 mil pesos al mes, también contempla una serie de "compensaciones" por las que el mandatario percibe más de 130 mil pesos extras mensuales.
Esta no es la primera vez que el gobernador panista ejerce este derecho (garantizado por la Constitución para el jefe del Ejecutivo y gobernadores) en aras de preservar privilegios de unos cuantos y saquear al erario. A principios de año, Cabeza de Vaca emitió un veto en contra del Presupuesto de Egresos 2022 de la entidad que contenía modificaciones en la asignación de recursos a distintas dependencias —impulsadas también por Morena—.
En diciembre de 2021, vetó la reforma aprobada por el Congreso de Tamaulipas que elimina el pago del canje de placas, argumentando "efectos negativos en materia de seguridad y presupuestal". En realidad, según reportaron medios locales en su momento, lo que estaba en juego era un contrato por más de 160 millones de pesos por contratación y fabricación de placas que desde junio de 2021 ya se había aprobado y puesto en marcha. Un teatro disfrazado de legislación para encubrir que los negocios y las ganancias ya estaban repartidas.
Cabeza de Vaca ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada (al menos desde su periodo como alcalde de Reynosa —2005-2007— arrastra nexos con el Cártel del Golfo, según periodistas como Raymundo Riva Palacio), operación con recursos de procedencia ilícita y fraude. Según detalló el mismo AMLO, la investigación sobre García Cabeza de Vaca responde a la solicitud de información por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.
Por su parte, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) registra que, en cuatro años de gobierno, el panista se ha beneficiado del uso de empresas fantasma y prestanombres, además de duplicar recursos para la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres.
En febrero de 2021 la FGR solicitó el desafuero de Cabeza de Vaca para procesarlo, mientras que la UIF presentó denuncias contra familiares del gobernador involucrados en el caso. Sin embargo, ninguna de estas medidas prosperó pues, en el caso del desafuero, debía ser aprobado por la Legislatura local, actualmente en manos del PAN. En la defensa de Cabeza de Vaca se sumó el PRD, que por medio de su coordinadora parlamentaria en la Cámara de Diputados señaló un "uso político" del caso.
A partir de ahora, el Congreso del Estado tiene 10 días para dictaminar los vetos en comisiones. Posteriormente, el procedimiento marca que deberán regresar estos vetos al pleno para su votación. Para revocar el veto se requieren 24 votos a favor, es decir, tres cuartas partes de la legislatura. |
