Recién el pasado miércoles en horas de la tarde el presidente Pedro Castillo realizó un vuelo de reconocimiento por la zona del derrame petrolífero ocurrido el sábado 15 de enero del presente, y el jueves 20 de enero, junto a la premier Mirtha Vázquez y a congresistas afines al gobierno, se apersonaron a la zona siniestrada para decirles a los pobladores y a los pescadores afectados que “ya el gobierno estaba en conversaciones con la empresa Repsol” y que les ofrecían, como “medida de compensación”, canastas de víveres y trabajo en la zona del derrame. Frente a este ofrecimiento, que le restaba importancia al impacto real del desastre, los asistentes abuchearon y cuestionaron duramente al presidente de la Republica y a su comitiva.
Como se sabe a raíz de las últimas investigaciones, el buque tanque que transportaba petróleo para la empresa Repsol, siniestrado en el mar de Ventanilla, siguió operando a pesar de los fuetes oleajes suscitados como consecuencia de la explosión de un volcán submarino cercano al mar de Tonga. Cabe mencionar que la Marina de guerra del país también tiene responsabilidad en el derrame petrolífero ya que no declaró la emergencia que los hechos ameritaban, como sí lo hicieron otras instituciones afines en los países limítrofes donde se presentó el mismo problema debido al incremento del oleaje.
Además de ello, se ha hecho de conocimiento público que la empresa Repsol, responsable directa de este desastre ambiental, no tiene un plan de contingencia y de remediación de daños ambientales y de siniestros como los ocurridos en Ventanilla que, como lo vemos ahora, terminan afectando el medio ambiente, así como la vida y las actividades económicas de los pobladores de las zonas aledañas. A pesar de no contar con estos recursos básicos ante cualquier emergencia, esta empresa transnacional siguió operando sin que las instituciones del estado ni los funcionarios públicos afines a este gobierno observen su accionar o la sancionen.
La transnacional Repsol sostiene sus actividades productivas en la vigente ley de Hidrocarburos aprobada durante el gobierno neoliberal de Alejandro Toledo, la misma que les otorga una serie de beneficios, desde tributarios hasta de comercialización, a las grandes transnacionales vinculadas al negocio de los recursos energéticos que, como lo demuestran los hechos, solo han saqueado las riquezas naturales del país, han contaminado terriblemente el medio ambiente y han contribuido a incrementar la explotación de los trabajadores.
Esta ley entreguista y al servicio de los capitalistas extranjeros, se mantiene vigente y goza de muy buena salud en lo que va de la gestión de Pedro Castillo quien, como se recuerda, durante su campaña presidencial hablo de cambiar las reglas de juego y acabar con los abusos de las transnacionales. Nada de eso ha ocurrido a la fecha ya que Castillo, desde el primer día de su mandato, ha priorizado una estrategia de unidad con los empresarios nacionales y extranjeros y, por tanto, ha mantenido incólume el régimen jurídico neoliberal y la normatividad legal pro imperialista que favorece a los grandes empresarios.
Es precisamente a raíz de estos elementos que tienen que ver con la orientación política del ejecutivo, que el gobierno de Castillo no ha tenido la celeridad para actuar ni la voluntad política para sancionar y obligar a Repsol y a la Marina de guerra para que cumplan cuanto antes con la remediación del siniestro. Esto ha llevado a que los daños provocados por el derrame de petróleo todos los días se expandan más y más, dañando así otras regiones costeras con la consiguiente afectación del medio ambiente y las actividades económicas de la población que vive en las zonas aledañas.
Es por ello que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), anuncio que el impacto del derrame petrolífero alcanza actualmente casi 3 millones de metros cuadrados de playa y mar. En ese sentido, se reportaron daños que van desde Ventanilla hasta las playas Pasamayo, Chacra y Mar y Peralvillo, ubicadas en Huaral, a una distancia de 40 kilómetros del origen del derrame. Según los especialistas, de no mediar una intervención adecuada por parte de la empresa Repsol o de las instituciones especializadas del estado, el daño se seguirá extendiendo hacia el norte del país.
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