Hace unos días las y los trabajadores del SAMU Arica (Servicio de Atención Médica de Urgencia) denunciaron nuevamente prácticas autoritarias por parte de la Directora del Servicio de Salud de Arica (SSA) Magdalena Gardilcic, quien es reconocida por este tipo de prácticas que utiliza en contra de aquellos trabajadores que realizan denuncias y buscan no seguir acallando la realidad de la situación que viven día a día.
Desde principios del 2020, al comienzo de la pandemia, las y los trabajadores del SAMU Arica, se manifestaron a las afueras del Hospital Regional Juan Noé Crevani por falta de condiciones para atender precisamente toda la demanda que se desprendía del colapso del sistema de salud público, que los mantuvo constantemente expuestos a contagiarse, por falta de insumos e infraestructura, otorgándo de esta forma un servicio de menor calidad, y también por causa del agobio y las altas y extenuantes jornadas de trabajo.
Esta situación no es nueva, sino que es parte de años de autoritarismo que ha mantenido a trabajadores bajo el alero del miedo de perder su trabajo o ser sancionados por pedir mejores condiciones laborales, como mascarillas, guantes y otros insumos, sobre todo dentro de esta situación de pandemia, que aún no termina.
También hay responsabilidad por parte de las asociaciones y federaciones gremiales, que a través de ciertos dirigentes, solo han buscado contener y aplacar esta situación a costa del agobio y persecución de las y los trabajadores.
Las y los trabajadores de la salud han sido expuestos a importantes ataques, como por ejemplo la alta carga laboral que ha implicado la atención de urgencia en salud en tiempos de pandemia. Además este último tiempo a través de diversos sumarios se percibió una disminución incluso en la remuneración de algunos trabajadores, que implica directamente una baja en su calidad de vida.
La situación actual revela que miles de trabajadores de la salud a lo largo del país, se encuentran enfrentando la nueva ola de contagios, luego de que el gobierno a través del Minsal, realizara miles de despidos a trabajadores y profesionales de la salud, avalado por las autoridades locales y los municipios de cada ciudad, dejando caer sobre los pocos e insuficientes trabajadores el deficiente funcionamiento del ya desmantelado sistema de salud pública.
La elección del gobierno de Boric, al mismo tiempo deposita muchas expectativas de cambios, siendo parte de la contención iniciada durante la rebelión, con el Pacto por la Paz, dándole continuidad también con este nuevo gobierno que se avecina.
Esto se refleja en un programa que no profundiza en grandes cambios, expresándose en la nueva designación para el ministerio de Salud, donde María Begoña Yarza, médica que actualmente cumplía funciones como gerenta de calidad y gestión de la Clínica Santa María, cuestionada rápidamente a través de una carta por trabajadores del Hospital Exequiel González Cortes por persecución y apoyo a medidas privatizadoras a través del modelo de concesiones.
¿Podremos esperar grandes cambios a través de cartas ministeriales que reflejan todo el negocio realizado durante estos 30 años con nuestros derechos?
La clave pasará por la organización de las y los trabajadores de la salud, impulsando instancias de organización y discusión, como asambleas de base y comités de higiene en los lugares de atención en salud, más allá de los estamentos de cada uno de los trabajadores, lo central será organizar, articular y pelear por mejores condiciones, el paso a planta de las y los trabajadores, mayor contratación de personal y disminución de turnos, mayor infraestructura e insumos.
Para que de esta manera, por ejemplo las y los trabajadores del SAMU en Arica, cuenten con las condiciones necesarias para atender a las y los usuarios, como la cantidad de ambulancias necesaria con la calidad e implementación requerida para la región y sus condiciones, también conquistando mejores condiciones de trabajo, frenar los sumarios y todo ataque por parte de las autoridades.
Todo esto financiado por un sistema de salud público, único, gratuito y de calidad, con acceso garantizado y financiado 100% por el Estado y al mismo tiempo, administrado por trabajadores, usuarios y comunidades, para que nadie elija por sobre las y los trabajadores, frenando así las medidas autoritarias. | 
