Este 22 de enero se cumple un nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, en esta ocasión, debido a la cuarta ola de la pandemia, no se llevarán adelante actos de festejo en los que se suelen esperar, además del discurso presidencial, las palabras de representantes de las organizaciones sociales. Si bien el Gobierno tomó esta decisión por el incremento de los contagios lo cierto es que otro factor que puede haber influido tiene que ver con las luchas y disputas intestinas que se vienen desarrollando al interior del partido de Gobierno.
Todo esto motivó a que durante los últimos días se haya posicionado, en el centro del debate político, los pedidos de cambios en el gabinete ministerial. Cambios que se esperaba que fueran anunciados este 22 de enero. Sin embargo, el 18 de enero, el presidente Arce, viajó al Chapare en Cochabamba (uno de los bastiones del MAS) y según informaron medios de prensa, luego de una reunión que habría sido "muy dura", Arce indicó que no realizará ningún cambio a su gabinete, intentando de esta manera poner un límite a las múltiples exigencias y presiones que su gobierno viene recibiendo. Pero hay que decir que dicho anuncio no descarta, o no significa, que más temprano que tarde estos “cambios de ministros” finalmente sucedan.
Recordemos que fue el propio Evo Morales quien hizo críticas a algunos miembros del actual gabinete de ministros señalando que “son técnicos y no políticos”, en alusión principalmente al ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, al aumentar las presiones de las distintas fracciones sobre Arce, particularmente desde el bloque Choquehuanca, Morales tuvo que salir a respaldar a Arce afirmando que la composición del gabinete es decisión exclusiva del presidente y que cuando él estuvo en el poder, su vice (Álvaro García Linera), nunca lo había chantajeado: un mensaje directo al actual vicepresidente, Choquehuanca.
Como es conocido, Choquehuanca expresa el ala más dialoguista y renovadora del MAS, con peso al interior de bases indígenas y sectores populares que le dan una relevancia decisiva a la etnicidad y a los intentos de Choquehuanca de desarrollar una ideología de la colaboración, apoyándose en su propia interpretación de lo que considera son los valores y principios de la cosmovisión de los pueblos originarios. Sin embargo, pese a importantes puntos de apoyo en sectores populares, su participación en el gabinete de Arce y su peso en el Estado se ha visto drásticamente reducido el último año. Entre las razones están que ante los intentos de establecer canales de diálogo con la derecha oriental, la radicalidad de Calvo, Camacho y otros, solo recibió desplantes que debilitaron su política dialoguista, y, por otro lado, apenas empezada su gestión gubernamental, los ministros afines a su bloque fueron rápidamente removidos debido a resonantes casos de corrupción que han dejado al “bloque renovador” en una precaria situación en la lucha interna.
Por su parte, el bloque encabezado por Evo Morales, intentó imponerse al prohibir las fracciones y los bloques en el MAS con el argumento de fortalecer la unidad del partido. El intento bonapartista de Evo, lejos de proyectar la tan mentada unidad, fue un disparador y un agravante de la lucha interna. Tal es así que empezaron a proliferar los reclamos y críticas no solo a miembros del actual gabinete sino también a la propia figura de Evo Morales. Ejemplificador de esto último fue el congreso del MAS en la ciudad de Montero del Departamento de Santa Cruz, donde la directiva electa le pidió a Evo que “deje de dirigir por teléfono, que baje a las bases y que deje gobernar al presidente Arce”.
Al mismo tiempo, el sector gremial, los cívicos de El Alto, los campesinos de las 20 provincias del Departamento de La Paz, maestros rurales, el Pacto de Unidad, así como la propia bancada del MAS en el Parlamento, empezaron cada uno a dar los nombres de los ministros y ministras observados para que fueran destituidos.
Los nombres más observados son el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y, el ministro de Salud, Jeyson Auza. El primero llegó a ser acusado de “traidor e infiltrado” y el segundo es duramente criticado debido a los decretos que obligan a tener el carnet de vacunación contra el COVID o en su defecto la prueba PCR.
También son observados la ministra de la Presidencia, Marianela Prada; la ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza; y el ministro de Justicia, Iván Lima. Justamente estos ministros, además del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, son los miembros de más confianza y más allegados a Arce.
La Confederación de Fabriles, así como miembros de la bancada parlamentaria del MAS, también se han referido al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Minería, Ramiro Villavicencio; de Trabajo, Patricia Navía y de Hidrocarburos, Franklin Molina.
Sin dudas detrás de estas críticas y exigencias están los intereses y disputas por cargos. Cada sector quiere poner a su representante en alguna de estas importantes carteras de Estado. Pero también otro de los factores que explican estas críticas tiene que ver con que para muchos estos ministros están totalmente divorciados de lo que las organizaciones sociales y sectores populares esperan. El diputado del MAS, Daniel Rojas, en una declaración para el Diario Página Siete, señaló: “Le hemos hecho conocer (al presidente, NdR) la pésima coordinación que tienen los ministros con las organizaciones sociales y la pésima coordinación también que tienen con los legisladores, los propios diputados y senadores electos. La voz ha sido unánime cuando se observó la descoordinación de los ministros con los legisladores y se le ha sugerido al Presidente que evalúe”.
Lo cierto es que lo que expresan estas tensiones dentro del MAS, más allá de lo que finalmente anuncie Arce en su discurso presidencial, es que cada vez le resulta más difícil a este partido mostrar una imagen de unidad.
¿Infiltrados o conciliación de clases?
Hace un par de días, el Pacto de Unidad, encabezado por la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), emitió un severo comunicado calificando al ministro de Gobierno, y militante de Columna Sur (uno de los grupos juveniles del MAS), Eduardo Del Castillo, como un “pitita infiltrado” [1] y “traidor”. Al mismo tiempo, convocaron al presidente, Luis Arce Catacora, y al vicepresidente, David Choquehuanca, a una reunión este miércoles 15 de enero en la sede de la CSUTCB, para evaluar el gabinete ministerial. En esta reunión, que duró aproximadamente 6 horas, solo participaron los mandatarios por pedido expreso del Pacto de Unidad. Concluido el encuentro, parece que no se puede descartar que este 22 Arce anuncie algún cambio en su gabinete. Sin embargo, más allá de eso, Odaliz Huayllas, representante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, informó que acordaron una nueva reunión para el 11 de febrero, en la que continuará la evaluación al desempeño de las y los ministros de Arce.
Para entender esta situación recordemos que, hace un par de semanas, el ahora ex viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, fue destituido vía whatsapp por Del Castillo. Esta destitución según declaración del ministro de Gobierno se debía a que Cox tenía como miembro de su equipo de trabajo a un abogado de la hermana del ex ministro del Gobierno golpista, hoy prófugo, Arturo Murillo. Esto motivó a que algunas agrupaciones y sectores del MAS, vinculados al evismo y otros a sectores de autoconvocados como en K´ara K´ara, salieran en defensa de Cox ya que durante el golpe de Estado, en su cargo de Defensor del Pueblo en Cochabamba, estuvo presente en la defensa de detenidos y heridos.
Frente a esto, Cox contradijo a Del Castillo y denunció que abogados que trabajaron para Murillo en la persecución judicial contra las y los detenidos y heridos en las localidades de Huayllani, Kara Kara y otros, durante el golpe, hoy no solo continuarían como funcionarios sino que además serían apoderados del “guevarista” ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Esta escandalosa convivencia entre golpistas y sectores provenientes de la clase media, profesional blanco-mestiza, del MAS es lo que motivó a que la CSUTCB con su comité directivo en pleno califique a Del Castillo como “pitita, infiltrado y traidor” y que exija su destitución inmediata.
Lo cierto es que lo que califican como “infiltrados” en los hechos no es otra cosa que la expresión de la política de conciliación sistemática del MAS pero además de una convivencia social y una comunidad de intereses entre amistades y círculos familiares muy propios de estos sectores de clase media y media alta, blanco-mestiza. En realidad no debe sorprender y no sorprende, solo que ahora se expresa de manera cada vez más abierta.
Si bien la crisis interna del MAS es de larga data, la autoridad de Evo Morales facilitaba que estas diferencias se resolvieran rápidamente con la expulsión de los “libre pensantes” como se los calificaba. Sin embargo, a partir del golpe de Estado, la crisis interna se expresó de manera desafiante entre “renovadores” y “evistas” dando lugar a una multiplicidad de tendencias internas cada vez más duras en sus enfrentamientos públicos. En este escenario, el bloque de Arce, constituido esencialmente por sectores de esta clase media, blanco mestiza, y tecnócratas, actúa como un amortiguador en el choque fraccional entre evistas, choquehuanquistas y las exigencias propias de cada organización social del MAS.
La profunda crisis y enfrentamientos entre las diversas corrientes, sin embargo, lejos de expresar proyectos políticos alternativos o discusiones sobre cómo profundizar el “proceso de cambio”, es una disputa por espacios de poder dentro de la administración estatal y carrerismo personal de diversas figuras públicas del partido. Pero también expresan las diversas visiones que hay dentro del MAS de cómo negociar con la derecha golpista.
Aunque en los discursos estas fracciones hablan de “terminar con la derecha” y con la polarización política, en los hechos se establecen tantos mutuos y múltiples “infiltrados” que se confunden. Así tenemos que mientras el ala Choquehuanca se inclina por una abierta colaboración, el ala evista pretende hacerlo sobre la base del respeto a la institucionalidad vigente pero disputando espacios políticamente. Ejemplo de lo que decimos, son las declaraciones del ex ministro de Gobierno de Evo Morales, hombre fuerte del ala “radical” del MAS, Juan Ramón de la Quintana, que planteó que para resolver el tema agrario en el Oriente del país se tendría que llamar a un referéndum nacional y así rediscutir los límites de tierras. Estas declaraciones pusieron los pelos de punta a los cívicos y agroindustriales quiénes sin duda, ante cualquier cambio en el gabinete de Arce que acentúe los tintes “evistas”, lo tomarán como una amenaza a la propiedad de la tierra en el oriente. De todas formas lo cierto es que, como ya lo ha demostrado Evo en sus 14 años de Gobierno, lejos está de afectar los intereses de los agroindustriales. Sin embargo estos tonos discursivos están al servicio de contener a los sectores más radicalizados de los movimientos sociales que sí están dispuestos a avanzar sobre la gran propiedad agroindustrial.
Lo que está claro es que la crisis política que atraviesa el MAS es de tal magnitud que pareciera ser que la destitución de algunos ministros del actual gabinete es inminente. Es decir, más allá y a pesar de Arce, una voz desde la bancada de su partido señaló que en caso de que el presidente no cambie a los ministros observados éstos serán interpelados en el Parlamento y destituidos. |
